Para Etchevehere, la usurpación de su campo fue ”contra la Sociedad Rural y Macri”

“No fueron contra un productor agropecuario, la idea fue ir contra la Sociedad Rural Argentina (SRA), contra el expresidente Mauricio Macri y contra la Argentina productiva y de la inversión”.

A esa reflexión llegó el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, a un año de la usurpación que sufrió su familia en el establecimiento rural Casa Nueva, ubicado en Santa Elena, Entre Ríos.

“Quedó clarísimo que fue un hecho político planificado. No fue casual la elección del lugar a usurpar, sumado a mi actitud crítica desde siempre al gobierno nacional y provincial. Vieron la oportunidad estratégica de hacer un acto político para seguir difundiendo su ideología”, afirmó.

Todo comenzó el 15 de octubre de 2020, cuando Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario, y su abogado Facundo Taboada (ambos terminaron imputados en la causa que aun espera su elevación a juicio), junto a un grupo de más de cuarenta personas, presuntamente ligadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y al Proyecto Artigas, respaldado por el dirigente social Juan Grabois, ingresaron en más de 15 vehículos al campo.

“En ese momento, vivimos en carne propia lo que viven muchas personas a quienes le usurparon una propiedad. Fue una gran impotencia sentir que gente que no tenía que ver con nosotros se metió en nuestra propiedad, en nuestro lugar”, describió Etchevehere a LA NACION.

Para el exministro, lo más duro fue ver cómo el Estado nacional y el provincial apoyaron “la movida usurpadora”.

“Fue duro ser blanco de todo ese ataque del oficialismo, donde hubo un bombardeo mediático muy violento”, aseguró.

En un principio, en el primer pedido de desalojo, el juez Raúl Flores lo rechazó por considerar que la sucesión no estaba concluida. “Fue un baldazo de agua fría porque la decisión era manifiestamente parcial. Temíamos perder el campo y pensábamos que estábamos en la peor situación”, recordó.

“Pero estábamos confiados porque lo que decíamos era verdad: los que estaban dentro del campo no tenían nada de que ver con la sociedad propietaria”, añadió.

Finalmente, el 29 de octubre de ese año, la jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno ordenó la restitución del campo a Leonor Barbero, madre de los Etchevehere. “Deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible; proceder a la identificación de todos los ocupantes”, detallaba la jueza.

Uno a uno, los ocupantes del lugar se retiraron voluntariamente del predio, salvo Dolores que se rehusó a firmar el acta de notificación, aduciendo que era su voluntad permanecer, por lo que se procedió a su detención.

En los 14 días que duró la toma, el caso tuvo una enorme repercusión mediática, donde hubo movilizaciones y una vigilia permanente en la tranquera de entrada al campo. En este contexto, Etchevehere rescata esa presencia desinteresada en esos días de gente de diferentes lugares del país que se acercaron hasta allí para brindar su apoyo.

“A un año, decidimos construir un monolito con una placa recordatoria para agradecerles a esos hombres y mujeres valientes que nos conocían personalmente y que en silencio se autoconvocaron y vinieron por sus propios medios para defender la propiedad privada. Era un valor que había que rescatar”, describió.

A modo de observación, indicó que si el Estado no protege y no reconoce la propiedad privada, “se desarma el tejido social y se desintegra la sociedad”. “Sin propiedad privada, no hay inversión y si no hay inversión no se genera empleo y con eso nunca va a bajar la pobreza”, finalizó.

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