Luego de que el Gobierno cerrara hasta marzo las exportaciones de maíz, grupos de productores autoconvocados harán asambleas durante enero para evaluar eventuales medidas de fuerza contra la decisión oficial.
Ayer, con la excusa de asegurar el abastecimiento local del cereal para sectores que lo usan, como el sector avícola, entre otros ligados a la producción, el Gobierno frenó las ventas al exterior. La medida se tomó en plena siembra del maíz 2020/2021 y cuando, según el Ministerio de Agricultura, ya se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas.
En tanto, según un informe de las bolsas de cereales y comercio de Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, la decisión del Gobierno implica perder US$810 millones en exportaciones para el país.
"Con exportaciones estimadas en 37,5 millones de toneladas para esta campaña, el cierre del registro en 34,2 millones le hace perder al país 810 millones de dólares en exportaciones. Además, afecta la credibilidad de Argentina como proveedor confiable en el mercado internacional, generando dudas y especulaciones entre nuestros principales clientes. Asimismo, de acuerdo a estimaciones públicas y de las Bolsas, la situación de la oferta y la demanda de maíz reflejan existencias que se encuentran muy por encima de las necesidades del mercado doméstico y la exportación", indicaron esas entidades.
En esta línea, los productores están enojados y motorizan las asambleas. "Se vienen las asambleas, 6 enero en Bell Ville, 7 de enero en Pergamino, 8 de enero cruce AO 12 y 34 y 9 de enero cruce Ruta N9 y 178 Armstrong, Santa Fe", dijo Ariel Bianchi, productor autoconvocado e integrante de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados.
"Van a ser asambleas que van a tomar medidas hacia delante. El maíz (por el cierre de la exportación) fue la gota que colmó el vaso", apuntó. Agregó que no se descarta se avance en un paro agropecuario.
"Hoy, cierran las exportaciones de maíz, mañana será las de trigo y después las de la carne y seguramente, como antes, el gobierno culpará a los productores de la sojización, pero nosotros tenemos la conciencia limpia porque sabemos cómo son las cosas", expresó la agrupación de autoconvocados en un comunicado.
Ayer, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se declaró en estado de alerta y movilización. "Mienten desde el Gobierno al decir que basan esta decisión en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, porque restan casi ocho millones de toneladas de maíz para volcar al mercado interno", precisó la entidad.
"Esta asamblea la teníamos hablada de antes de los últimos eventos y esto aceleró el tema porque nada cambió sobre los reclamos de principio de año", expresó Federico Proietti, vicepresidente de la Sociedad Rural de Bell Ville, donde se hará la primera reunión de productores. "Vamos a escuchar a los productores y ver qué surge", añadió.
Tras la medida del Gobierno, la Mesa de Enlace la criticó con dureza. "Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio Presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena", dijo la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA).
De acuerdo a las entidades del sector, se vuelve a "tropezar con la misma piedra". En rigor, el kirchnerismo en el poder hasta 2015 aplicó un fuerte control sobre el maíz, el trigo e incluso la carne.
En este contexto, el diputado de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, fustigó la medida del Gobierno. "Es una pésima decisión de política económica. Desalienta y perjudica a pequeños y medianos productores de todo el país y puede ser la antesala del cierre a exportaciones de carne y trigo", remarcó.
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