En un país al que le faltan dólares y que financia gasto público cobrando derechos de exportación (DEX), ¿tendría sentido que le cobren una alícuota mayor al litio que se exporta dentro de una batería que al que se exporta en bruto?
Intuitivamente uno diría que no. Pero eso es lo que se hace con el principal rubro de exportación de Argentina: la soja. Una tonelada de soja para embarque en mayo de 2024 paga 33% sobre un precio FOB oficial de 433 dólares por tonelada, es decir US$142,9 por tonelada.
Una tonelada de soja exportada como harina y aceite paga 35,3%, en base a un precio oficial de la harina de 398 dólares por 33%, por 76,5% de rendimiento industrial de harina= US$100,5 por tonelada de soja; más precio oficial del aceite US$816 dólares por 33% por 19,5% de rendimiento industrial de aceite: US$52,5, total US$153 de DEX para la soja procesada.
Ese monto, divido el precio oficial de la soja de US$433, resulta en una alícuota efectiva de 35,3% para la soja exportada procesada, que representa el 80% de la cosecha argentina.
Lo mismo ocurre cuando paga la misma alícuota de derecho de exportación una media res que la misma res integrada en cortes. No debería tributar más dólares por tonelada carcasa equivalente la carne exportada mediante integración.
Este desatino es más grave aún cuando los destinos o los orígenes alternativos de nuestras exportaciones agroindustriales tienen que competir con barreras arancelarias y pararancelarias que protegen a las industrias de esos países.
Entiendo que estamos trascurriendo un año de transición, que exige cerrar el déficit fiscal vía suba de impuestos y recorte de gastos. Pero estas reflexiones apuntan a señalar cuál debería ser el rumbo correcto de la política de largo plazo de nuestras producciones y exportaciones de origen agroindustrial.
El autor es ingeniero agrónomo y analista de mercados agropecuarios
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