Tensión, incertidumbre, bronca, desorientación y una pregunta que requiere respuesta: ¿estas son las nuevas condiciones para producir en la Argentina? El caso del campo que denunció como usurpado el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, sin duda puso en la agenda, más allá de una disputa familiar, el derecho de la propiedad privada. Lo mismo se podría decir de otros tantos hechos que no tuvieron la espectacularidad de lo ocurrido en Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos, pero donde también hubo un avance sobre la propiedad privada. Un principio básico, una cuestión consagrada que en tiempos de pandemia, en lugar de respaldar a un sector clave para la recuperación económica, aquí se intenta solapadamente esmerilar en nombre de proyectos poco claros.
Que algunos funcionarios del orden nacional y el provincial hayan tenido alguna participación en el hecho demuestra, además, un problema todavía más grave: que desde el mismo Estado hay un mensaje ambiguo. Por eso, lo que se terminó de configurar en torno del campo en Santa Elena, no dejó otro saldo que la incertidumbre entre los productores sobre si su tierra, su campo o gran establecimiento si así fuera, está a resguardo de cualquier embate.
Como pocas veces, con ánimos alterados, cansancio por las señales difusas que llegan desde afuera de su entorno, como sucedió también con el intento de expropiación de Vicentin -en esa oportunidad, además de un avance sobre la propiedad muchos productores vieron el temor a una injerencia sobre el mercado de granos- o los ataques a silobolsas, todo lo que estuvo sucediendo en torno de las tomas de tierras no hizo otra cosa que sacar "del lote", de las preocupaciones propias del negocio -clima, precios. costos, impuestos, entre otras,- a los productores en general.
Todo esto, más allá del caso específico de Etchevehere, posee otros costos, no visibles, que también tienen alguna repercusión sobre el negocio del sector agropecuario. ¿Qué señales llegan a las casas matrices del agro que tienen que decidir entre hacer una inversión en la Argentina o en alguno de los otros países competidores que puedan ofrecer mejores condiciones?
"La espanta. ¿Cuántos quisieran venir a invertir a la Argentina con intrusiones, además de todas las otras limitantes?", decían y se preguntaban esta semana en una de las principales exportadoras de granos. Incrédulos por lo que vieron en los últimos días, no veían un impacto directo sobre su actividad, pero sí "en la inversión y en el desarrollo de tierras".
En el mercado inmobiliario rural, que venían observando un cierto mayor movimiento, vieron en todo lo que estuvo sucediendo con las usurpaciones una especie de retroceso indeseable. Ese mercado está influido por varios otros factores, pero el factor toma de tierras le agregó presión.
"Es un elemento más que hace que nuestro mercado vuelva a enfriarse", señaló Mariano Maurette, responsable de la sección Campos de Álzaga Unzué &Cía. Para el experto, había una "tibia reactivación" desde el momento que los vendedores de algún modo tomaron nota de las bajas en los precios y los inversores comenzaron a ver oportunidades para concretar negocios. Maurette insistió que no es el único elemento que juega en el mercado, pero luego precisó: "Todo esto no hace más que volver a frenar, generar incertidumbre".
La resolución judicial de la jueza María Carolina Castagno lo que hizo fue poner un poco de claridad en medio de una niebla demasiada espesa. La Mesa de Enlace lo celebró en un comunicado entendiendo que, junto con la propiedad privada, lo que se hizo fue preservarse la República.
"Nuestro país necesita esta clase de gestos, que de manera contundente remarquen el férreo compromiso de los tres Poderes con los valores de la democracia y la República, y con todo lo planteado en nuestra Carta Magna, para poder construir entre todos los argentinos un futuro donde se recupere la confianza", señaló la Mesa de Enlace.
Sin duda, lo que hace falta es confianza. La misma que Jorge Chemes, presidente de CRA, le pidió al Gobierno reconstruir durante la última reunión del Consejo Agroindustrial (CAA) con el gabinete económico. En el fondo, lo que se busca es que se termine la contradicción: ¿el Gobierno va a aceptar que personajes cercanos, aún sin un cargo como Juan Grabois, hagan ostentación de un poder y ataquen principios básicos? ¿O se va a parar en la vereda de enfrente con mensajes nítidos?
Muchos tienen la percepción que mientras por una lado el Gobierno busca endulzar al sector, por el otro hay todo un coro de voces que buscan lo contrario. Y en el medio no pocos se preguntan: ¿de dónde vendrá la próxima sorpresa?.
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