El nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en el acto de campaña celebrado ayer en Casa de Gobierno, con la presencia del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se presentó un proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que viene trabajando con ahínco y denuedo hace más de un año el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), expresó tres ideas que bien podrían encuadrarse como “banderas del peronismo agropecuario”, a saber: soberanía tecnológica, seguridad alimentaria y administración inteligente.
En lo que se refiere a “soberanía tecnológica” puede inferirse que se estaba refiriendo a lo pronunciado por Domínguez un día antes en defensa y respaldo del trigo transgénico HB4, cuando afirmó en primera persona y como si los graves asuntos en discusión se trataran de algo personal: “A ver si los brasileros me van a indicar a mí lo que yo quiero hacer con la producción”.
Desconociendo y confundiendo a la sociedad sobre los peligros que emanan de la aprobación del trigo transgénico para su comercialización, ante el rechazo de los principales clientes internacionales y la posibilidad de que en adelante por las probables mezclas con el trigo no transgénico, nuestro cereal deje de ser considerado como de muy buena calidad panadera, para pasar a ser catalogado como trigo forrajero, con una pérdida de valor del 20% que podría generar un perjuicio anual al país de más de 600 millones de dólares, sin contar aquellos que se producirían en el mercado interno por el rechazo de parte de los consumidores.
En lo que se refiere a la “seguridad alimentaria”, volvió a inferirse la defensa de la “mesa de los argentinos” a la que hay que proteger celosamente de los poderosos mediante la intervención del Estado a efectos de mantener los precios de ciertos productos regulados, como sería el caso de los que definió, por primera vez que se recuerde, como “bienes culturales” de los argentinos (refiriéndose al trigo, al maíz y la carne).
Sobrada cuenta tenemos los argentinos del fracaso de las políticas que se aplicaron en el Gobierno kirchnerista del que él formó parte, donde no solo no lograron con estas regulaciones frenar la inflación de los alimentos (que tienen otras causas además de la incidencia del valor de las materias primas) ni defender la “mesa de los argentinos”, sino que su consecuencia fue reducir la producción agropecuaria tanto en maíz y trigo, como en carne.
Por último, en lo que se refiere a la “administración inteligente”, se parte de la base de que al buen saber y entender de los funcionarios públicos y su alto conocimiento de los mercados, el Estado puede administrar bien cuándo exportar y cuándo no hacerlo, regulando los registros o cuotas de exportaciones, presentando paradójicamente un “Régimen de Fomento de las Exportaciones”, donde se plantea llevar las mismas de 65 mil a 100 mil millones de dólares, lo que resulta a simple vista y sin necesidad de recurrir a la ciencia, contradictorio, ya que está probado su fracaso en los resultados del pasado dado que la “administración inteligente” no fue tal.
Un ejemplo bastaría con la prohibición durante meses de exportar a China carne de “vaca vieja”, que no se consume en el mercado local. La “administración inteligente” primero decidió que no se podía y ahora dice que sí. Conclusión, la pérdida de millones de dólares por el error cometido y el peligro de perder dicho mercado ante nuestros competidores.
Por último, habría que preguntarse qué sentido tiene dentro del proyecto el término “inclusivo”, si se refiere al uso del lenguaje exclusivo, a la inclusión de todos los actores de la cadena en los considerandos para su formulación (especialmente a los productores que dan inicio a la misma) o que se incrementarán las exportaciones por definición “inclusive” con la actual brecha cambiaria del 100% y los derechos de exportación.
El autor fue Subsecretario de Mercados Agropecuarios
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