Qué se esconde detrás de los ataques a silobolsas en todo el país

El trasfondo de los ataques a silobolsases un misterio. Aunque la hipótesis generalizada es que existen motivaciones ideológicas detrás de los actos de vandalismo, faltan pruebas y piezas para armar el rompecabezas. Y todo en medio de un clima enrarecido entre el Gobierno y el campo por el efecto Vicentin.

Roberto Rufer se levantó al amanecer el domingo 21 de junio. Tenía previsto a ir a juntar leña al campo para hacer un asado el Día del Padre en San Jerónimo Sud, un pueblo santafesino fundado en 1871 en tierras del entonces Ferrocarril Central Argentino. Es propietario de 30 hectáreas y alquila otras 170 para que el emprendimiento agropecuario sea sustentable. En la última campaña, por primera vez, decidió acopiar soja en dos silobolsas a unos 600 metros de la casa de su primo. Terminó pasando un Día del Padre de perros: nunca juntó la leña y el asado quedó para otro momento. Los dos bolsones estaban tajeados de lado a lado y no fue eso lo peor, parte de los granos estaban manchados con un líquido rojo. Descubrió que se trataba de un "curasemilla" que se aplica antes de sembrar.

"Si los granos quedan contaminados con este fungicida, no se pueden vender", apuntó. Con vecinos y familiares se puso a sacar la soja manchada. Tenían que lograr retirarla sin contaminar al resto. "Un trabajo de locos", afirmó. Con esa tarea de hormigas salvó una parte. A los que rompieron los silobolsas y arrojaron el "veneno" nadie los vio. Parece una trama cargada de misterio de Stephen King.

Si los granos quedan contaminados con este fungicida, no se pueden vender.

Cuando hizo la denuncia por la rotura en la seccional 17 de San Jerónimo Sud, aportó como posible indicio que discutió con empleados de la cooperativa de la zona por una cuestión vinculada a la venta de granos. Un indicio; nada más. No hay ningún detenido ni sospechado de haber atacado su producción. El rumor en el pueblo es que fue impulsado por militantes ligados al kirchnerismo. Pero nadie puede cargar de verosimilitud a la versión, construida en base a que "el Gobierno quiere que los productores vendan los granos y no los guarden".

Ataques y misterio

Solo dos de los casi 70 ataques denunciados en lo que va del año fueron esclarecidos. La línea común a la mayoría de los casos es que son de noche, los agresores ingresan a los campos por caminos secundarios para evitar controles en las rutas –lo que muestra que conocen los movimientos y la logística-, rompen los silobolsas sin robar granos por lo general y, en algunos casos, los rocían con líquidos que directamente los inutilizan.

Para cortar el material hace falta un cuchillo o una navaja. Los atacantes clavan algo punzante y tiran para que el plástico ceda a lo largo de los 60 o 75 metros de largo que tienen los silobolsas estándares.

Si bien en algunos campos no vive gente, en otros está la casa de los dueños o de los trabajadores, pero los depósitos de granos están a no menos de 200 metros, por lo que si se ingresa caminando o en bicicleta no hay posibilidades de que se escuche.

¿Justicia por mano propia?

Los dirigentes de las entidades rurales insisten en que no apuntan al Gobierno, pero admiten que los mensajes "contrarios" a la producción que "bajan algunos funcionarios" –en el sentido de que el campo "atesora y se sienta sobre la cosecha"- pueden motivar a que "algunos salgan a hacer justicia por mano propia".

Hace unas semanas, Franco Brarda, productor de Pampayasta en la zona cordobesa de Tercero Arriba, encontró dos silobolsas rotos con 400 toneladas de maíz picado fino que tenía como reserva de alimento para las vacas de su tambo y dos con 90 toneladas de soja. "No sé qué pasó puntualmente en esta zona. No se sabe más allá de lo que podemos creer como que es un ‘apriete’ para que no se guarde soja y para que recurramos al Gobierno". Hizo la denuncia pero todavía no se resolvió el caso.

Cuando se refiere a "esta zona" abarca también a la ciudad de Oliva, donde el 26 de mayo se incendió el campo de Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA. La causa está en la Justicia y no hay responsables identificados. LA NACION pudo saber que el fuego comenzó en el medio de la superficie. De Raedemaeker vive en el lugar y no escuchó ni vio nada. También hay dudas sobre el origen del incendio de cien hectáreas y 120 rollos de pasto de David Tonelo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Las llamas empezaron al lado de la ruta en un día de mucho viento. El dirigente denunció el hecho y está en investigación.

En las últimas horas, un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Gonzáles Chaves por el ataque a un silobolsa después de que se analizaran cámaras ubicadas en las afueras del pueblo que registraron a personas que volvían con perros de una supuesta caza. El sospechoso, que fue liberado aunque está notificado de la causa, tendría vinculación con una cooperativa del Movimiento Evita, según información a la que accedió LA NACION.

