Biocombustibles: senadores piden que se convoque al sector para la reglamentación de la nueva ley

Luego de la sanción la semana pasada en el Senado de una nueva ley de biocombustibles, 19 senadores le pidieron por carta al secretario de Energía, Darío Martínez, “que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia”.

En octubre del año pasado, el Senado había votado por unanimidad una prórroga hasta 2024 de la ley que estuvo vigente desde 2006. Sin embargo, al pasar a Diputados esa posibilidad se diluyó. El oficialismo del Frente de Todos, con apoyo de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, avanzó en un proyecto distinto. Esa iniciativa, convertida en ley en el Senado, baja de 10 a 5% el uso de biodiésel de soja en gasoil. En tanto, mantiene en 12% el etanol en la nafta, pero abre la puerta a una reducción al 9%, merma que correría por cuenta del etanol de maíz, no el de caña de azúcar.

La carta enviada a Martínez reclamando se llame para la reglamentación a los sectores involucrados lleva la firma de los senadores María Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Stela Olalla, Luis Naidenoff, Clara Vega, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero, Julio Cobos, Ernesto Martínez y Esteban Bullrich.

“Este nuevo marco regulatorio de la actividad, además de modificar las condiciones en que se hicieron grandes inversiones en nuestras provincias, confiere una discrecionalidad riesgosa al Poder Ejecutivo para reducir aún más los porcentajes de corte de los combustibles, sumando así mayor imprevisión y arbitrariedad, todo lo contrario a lo que necesita cualquier sector de la economía para desarrollarse”, señalan los senadores en la carta.

“Esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”, agregan.

Según precisan, la modificación de la ley “no ha contado con el amplio consenso político que, en pos de mayor previsibilidad y estabilidad hubiera requerido”. También destacan que se da marcha atrás con compromisos ambientales. Destacan que “contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono, asumidos incluso por el propio Presidente de la Nación en la última Cumbre de Líderes sobre el Clima de abril pasado”.

Además, indican que la Cámara de Diputados debería haber tratado la prórroga aprobada en el Senado y no hacer un nuevo proyecto, como finalmente ocurrió.

“Esta nueva ley nace con un vicio en el debido proceso constitucional de formación y sanción de las leyes, vulnerando así el sistema de bicameralidad expresamente previsto por los artículos 44, 78 y 81 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que en materia de biocombustibles esta Cámara había sancionado por unanimidad con 70 votos afirmativos la orden del día 374/2020 que disponía la prórroga del régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Con lo cual, la Cámara de Diputados debió haber considerado dicho proyecto en su calidad de cámara revisora y no haber sancionado un proyecto nuevo como cámara de origen”, indicaron.

Durante el debate por la ley, Naidenoff señaló: “Esta ley afecta el horizonte de previsibilidad del país, eso es una mala señal para las inversiones. Va a ser necesario un acuerdo entre todos los sectores para solucionar en serio la problemática de los biocombustibles”. En tanto, entre otras declaraciones, el senador Martínez, de Córdoba, fustigó: “Parece que hay que ponerle el pie encima a la provincia de Córdoba para no dejarla trabajar y regularle sus actividades productivas según se le ocurra al PEN (Poder Ejecutivo Nacional) para que decaiga su peso en la economía del país, es un castigo absolutamente injusto”.

Por su parte, la senadora Vucasovich, de Santa Fe, remarcó durante el debate: “Los efectos sociales, económicos y financieros de esta ley son gravísimos para la provincia de Santa Fe y para los empresarios que confiaron e invirtieron, hoy lamentablemente nos están sacando fuentes de trabajo, nos están destinando al fracaso total”.

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