Se necesitan US$13.500 millones para insumos y labores y los productores no los tienen: una solución posible

La sequía de 2022 y 2023 mostró, con crudeza, el aporte del campo a la economía del país. No hay cifras definitivas, pero se calcula en 15.000 millones de dólares, por lo menos, el monto de divisas que no van a ingresar por el fracaso de las cosechas. Igual que cuando se pierde a un ser querido, antes del evento no se valoraba tanto al campo.

Luego de la sequía que dinamitó el capital de trabajo de la mayor parte de los agricultores, en el año en curso hay riesgo de que la Argentina vuelva a sufrir falta de dólares por una reducción importante del área sembrada. La causa es simple: no está el dinero para encarar la implantación del ciclo 2023/24 porque los productores perdieron gran parte de su capital de trabajo.

En números, los agricultores necesitan US$13.500 millones para invertir en la próxima campaña de siembra. Con ello, pueden producir 12M/t de trigo exportables, 30M/t de maíz y el equivalente a 45M/t de soja, más el consumo doméstico.

A valores internacionales de estos granos producirían aproximadamente US$29.910 millones. Resumiendo, los agricultores necesitan endeudarse, pero por cada dólar de deuda producirán, como mínimo, dos y medio para exportar, más todo el grano que queda y se consume localmente.

Es decir, la producción de granos por parte de los agricultores 2023/24 pinta como muy buen negocio económico para el país, pero enfrenta una barrera financiera muy difícil de sortear. Ante esta situación, en Estados Unidos o en la Unión Europea el Estado flexibilizaría los mecanismos y ayudaría a los productores más de lo que los apoya normalmente.

Decisiones excepcionales

Hasta ahora, en nuestro país no se avizora nada concreto en ese sentido, más allá de tibios anuncios y la nueva siembra será apoyada por los privados: por las empresas proveedoras de insumos, que necesitan cobrar lo adeudado del ciclo previo, y por los bancos, que darán refinanciaciones solo a quienes hayan demostrado buen comportamiento en años anteriores. A eso podrá sumarse la intervención de capitalistas externos al sector y otras figuras asociativas. Sin embargo, estos pasos no serán suficientes para volver a un área normal de siembra. La gravedad de la situación amerita decisiones excepcionales.

No está el dinero para encarar la implantación del ciclo 2023/24 porque los productores perdieron gran parte de su capital de trabajo

Del capital total necesario para implantar los cultivos, aproximadamente la mitad, unos 7000 millones, corresponden a importaciones imprescindibles para pagar fertilizantes, agroquímicos formulados o los principios activos que permiten producirlos localmente. El resto se usa para pagar labores, maquinaria, combustibles, etc.

Hoy los productores no tienen los fondos para pagar los productos a los importadores. Y las terminales no podrán traerlos si no los van a vender. Hace falta alguna medida que facilite esas operaciones. Por ejemplo, el capital necesario para las importaciones podría conseguirse mediante un convenio entre privados. Los dólares necesarios para pagar en el exterior los podrían aportar las empresas exportadoras/importadoras sin ingresar los dólares al país.

Simultáneamente, los productores deberían realizar ventas forward para cancelar la devolución del crédito a cosecha más los intereses que cubrirá el préstamo en divisas. El exportador cobrará cuando exporte los granos, sin necesidad de ingresar los fondos al país. Por supuesto, previo pago de los impuestos y retenciones de ley. En definitiva, es un arreglo entre privados de comercio lícito. Para expresarlo de manera más sencilla: un canje de químicos por granos.

Es un sistema que beneficiaría a todas las partes. El productor obtiene financiación a tasa internacional y en valor producto. El país logra sortear un año de bajos ingresos de divisas y sus consecuencias en el nivel de actividad. El Estado no tiene que usar sus escasas reservas para abastecer la plaza de dólares para importar los insumos.

Otra posibilidad más inmediata sería eliminar la resolución 7600, que impide acceder a préstamos a tasa subsidiada a los productores que conserven más de 5% de la soja almacenada, cuando nos encontramos en su cosecha. O crear algunas líneas de créditos especiales para atender las situaciones más urgentes en los bancos oficiales.

Son ejemplos de medidas de apoyo por parte del Estado ante una situación excepcional, que busca mantener el flujo de divisas que produce la agricultura argentina luego del fracaso más grande de la historia. Pero puede pensarse en otras; lo importante sería tener una predisposición positiva ante una situación que será desesperante para muchos.

Los dólares que necesitan los agricultores para la implantación de los cultivos vuelven rápidamente multiplicados con la cosecha; pensar que no se podrá financiar la campaña es irracional, pero puede ocurrir si no se hace nada. Y para que los insumos importados imprescindibles lleguen a tiempo la solución tiene que aparecer ya, porque con un Banco Central diezmado la provisión se vuelve dudosa. Los tiempos biológicos apuran y en muy pocos meses más se define el resultado de la próxima campaña 2023/24.

El país no resistiría otro ejercicio fracasado. Con un Estado quebrado y con miles de necesidades dramáticas por resolver, no cabe más el “vamos viendo”.

El autor es productor agrícola-ganadero de Santa Fe

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