Lo solicitó la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) debido al menor trabajo que tienen estos actores del campo que compraron equipos como cosechadoras
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Al menos un 30% de los contratistas de cosecha que están en una cámara sectorial no saldrán a recolectar los cultivos de soja y maíz debido al impacto de la sequía, que redujo los niveles de producción y, además, significará menores rendimientos. Además, hay empresarios del sector con problemas para pagar cuotas de créditos por máquinas como cosechadoras, con lo cual acaban de enviarle una carta al ministro de Economía, Sergio Massa, solicitando que se ordene la postergación de un compromiso que vence estos meses y se pase para el final del préstamo.
Así lo señaló Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), entidad que agrupa a unos 4000 operadores del servicio de siembra y recolección de cultivos. De trigo ya se cosechó en diciembre último un 50% menos que en el ciclo pasado y ahora, según la última previsión de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con 25 millones de toneladas de soja se recolectarán 18,3 millones de toneladas por debajo de la campaña anterior. Además, en maíz se levantarán de los campos 36 millones de toneladas para grano comercial, una merma de 16 millones de toneladas. Sumando todos los productos (trigo, cebada, sorgo, girasol, soja y maíz) este año tendrá una producción total de 84 millones de toneladas, inferior a los 130 millones de toneladas de 2021/2022, un recorte del 35%. Es menos trabajo para los contratistas, que recolectan el 70% de la producción.
A nivel país hay unos 10.000 contratistas, que en muchos casos además son productores que alquilan campos para producir, y solo en Facma se encuentran los casi 4000 mencionados. “Quien no tiene un compromiso no va a mover la máquina este año; hay zonas muy afectadas, lotes que no se levantan”, señaló Scoppa. El dirigente luego agregó. “La quita de trabajo para nuestro sector va a ser muy importante y no sé qué va a pasar a la hora de pagar [los compromisos]”.
El directivo de la cámara sectorial indicó que, por sondeos realizados, “un 30% no va a salir”, es decir a realizar su trabajo. “Hay gente que quiere vender implementos, una cosechadora, vender y pagar para solucionar problemas”, afirmó.
Un crédito para una cosechadora, por ejemplo, es a un promedio de 4 años con 8 cuotas divididas en una cada seis meses. Las máquinas de recolección de cultivos que compran en la actividad pueden llegar a valer de US$600.000 a 700.000 dólares. En la compra de un equipo nuevo se entrega el anterior. Según Scoppa, las cuotas que han vencido “se han pagado porque se tenía previsto”.
Sin embargo, contó que ahora se está gestionando desde la cámara para que se comprenda la situación actual y la cuota que se paga desde abril a julio se pase para el final del crédito.
“Ahora estamos gestionado la tercera nota que le mandamos a Sergio Massa [ya hubo otros dos planteos sin respuestas] para que tome una decisión, por orden del Banco Central, para que pasen las cuotas de todos los créditos que van a caer en abril, mayo, junio y julio”, indicó Scoppa. En los últimos días salió desde la cámara rumbo al Ministerio de Economía la tercera nota que nombró el dirigente.
“Si tenés a tres años [el crédito] y vence en 2025, [se puede] agregar otra cuota, que alarguen el crédito con los intereses pactados”, señaló. “Mandamos la nota a Massa y pedimos la entrevista”, contó en diálogo con Led FM.
Según pudo saber LA NACION, el pedido al ministro de Economía es que se coordine con el sistema financiero, esto es bancos privados, públicos, entidades financieras de las fábricas de maquinaria agrícola, el mecanismo de postergación de la cuota que vence ahora para que se pase como última del plan de pagos. Pretenden algo distinto a la figura de refinanciación para evitar una suba de tasas.
Consultado sobre cuántos contratistas no van a poder afrontar esta cuota, Scoppa fue terminante: “Por lo menos un 50% de los contratistas están complicados, ni hablar de los que alquilan campos de terceros”.
Al valor de una máquina de 600.000 a 700.000 dólares que se adquirió entregando el equipo anterior, la cuota ronda los 40.000 a 50.000 dólares, un monto difícil de conseguir por los contratistas debido a la fuerte merma de trabajo.
“Esperemos el Estado esté presente, que gestione algo para refinanciar. Va a ser imposible afrontar las semillas, los fertilizantes”, indicó. Para Scoppa, “de no salir créditos” accesibles para la actividad “se va a parar mucho la compra de maquinaria”. Para el dirigente, lo que está pasando con la sequía es algo “nunca visto” ya que es no es una sola zona afectada, sino muchas.
Impacto
“No es una sola zona, [donde] pierdo en un lugar y me voy a otro y hago la diferencia. Hay desesperación”, acotó. “Queremos trabajar de la mejor manera. Fundir trabajando no podemos”, agregó.
Estos actores del campo mueven una amplia demanda de combustible, repuestos, servicios y personal en cada temporada de cosecha que hacen desde el norte del país hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. “Hay mucha incertidumbre, se han perdido miles de hectáreas que no se han sembrado. Va a ser un año lamentable y los pagos de las cuotas, el gasto fijo, no sabemos [cómo afrontar]”, precisó.
Las provincias agrícolas están sintiendo las pérdidas con millones de dólares que no ingresarán. Según un reporte del consultor y asesor Guillermo Farbman para la Sociedad Rural de Rosario, en Santa Fe las pérdidas entre maíz y soja, además del trigo ya recolectado, superarán los US$4257,6 millones. “La pérdida del volumen cosechado de estos tres cultivos impacta fuerte y primariamente en el ingreso de los productores, también en los 400.000 viajes menos de transportistas de cereales y oleaginosas y en todo el alrededor de la actividad agropecuaria”, indicó.
La semana pasada, en una visita a Rosario de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se conoció un informe de la entidad respecto de que en agricultura, ganadería y lechería la economía de Santa Fe perderá 4290 millones de dólares, lo que representa un 10% del Producto Bruto Geográfico. Allí Pino, que se reunió con directores de diversas zonas y luego organizó un encuentro con el gobernador Omar Perotti, entre otras autoridades, dijo que el gobierno nacional no cumplió con medidas anunciadas.
“Vemos con gran preocupación que el acceso tanto a las homologaciones de las declaraciones de emergencia, a las medidas financieras como a las fiscales, se encuentra limitado, no disponible o con difícil acceso para los productores”, indicó.
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