“Policía ambiental y productiva del mundo”: durísima crítica de un referente del agro contra una resolución de Europa
El productor Federico Zerboni, que también es presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), dijo que la normativa que impone una certificación de libre de deforestación para productos del sector “no respeta” la legislación argentina
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El productor agropecuario Federico Zerboni, que también es presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), criticó con dureza la reglamentación de la Unión Europea que desde enero próximo prohibirá la compra de carne y soja, entre otros productos, que provengan de zonas deforestadas desde fin de enero de 2020. Zerboni, que realizó una fuerte exposición en el 3° Congreso Internacional de Maíz en Córdoba, pidió que se postergue la entrada en vigor de la normativa, que lleva como número 1115. Por la normativa se deberá demostrar que los productos no llegan de regiones deforestadas.
Zerboni hizo eje en que la reglamentación “es mucho más que un certificado de libre deforestación”. Remarcó a LA NACION: “Se mete con humedales, pastizales, derechos laborales, ambientales, etcétera, sin respetar nuestra legislación”. En este marco, consideró que en la Argentina, por ejemplo, se tendrían que “verificar 18 millones de hectáreas en la pampa húmeda, donde no hay árboles, todo por un 2% y por un requerimiento de uno de los compradores”.
“Lo que estamos viendo es que está mucho más en juego que un certificado de libre deforestación. Parte del acuerdo verde del Green Deal europeo incluye los objetivos de reducir al 2030 el 50% de agroquímicos, el 25% de fertilizantes, el 30% de agricultura orgánica en Europa y promover mucho más bienestar animal”, dijo el productor en un panel del congreso que se hizo en Córdoba.
“De hecho, según ellos mismos han dicho, esto les provocaría una pérdida de producción en muchos casos del 40% y un aumento de precios similar. Esto hizo que sea insostenible y que, debido a los cambios que hubo en el Parlamento Europeo y a los reclamos de los agricultores, se suspendiera. Pero también el reglamento incluye las políticas espejo, las ‘mirror clauses’, que imponen a los países productores e importadores las mismas condiciones que a sus productores. Digamos que de ahí viene esta normativa, la 1115/23, que es una restricción a los importadores europeos. Si no la cumplen, tienen severas multas tanto los importadores europeos como los exportadores, que en este caso serían los exportadores argentinos de soja y carne”, señaló.
Recordó que la Unión Europea es uno de los principales importadores de alimentos y que ejerce presión sobre otros países para que cumplan con las mismas reglas. “Por ejemplo, comentaban los exportadores argentinos que India, China y África, que venden productos a la Unión Europea, si no cumplen con la normativa, tampoco podrán exportar a Europa. Esto nos impone una obligación a todos en el país, dejando de ser algo optativo cumplir estas normas, porque si no quedamos fuera del sistema internacional”, explicó.
Zerboni añadió: “Podemos decir que aquí hay una especie de autoproclamación como policía ambiental y productiva del mundo. Aquellos que no cumplan con las reglas que Europa considera adecuadas quedan fuera del sistema de comercialización, imponiendo sus reglas”.
En opinión del productor, “cada país sabe cómo ser más sustentable y no necesita que otros vengan a decirnos cómo debemos cuidar nuestro medio ambiente y producir”.
“La siembra directa es un claro ejemplo de cómo hemos mejorado la productividad en comparación con otros países en el mundo, y, muchas veces, adoptando estas reglas complicaría nuestro progreso. Reitero, cada país es soberano y sabe cómo producir sustentablemente, cuidando su estructura productiva, socioeconómica y ambiental”.
Exigencias
Según indicó, si bien la resolución 1115/23 incluye el certificado libre de deforestación, “también pueden exigir certificaciones sobre derechos humanos, derechos laborales, trabajo infantil, protección del medio ambiente, protección de los derechos de los pueblos originarios”. En esta línea, remarcó: “Son todas cosas que compartimos, pero no tenemos por qué estar verificando todo esto para enviar un camión de soja o carne al puerto para vender en Europa”.
Zerboni insistió en su exposición que se trata de un “reglamento impuesto, no negociado, unilateral” y que “debería haber sido consensuado”.
