Las impactantes cifras de las pérdidas por los incendios forestales

Las pérdidas por los incendios forestales que afectan a buena parte del país ya ascienden a $3500 millones por cada 1000 hectáreas de bosques implantados, según un relevamiento de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), que integran 28 cámaras empresarias de todo el país.

“Este desastre ambiental es en parte consecuencia de políticas públicas erradas, que hace tiempo vienen desfinanciando la ley de bosques”, apuntó Daniel Loutaif, coordinador del departamento de Bosques Nativos de Faima.

En tanto, por incendios solo en 2020 se quemaron 1.100.000 hectáreas de bosques. Se trata de $3850 billones de pesos, tres veces más que la recaudación de la AFIP de diciembre 2021 y equivalente a los recursos que el Gobierno coparticipó a las 24 jurisdicciones el año pasado.

Vale recordar que la Argentina cuenta con 1,3 millones de bosques implantados y 55 millones de hectáreas de bosques nativos. “En los últimos años, el Estado Nacional viene desfinanciando las leyes destinadas a proteger los bosques. Tal es así que los fondos destinados en el Presupuesto 2022, que no se llegó a sancionar, para la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, representa solo un 3% de lo que corresponde: apenas $22 por hectárea de bosque”, señaló la entidad.

Para Loutaif, debe haber una política de Estado que trascienda los distintos gobiernos. “No podemos continuar desfinanciando las leyes que regulan tanto los bosques nativos como los bosques implantados”, explicó.

La organización informó que, de acuerdo al Global Forest Watch, solo en el último mes (24/12/2021 al 24/01/2022) se registraron 7849 alertas de incendios en la Argentina. El 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

“Indudablemente que en los incendios forestales además existe un componente climático que contribuye a su propagación, pero es insoslayable mencionar lo errado de las distintas políticas públicas en el manejo del fuego”, agregó Loutaif.

En este contexto, la entidad dijo que las políticas reactivas propuestas por el Gobierno son escasas e ineficientes. “Debemos sentarnos juntos, sector público y privado, a trabajar incansablemente en la prevención, donde seamos capaces de provocar un cambio cultural en la población para que todos cuidemos los bosques”, remarcó.

En detalle, el organismo indicó que para poder mensurar las pérdidas que estos siniestros ocasionan, es necesario distinguir un incendio forestal de bosque implantado de uno de bosque nativo.

“El bosque implantado tiene la particularidad de contar con una mayor cantidad de madera por hectárea (aproximadamente 350m3) en época de corte final, es decir, a los 15 años de plantado. Si cada m3 rinde en aserradero aproximadamente 200 pies cuadrados a un valor de $50 cada uno significa que, a valor de madera en rollo, una hectárea de bosque implantado representa $700.000 de valor. Si se queman 1000 hectáreas, se pierden $700 millones”, expresaron desde la organización.

En este sentido, “a valor de madera aserrada, una hectárea de bosque implantado representa $3.500.000″. Al respecto, si se queman 1000 hectáreas son $3500 millones.

En el caso de los bosques nativos, son especies de crecimiento lento y de mucha menor densidad por hectárea. La cantidad de madera en diámetro de corte por hectárea de un bosque nativo en buenas condiciones puede llegar a 15m3. El precio de un metro cúbico de cedro es de $30.000, mientras que el precio de un metro cúbico de lapacho es de $25.000.

“Si cada m3 rinde en aserradero aproximadamente 200 pies cuadrados a un valor de $400 cada uno significa que, a valor de madera en rollo nativa una hectárea representa $450.000. Si se queman 1000 hectáreas, se pierden $450 millones. Mientras que a valor de madera aserrada nativa 1000 hectáreas son $1200 millones. Estos datos son estimados y varían de acuerdo a la calidad y diámetro de la madera. Por otro lado, se sufren daños más difíciles de cuantificar, entre ellos: biodiversidad, servicios ecosistémicos, escorrentía del suelo, GEI, impactos ecológicos”, añadieron desde la entidad.

Por último, Loutaif señaló que se necesita de un trabajo en conjunto entre el Gobierno, las empresas y la sociedad. “Necesitamos políticas públicas desde el Estado, que generen herramientas sostenibles en el tiempo, y el financiamiento y los recursos necesarios para poder llevar adelante los planes de acción”, concluyó.

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