Opinión. La desregulación del RUCA debe ser completa

El cambio de autoridades y la vuelta a la histórica Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, conjuntamente con la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado resultan una excelente oportunidad para avanzar en la desregulación del comercio de ganados y carnes.

Entendemos que el Gobierno ha ido en la dirección correcta al derogar varias categorías del Registro de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), pero, como venimos sosteniendo desde hace tiempo, creemos que es necesario, derogar este registro en su totalidad, como así también su marco sancionatorio.

Hoy, para operar un frigorífico o trabajar como matarife, para poner algunos ejemplos, además de las inscripciones ante AFIP y Senasa (o las autoridades fiscales y sanitarias provinciales), hay que pedir y obtener matrícula en el RUCA. Para esto hay que cumplir unos requisitos modificables por una mera resolución administrativa del mismo organismo. Además de los requisitos superfluos como la inscripción en AFIP y la habilitación sanitaria (que existen independientemente del RUCA), se contemplan otros que nada tienen que ver, como el cumplir con la normativa cambiaria del BCRA o las decisiones de los tribunales de consumo o abastecimiento.

Por supuesto, se contempla la inscripción “provisoria”, también a decisión del funcionario de turno. Pero esto no es todo, porque además, se le puede pedir a un operador en particular cualquier tipo de información sobre su empresa, incluso, muchas veces, se solicita información personal de los socios, siempre “bajo apercibimiento de su exclusión del mencionado Registro” (Res. 21-E/17). Lo que se traduce en que para trabajar de lo mismo, a algunos operadores se les pueden pedir requisitos distintos y no hay forma de controlar qué se le termina pidiendo a cada quien y qué conforma al funcionario en cada caso.

¿Y para qué sirve el RUCA? Supuestamente, para el “blanqueo” de los operadores y el control de la industria, lo que ya atiende AFIP. Sus objetivos históricos, que vienen “residuales” desde la época de la Junta Nacional de Carnes, serían garantizar la libre concurrencia de los operadores al mercado y la reducción de las prácticas desleales de comercialización, para los que existen los mecanismos de defensa de la competencia.

Ejemplo

El caso paradigmático de la competencia desleal en la industria frigorífica es el de las pseudo-cooperativas de trabajo, que sin capital operativo propio, prestan servicio de faena a terceros. Esta operatoria es fundamental para los frigoríficos, ya que les permite mantener un volumen de trabajo constante en un negocio de márgenes muy escasos.

Dada su condición jurídica, para inscribirse en el RUCA y por lo tanto, poder trabajar, las pseudo – cooperativas tienen que cumplir requisitos más laxos que sus pares en el mercado, es decir, las sociedades comerciales debidamente constituidas con socios y capital reales.

En este esquema, el empresario oculto tras la figura de la pseudo-cooperativa tiene el camino allanado para eludir salarios de convenio, costos laborales, tributos nacionales y provinciales y toda la gama de obligaciones a las que están sujetos los frigoríficos organizados como empresas comerciales.

Consecuentemente, las pseudo-cooperativas pueden brindar servicio de faena a terceros a costos mucho menores que las empresas de verdad, generando competencia desleal y fomentando la marginalidad como mecanismo de supervivencia, así como distorsiones en toda la cadena.

Por eso creemos que es necesario profundizar la desregulación y derogar el RUCA porque se trata de un esquema de control obsoleto que en sus más de veinte años de funcionamiento no puede mostrar ningún éxito. Por el contrario, ha sido una formidable herramienta de apriete y distorsión de la dinámica de los mercados, generar mayores costos hacia adentro de la cadena de valor, y, en última instancia, hacia los consumidores. Además de las ineficiencias de todo tipo para el Estado nacional, que se terminan trasladando a déficit.

Uno de los mayores problemas que el sector ha enfrentado en el pasado ha sido un encarnizado riesgo regulatorio, traducido en normativas antojadizas y de una arbitrariedad extrema. La subsistencia de este tipo de herramientas en el sistema jurídico continúa siendo una amenaza y un problema. Celebramos que estemos desandado ese camino, y esperamos que las autoridades continúen profundizando en la senda que permita a la cadena de la carne desarrollar todo su potencial y generar más valor para todos los argentinos.

El autor es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra)

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