“Es retroactivo, con una fecha arbitraria de diciembre de 2020, sin explicación, y no respeta la legislación nacional. Las áreas verdes deforestadas legalmente quedan fuera de este reglamento y fuera de este nuevo sistema de comercialización europeo o mundial. Afecta a los pequeños productores, a quienes supuestamente se quiere defender, pero sabemos que esos pequeños productores no pueden armar esta estructura de manejo y son los que más se perjudican, tanto en el caso de la carne como de la soja. Por ejemplo, si hay un lote desmontado después de 2020 de forma legal, como este reglamento y esta certificación no distinguen si es un campo previo o posterior a 2020, todo el campo queda fuera del sistema de comercialización, unilateralmente. Para que esto se cumpla, se le otorga ese poder policial que Europa quiere ejercer a los exportadores argentinos, y ahí es donde se creó la plataforma Visec, de la que todos estamos hablando”, afirmó.
El productor precisó que esto implica “referenciar todos los lotes”, y un seguimiento de la información pública a través de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la carta de porte, Renspa, SISA, RUCA, “y ya se ha solicitado que se libere el secreto fiscal de la AFIP para obtener toda esta información”.
Indicó que “la trazabilidad es camión por camión, desde los acopios hasta los puertos. Esto es inviable en la estructura argentina, pero no se trata solo de enviar un camión que se mezcla con la soja; debe estar identificado camión por camión, no se puede mezclar la producción. Imaginen los acopios. ¿Cómo se va a hacer todo esto? La Unión Europea va a poner un auditor en el puerto, designado por ellos, que verificará toda la carga del buque, camión por camión, viendo de dónde sale, cómo es el mecanismo, y de dónde proviene la soja que va a Europa. Esto convierte la información del productor en algo confidencial, y el productor no quiere que esta información sea de acceso público. No es adecuado que la tengan justamente aquellos que nos compran. En este mundo de los datos, no me parece que corresponda”.
Luego analizó: “Esto va a estar monitoreado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Imaginen esta superficie en la Argentina; no llegamos al 2% y tenemos que verificar 18 millones de hectáreas en la pampa húmeda, donde no hay árboles, todo por un 2% y por un requerimiento de uno de los compradores. ¿Van a pagar más por esto? Nadie lo sabe aún; no se ha dicho si se pagará más o menos. Esto es algo que todavía está en el aire. Es un uso incoherente de los recursos verificar un 2% de la pampa húmeda. ¿No basta con la carta de porte, la información existente, o con una producción similar a la EPA, que es una certificación masiva, y no camión por camión? Creemos que sí”.
Según expresó en otro tramo, “hay varios temas polémicos”. Y señaló: “Como por ejemplo, que quien deforestó antes salió indemne; quien cuidó el ambiente, ese queda fuera y no puede forestar. En Argentina hay muchas zonas muy desfavorables. Por ejemplo, aquí en el norte de Córdoba, los renovales entran; el productor que tiene renovales no los puede sacar. ¿Y si los saca? ¿Qué tiene que hacer, dejar que su campo se vuelva a llenar de monte y perder la producción, volviendo a la producción de un monte renoval que sabemos que es más de 10 veces menor? No creemos que sea justo. Si entran humedales, Santa Fe, prácticamente la mitad, Buenos Aires, la Cuenca del Salado o hidromorfismo, porque todos somos ingenieros agrónomos y sabemos que un suelo con hidromorfismo puede ser considerado un humedal, Entre Ríos, Corrientes, quedarían fuera de esta certificación de la 1115/23″.
Antes de remarcar que la resolución debe “posponerse”, el productor y presidente de Maizar apuntó: “El Gobierno ha dicho que no está de acuerdo y ya lo ha declarado. Algunas provincias, como Córdoba y Entre Ríos, adhirieron al Visec, pero Santa Fe no lo hizo. Las gremiales también se han pronunciado; algunos entraron, otros dijeron que no. Creemos que debemos tener una decisión clara, y los productores debemos exigir una postura sencilla y firme; necesitamos una decisión mucho más clara sobre hacia dónde vamos y qué queremos”.
En el panel que disertó Zerboni también lo hizo Viktoria Lovenberg, jefa de la Sección de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. “Si bien puede haber miradas distintas, el diálogo y la cooperación son claves”, escribió tras su presentación en la cuenta de X.
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