En la industria de biocombustibles ya alertan por cierres tras la media sanción a un proyecto

CÓRDOBA.- Negativa es la reacción de las empresas productoras de biocombustibles tras la media sanción que Diputados le dio al nuevo régimen para el sector. En la industria esperan más capacidad ociosa y cierres. El kirchnerismo logró el número para la aprobación al sumar a representantes de Juntos por el Cambio de Tucumán y Jujuy, distritos altamente dependientes de la caña de azúcar y que se usa para hacer etanol. El proyecto tuvo 135 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.

La ley con media sanción establece para el gasoil un corte mínimo de biodiésel de soja del 5% (hoy es el 10%), aunque la Secretaría de Energía de la Nación podrá elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3%. Las naftas, en tanto, deberán mezclarse con un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol aunque eventualmente podría reducirse a 9% con una merma que absorbería el etanol de maíz, no el de caña de azúcar.

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, dijo a LA NACION que la iniciativa es “un mísil en la línea de flotación”. Planteó que la única esperanza es que no sólo podría “ser peor” sino que si en el futuro un funcionario “lúcido” asume en la Secretaría de Energía “este cheque en blanco se podría dar vuelta a favor”.

Para Patrik Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, es “muy triste ver que avance una ley de ajuste que va a generar pérdidas de empleo y cierre de plantas, especialmente en Córdoba y Santa Fe”.

La referencia geográfica es porque en esas provincias se concentra la producción en base al cereal. Carlos Gutiérrez, diputado de Hacemos por Córdoba que votó en contra, dijo que en su distrito peligran casi 5000 empleos en 19 fábricas de biocombustibles y cuatro de bioetanol. Su colega de Juntos por el Cambio, Soher El Sukaria, afirmó que la norma es “otro ataque más del kirchnerismo contra Córdoba, un golpe certero a una industria en pleno desarrollo que pone en jaque miles de puestos de trabajos”.

Adam agregó que el Frente de Todos “avanza con una ley petrolera que le pide insólitamente a las energías renovables que financien a las contaminantes. Es un retroceso ambiental y anticonstitucional: vamos otra vez a contramano del mundo”.

Intereses

Desde que el proyecto ingresó al Congreso impulsado -pero no con su firma- por Máximo Kirchner, los legisladores críticos y varios empresarios apuntaron que el sector petrolero estaba detrás de los cambios ya que cada punto que ganan los biocombustibles es uno que pierden las destilerías.

Molina enfatizó que el sector no tiene salida a corto plazo: “Habrá más capacidad ociosa y con ese alza es imposible sostener una empresa, por lo que habrá cierres aunque todavía no podemos proyectar cuántos”.

En mayo, en un debate en comisión, Víctor Accastello, subgerente de ACA Bio, la productora de bioetanol de maíz ubicada en Villa María, aportó datos en esa dirección: “Si se aprueba este proyecto de ley nos permitiría usar del 20% al 25% (de la capacidad), es decir trabajar dos meses al año. Vamos directo al cierre”.

Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana De Biocombustibles Avanzados, señaló a este medio que en junio las plantas estuvieron paradas ya que recién ayer se publicó el nuevo precio. “En el corto plazo tal vez ahora Energía publique los precios en tiempo y forma, el sector está de rodillas y necesita arrancar”, reflexionó.

“Es cínico hablar de la sustitución de importaciones porque si se reduce el biodiésel se suplanta por gasoil importado -subrayó-. El diputado Mario Leito dijo que no quiere un 22 de agosto de 1966 para Tucumán (NR: es la fecha del decreto de Juan Carlos Onganía que intervino siete ingenios que terminaron cerrando dos años después con 5000 desempleados), ¿Lo quiere para Santa Fe? Estamos comprando trabajo extranjero y dejando argentinos sin empleo. Está perfecto defender a Tucumán pero también a Buenos Aires, a Córdoba, a todas”.

Boerr insistió en que los legisladores que aprobaron el régimen en su argumentación fueron tomando tramos de lo que “les convenía; no es algo sincero sino forzado”. Añadió que el medio ambiente “pierde; se está violando el principio de progresividad” que no sólo rige para el medio ambiente “sino que es un principio básico del derecho”. Para cumplir el Acuerdo de París, la Argentina “debería abrazarse a los biocombustibles que serán reemplazados más adelante por las nuevas tecnologías”.

Respecto de los planteos sobre el costo fiscal que tuvo la promoción de los biocombustibles, resumió: “En una década le dieron US$95.000 millones de subsidios a las petroleras; este año serán US$8000 millones y nadie dice nada”.

Las expectativas de que haya cambios en el Senado son mínimas. Con ese objetivo los productores en base a maíz impulsan que no se cambie el corte y que se incluya un tope al precio equivalente al de la caña de azúcar. De esa manera buscan eliminar el argumento de la presión de las subas de commodities sobre los combustibles.

La postura de Maizar

En un comunicado, Maizar, que agrupa a la cadena del maíz, señaló que con el proyecto con media sanción “se beneficia así a los productores de combustibles fósiles, que emiten hasta un 70% más de gases de efecto invernadero que sus equivalentes biológicos, y contienen aditivos contaminantes y son de peor calidad por su menor contenido de octanos”.

“Es fundamental entender que esta situación no solo perjudica a quienes arriesgaron capital en la instalación de plantas de biocombustible, sino también a la gran cadena maicera que involucra a productores que aportan la materia prima, a ganaderos que compran el subproducto del bioetanol para alimentar a sus animales, y hasta a las empresas de bebidas carbonatadas. La industria de biocombustibles nunca recibió fondos del Estado, solo fue exenta de los impuestos a los combustibles líquidos y al carbono por su favorable impacto ambiental”, dijo Maizar.

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