Por supuesta estafa: pidieron hasta 17 años de cárcel para exdirectivos de Vicentin

SANTA FE.- Los directores ejecutivos que en 2019 estaban al frente de la conducción del grupo aceitero agroexportador Vicentin, con base de operaciones en Avellaneda y en los puertos del Gran Rosario, fueron acusados este viernes por la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario por supuesta estafa y asociación ilícita y quedaron a un paso del juicio que determinará las responsabilidades de cada uno de ellos en la conducción de la empresa que entró en default a fines de 2019, cuando anunció la cesación de pagos por 1500 millones de dólares. Para todos ellos, la Fiscalía pidió penas de prisión de hasta 17 años.

Además, según la resolución conocida esta tarde, los síndicos del concurso de acreedores también quedaron complicados, ya que sin su participación los presuntos delitos no podrían haberse realizado, según estimó la Fiscalía. Según las instancias que se tramitaron en la justicia, con la acusación se cierra la etapa de investigación penal preparatoria.

Por lo expuesto por la Fiscalía surge que “la cesación de pagos no obedeció a un problema comercial derivado del contexto económico nacional, como argumentó la compañía, sino que resultó de maniobras ilegales del directorio que falsearon documentación (balances) para conseguir créditos y granos sabiendo que no estaban en posición financiera para poder devolver los préstamos o pagar la mercadería. Lo que sigue ahora es el juicio penal, todavía sin fecha de inicio”.

Por su parte, Jorge Ilharrescondo, abogado de la empresa Vicentin, explicó a LA NACION que lo conocido este viernes “no significa más que una instancia procesal” que “nos habilita claramente para evaluar la acusación y saber ahora el fundamento del tamaño de la prueba”. Sostuvo que a su criterio el pedido de la fiscalía es “desproporcionado”, pero valoró que llegado el juicio “tendremos la oportunidad de hacer nuestro descargo y fundamentar nuestra posición”.

No obstante, no dudó en sostener que “esta instancia está íntimamente vinculada con el concurso” de Vicentin. “No tengo dudas que esto viene de la mano de lo que es una ofensiva extraconcursal”, subrayó, al tiempo que recordó las instancias superadas (pedido de avocamiento, de detención del presidente del directorio de la firma), “todos hitos procesales paralelos al concurso”.

“Cuando está en vías de definición se usa la causa procesal para entorpecer la marcha del concurso. Se está criminalizando el cumplimiento contractual”, señaló el abogado Ilharrescondo.

Por su parte, Estanislao Bougain, director independiente de la firma, sostuvo que “el juicio penal indaga en el pasado, buscando responsabilidades; el juicio comercial enfoca el futuro, buscando consensos para la superación de las dificultades. En el caso Vicentin, las dos cosas se confundieron reiteradamente. La auditoría forense, los allanamientos a exdirectores, la detención (temporaria) de (Omar) Scarel, entonces presidente de Vicentin, ahora la acusación. Todo esto ocurrió siempre en momentos trascendentes para el concurso”.

“Ahora, una vez más, cuando el expediente de la Cámara -que debe resolver la homologación o no del concurso- está ordenado y listo para que se pueda dictar sentencia, entendemos que en la línea que venimos buscando desde el principio, se presenta esta fuerte acusación contra exdirectores, buena parte de los cuales continúan desempeñándose en distintas gerencias de la sociedad, con quienes trabajamos la incorporación de los estratégicos, con quienes logramos los fasones que van a blindar a la sociedad durante todo 2024, que son los mismos que perdieron la totalidad de las acciones de Vicentin. Esto no va a afectar en absoluto la solidez del expediente comercial, que se encamina ya hacia su terminación definitiva, seguramente en los primeros días del mes de febrero”, remarcó en declaraciones a este diario.

Pedido de la fiscalía

La presentación de la acusación está inserta en un escrito de 532 páginas y fue anunciada por el fiscal Miguel Moreno, acompañado por su par Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. En ese texto se explican y amplían las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023 contra los ejecutivos que estaban al frente de la compañía, cuando en diciembre de 2019 la firma cayó en default.

El listado de la Fiscalía señala un pedido para Daniel Buyatti de 16 años de prisión; para Alberto Macua, 16; para Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel, 14; para Máximo Padoan, 12 años; para Cristian Padoan, 10; para Martín Colombo, 13; para Sergio Roberto Vicentin; 10 años; para Pedro Germán Vicentin, 10 años; para Yanina Boschi, 10; para Javier Gazze, 8 años y para Miguel Vallaza 8 años. También figuran en esa lista los síndicos Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut, para quienes se solicitó una pena de 7 años de prisión.

Otro incluido en la lista es Eduardo Harnan, directivo de la consultora KPMG Argentina, a quien la Fiscalía solicitó una pena de 7 años de prisión por presunto encubrimiento con los balances y su aprobación.

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