Los millonarios robos que tienen en vilo al campo cordobés

CÓRDOBA.- Los productores agropecuarios del departamento General Roca, en el sur provincial, en el límite con La Pampa, están en alerta por el aumento del robo de agroquímicos en campos de la zona, entre otros hechos delictivos. Están convencidos de que actúa una “banda organizada” en complicidad con “dateros” y que lo robado es vendido en el mercado negro. Los testimonios coinciden en que la extensión de la zona “supera” la capacidad de las patrullas rurales, la conectividad es “mala” y las investigaciones judiciales son “lentas”.

En el último año hubo robos -con denuncias judiciales realizadas- en los establecimientos Las Horquetas, La Maciega, La Alegre, La Candelaria, La Alciria y El Jaque, El Clavo de Oro, El Carmelo y La Isabela. En la mayoría de los casos los delincuentes se llevaron agroquímicos, pero también semillas, animales y hasta ingresaron a las casas de los campos. En dos casos, la modalidad fue de “golpe comando”: los asaltantes entraron con armas y redujeron a empleados de las estancias. Los productores califican a la zona como “el triángulo de las Bermudas”, con epicentro en Vicuña Mackenna (a 310 kilómetros de Córdoba Capital) y hacia La Pampa y San Luis.

Luis Sánchez se constituyó como querellante particular ante el fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, en representación de Unity SA, empresa que sufrió cuatro robos en sus dos estancias en los últimos dos años.

“Son unas 15.000 hectáreas entre los campos La Candelaria (Mattaldi) y Mancha Verde (Sarmiento), en la primera hasta entraron a mano armada y redujeron a los empleados. Eso fue hace dos años. En las distintas oportunidades se llevaron agroquímicos y, en la última vez, ocho animales ya que hacen toros”, contó Sánchez a LA NACION.

El ministro de Agricultura, Sergio Busso, dijo a este diario que están siguiendo el tema y que trabajan, desde hace varios años, con una Mesa de Seguridad integrada por la Mesa de Enlace, su cartera y la de Seguridad. “Estamos por entregar más patrulleros que ya están comprados y estamos avanzando con una experiencia en Río Cuarto de alarmas que no requieren de Internet y que están funcionando bien. Vamos a expandir el sistema. Tratamos de generar cobertura para frenar el delito”, indicó.

Aclaró que para las compras de equipos se usan los recursos del Fondo Agropecuario creado por la provincia. Ayer en General Roca se entregaron dos móviles, comprados con dinero provincial, y para todo el sur, fueron una docena.

A comienzos de julio robaron 190 toneladas de soja en Colonia 17 de Mayo, a 15 kilómetros de la estancia La Gama, cerca de Coronel Moldes. “Fueron rompiendo alambres para entrar; pusieron en funcionamiento el extractor para succionar la soja y llenaron cinco camiones -describió a LA NACION María Cecilia Aguirre, integrante de Federación Agraria de Coronel Moldes y presidenta de la UCR de ese circuito. Se les rompió el extractor y se fueron con esa carga. Los camiones ‘se perdieron’ en un desvío en la ruta. Se encontró una camioneta abandonada con un silo; había sido robada en la ciudad de Córdoba”. En ese mismo campo dejaron un tractor robado en otro.

Por la misma época se registró un robo de 5000 bolsas de maíz en un campo de San Basilio, de 7000 hectáreas que estaba por empezar a sembrar. Como hay cámaras al frente, los delincuentes ingresaron por detrás del galpón y se llevaron el cargamento.

El Concejo Deliberante de Coronel Moldes aprobó un proyecto -impulsado por el bloque Córdoba Cambia- pidiendo la instalación de cámaras en cinco cruces de rutas en la zona. El mismo planteo llevó la Federación Agraria de la zona al Ministerio de Agricultura provincial. Además, los productores están pidiendo que las patrullas rurales usen como destacamento una escuela rural abandonada de manera tal que puedan tener una estación de radio frecuencia para acceder a las comunicaciones.

Un caso de envergadura resuelto -pero, por el momento, sin conexión con otros- es el del robo de 300 toneladas de soja ($9 millones) en el establecimiento rural San Antonio de Benito Sánchez, en Buchardo.

“Creemos que hay una suerte de zona liberada y por eso pueden actuar de esta manera -dijo un productor-. En la Justicia es como si no le dieran la importancia que tienen estos actos: cualquier robo de agroquímicos arranca en US$100.000”.

Preocupación

A mediados de julio, seis delincuentes ingresaron a Las Horquetas entre la una y las tres de la madrugada. Robaron agroquímicos por unos $4 millones. La denuncia la tiene el fiscal de Huinca Renancó; no hay avances en la causa.

Ese mismo mes también robaron productos agroquímicos de la empresa Tosquita Cereales. Estaban en un depósito del establecimiento rural Rukamay en Huinca Renancó; los delincuentes actuaron con violencia contra los trabajadores. El daño cuantificado fue de unos $40 millones.

En noviembre último, en el Paraje Paunero, un grupo ingresó y golpeó al empleado de un campo. Durante unas cinco horas cargaron semillas de maíz en un camión. En ese momento se trató de mercadería por unos $6 millones. “Nos llevaron todo; la Policía de Córdoba actuó bien, hubo allanamientos pero no se encontró nada -relató Guillermo Cinotti, el dueño del campo-. La Justicia no pudo, hasta ahora, resolver el caso”.

Para Luis Orquin, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract (San Luis), y dueño de un campo que está la mitad sobre Córdoba y la mitad sobre San Luis, los robos se han convertido en “comunes, sobre todo del lado puntano, donde no hay seguridad rural”. Ha sido víctima de robos tres veces. La peor situación la vivió en 2019 cuando “ingresaron con camioneta, cortaron alambres, eligieron los agroquímicos más caros”.

Insistió en que se trata de “bandas organizadas que conocen del tema y después venden. Aportamos los datos a la policía de quiénes podrían comprar, pero no podemos hacer denuncias porque no tenemos pruebas. Son otros los que deben investigar. Donde más actúan es donde hay más actividad y donde hay menos población rural. Que no haya señal complica más todo”.

“Hay un chat donde cruzamos la información entre los productores, buscamos que la Justicia se mueva más, que actúe más rápidamente. Nos estamos organizando con cámaras, con alarmas, colaboramos con la Policía, hacemos todo lo posible pero la inseguridad sigue”, apuntó Andrés Murchison, parte de la empresa Unity SA.

En diciembre último, además, ingresaron a La Isabella, diez kilómetros al norte de Del Campillo. “Se llevaron agroquímicos por el valor de $1,5 millones; violentaron cerraduras y alambrados. Robaron en la casa de la estancia platería criolla y rompieron cajas de seguridad buscando dinero. Nunca tuvimos respuesta pese a haber aportado todos los datos que teníamos y eso es lo que nos preocupa. Somos muchos los vecinos asaltados”, indicó Éric Antelme, administrador de la estancia.

Los testimonios recogidos por LA NACION coinciden en que los agroquímicos robados se venden a otros productores, por ejemplo. “Son productos dolarizados y en negro se consiguen más barato, siempre hay interesados”, deslizó una fuente.

Como parte de la Sociedad Rural de Vicuña Mackenna, Sebastián Laborde, ratificó que se necesitan mejores comunicaciones y más patrullas. “Acá son 7500 kilómetros cuadrados de zona rural; hay dos patrulleros para un territorio atravesado por dos rutas internacionales, y las nacionales. Las bandas son sofisticadas, el tema excede el delito rural tradicional. Sería conveniente pensar en una fiscalía especializada en delitos rurales”, dijo.

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