El Movimiento Evita CTEP de Chaves señaló que esa personaya no pertenece a la agrupación desde diciembre pasado, aunque admitió que sigue cobrando un beneficio.

Reacción oficial

La reacción de las autoridades nacionales frente a los ataques llegó cuando el tema había escalado en la opinión pública. Primero fue Luis Basterra, ministro de Agricultura, que afirmó que están "preocupados y ocupados"."No queremos que esto termine destruyendo el esfuerzo de nuestros productores, coartando el acceso al alimento para nuestra población y que impida el ingreso de divisas a nuestra economía", sostuvo.

El presidente Alberto Fernández pidió que la titular de Seguridad, Sabina Frederic , se ocupara del tema. La funcionaria se reunió con la Mesa de Enlace y reconoció un crecimiento de los ataques.

En Santa Fe, las entidades, además de la administración nacional, criticaron duramente al ministro de Seguridad local, Marcelo Saín. Desde el gobierno de Omar Perotti buscaron darle una contención al problema de inseguridad rural para evitar que se consolidara como una nueva causa de conflicto. El funcionario bajó un cambio y admitió que el inconveniente existe, aunque para él tiene que ver con conflictos puntuales, entre ellos algunos con el gremio de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

A fines de junio, el ministerio de Seguridad y el jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, dieron una orden operacional a las unidades regionales y a la guardia rural para que se realicen "patrullajes y controles activos donde se suscitan estos hechos delictivos, como hurtos y daños a los silos bolsas". Saín afirmó a LA NACION que las directivas fueron "tras tener un diálogo fructífero con las entidades que aportaron información".

En Córdoba, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, reclamó celeridad en la investigación. "Pedimos a la Justicia que esclarezca rápidamente los hechos para conocer las causas y evitar la libre interpretación". La estimación es que en Córdoba hay unos 40.000 silobolsas (el cálculo es que se almacena alrededor del 20% de la cosecha, que será de siete millones de toneladas). Su colega de Seguridad, Alfonso Mosquera, participó del encuentro del Consejo de Seguridad, en el que también repudió los hechos de vandalismo rural y se mostró dispuesto a coordinar acciones de prevención.

Pedimos a la Justicia que esclarezca rápidamente los hechos para conocer las causas y evitar la libre interpretación.

Hace unos días, en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, los ministros de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe expusieron la situación y entregaron informes al secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks, quien designó a dos directores del área para trabajar el tema a mediano plazo. Fucks señaló a este diario que "el primer paso fue empezar a recopilar y procesar información de un tema que no estaba como preocupación en la agenda de seguridad". Y agregó: "Les pedimos a las provincias que nos provean datos y veremos medidas para mejorar la seguridad rural, que es de jurisdicción provincial".

Por ahora, el tema es abordado en el marco del programa Cosecha Segura, que ya existía, pero estaba abocado solamente a la seguridad en torno a los puertos y el transporte de granos. "Vamos a georeferenciar los ataques a los silobolsas y a tratar de unificar la mirada sobre el problema", aseguró el funcionario. Horas antes el diputado nacional y presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, había presentado un proyecto de ley que castiga con hasta 5 años de prisión a quien rompa estos bolsones.

Temor a una escalada de violencia

Silvio Montenegro, productor autoconvocado santafesino, cree que los ataques son un intento de "amedrentar" a los productorespara que anticipen la venta de granos. "Esta situación de indefensión genera que muchos productores empiecen a pensar en defenderse con sus propias manos, sobre todo en la próxima campaña –describe-. Hay miedo por si escalan los niveles de violencia, no solo contra los silos sino contra las personas".

Hay miedo por si escalan los niveles de violencia, no solo contra los silos sino contra las personas.

El temor a una "escalada" lo comparte Leandro Sobrero, de la empresa Agrotecnología y Servicios, acopiadora de granos con casa central en General Levalle (Córdoba) y nueve oficinas comerciales (dos en Santa Fe). A la firma le tajearon siete bolsones (cuatro con soja y tres con maíz). "La mayor preocupación es que sea todo parte de una movida en lo que se interpreta como la pelea entre el campo y el Gobierno. En las localidades del interior convivimos todos y sería preocupante que esta situación se expanda", afirmó.

Pérdidas

Los daños de los ataques involucraron hasta el momento unas 5700 toneladas de granos, según datos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La pérdida no es sólo para los productores, también lo es para el Gobierno que deja de cobrar impuestos sobre esos granos.

Desde el Ieral, el economista Juan Manuel Garzón estimó a precios de hoy –suponiendo que de las 5700 toneladas la mitad sea soja y la mitad maíz- el valor de exportación es de US$1,4 millones, por lo que se perderían retenciones por US$382.000.

La tensión entre el gobierno nacional y las entidades agropecuarias cedió después de las condenas públicas al vandalismo. Los dirigentes, de todos formas, insisten en que el discurso oficial debe ser "menos liviano" y más claro.

Esperan también que la Justicia actúe más velozmente para determinar con certezas qué hay detrás de los ataques.

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