Retenciones: una campaña para que el fruto se lo lleve el Estado

Según el proyecto de ley de responsabilidad social y reactivación productiva tratado en el Congreso, los derechos de exportación, mal llamados retenciones, aumentarían en el caso de la soja a un 33% y en un 15% como máximo para los cereales.

Lo que llama la atención es que la agroindustria sea el único sector que tenga esta actualización y, además, un aumento.

La suba de más de 8 puntos adicionales en derechos de exportación (desde 6,7% en maíz y 24,7% en soja) son 14 dólares por tonelada para maíz y 29 dólares por tonelada en soja. Por el momento del año en que estamos, con gran parte de la soja y el maíz ya sembrados, es imposible trasladar este aumento al resto de la cadena.

Si uno toma un margen bruto sobre campo arrendado del oeste de la provincia de Buenos Aires y tiene la suerte que el clima acompañe, la renta con este nuevo nivel de retenciones pasa a ser de 2% en caso del maíz y de 4,7% en el caso de la soja.

Prácticamente, siempre que los rendimientos de los cultivos acompañen, es una campaña que se trabaja, se invierte y se arriesga para que el fruto se lo lleve el Estado. Si se prefiere leer en quintales, el rendimiento de indiferencia en maíz pasa a ser de 88,2 qq y el de soja de 36,5qq.

Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA), el 80 % de las explotaciones agropecuarias tiene menos de 500 hectáreas y la mayoría son empresas familiares manejadas por sus propios dueños.

Los datos que aquí damos son modelos de empresa para una distancia de 300 km al puerto. Cuando uno hace estos mismos cálculos para zonas marginales, con menores rendimientos potenciales y con distancias más alejadas de los puertos, las rentabilidades pasan directamente a ser negativas.

Para los productores de granos de la Argentina esa ley (tratada en el Congreso) se tendría que llamar de irresponsabilidad social y retroceso productivo.

El autor integra Globaltecnos

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