La resolución que desde enero próximo no permitirá el ingreso al bloque europeo de varios productos del agro que vengan de zonas deforestadas desconoce leyes de muchos países
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Jean de La Fontaine, en su fábula “El lobo y el cordero”, demuestra que trágicamente es así. No importa la razonabilidad, y a veces tampoco el derecho, sino que basta simplemente con la capacidad de imponer la voluntad sobre el más débil.
La Comisión Europea trazó una línea roja para el 1° de enero de 2025 donde eligió algunos productos en los cuales habrá que determinar vía “Diligencia debida” (una rara traducción de “due diligence”), que tanto la carne de vaca, aceite de palma, cacao, café, caucho, soja y madera pasan a estar todos sospechados de provenir como productos de la desforestación, y de esa manera dar vuelta la carga de la prueba. Los productores de países proveedores deben demostrar su inocencia ante una culpabilidad determinada de antemano.
Es una línea roja retroactiva la cual toma como base el 2020 y no acepta ningún tipo de desmonte, aunque sea legal a posteriori de esa fecha escogida de manera aleatoria. Desde ya no reconoce las leyes vigentes de los países, que sí tienen desmonte legal planificado. Todo cae en la misma bolsa, y las reglamentaciones soberanas son sobrepasadas por esta norma con ínfulas de ser supranacional.
Ahora, sin ir a los detalles sobre la imposibilidad practica de su implementación, vayamos al fondo de la cuestión. La UE con una regulación de “brocha gorda” busca a través de productos elegidos por ellos mismos, que, salvo madera, apuntan a producciones de países extra-bloque europeo aplicándoles el foco acusador. Hay que demostrar que no se desmontó, mismo en la pampa húmeda donde nunca hubo un solo árbol. Todas las miradas a América, África y Asia. Nada se dice de la huella de carbono de la Unión Europea, o bien del uso de carbón mineral como parte significativa de la matriz energética europea.
Las imposiciones, como lo relata Jean de La Fontaine, se dan vía la fuerza, y la argumentación más solida es siempre la del más fuerte. Se supone que la Unión Europea, puede y tiene el derecho, más si la presión política interna le es insoportable, a generar canales de negociación con los países sobre de que manera podemos comerciar dentro de los parámetros de la OMC, y de qué forma garantizar con la información existente como por ejemplo lo hacemos con EE.UU., para exportar soja “EPA”, con una simple declaración del origen de la soja al comprador. Sin pasar por una intrincada, costosa y forzosa certificación impuesta sin ningún tipo de recompensa. Aclaro que la soja “EPA” viene con el atractivo de un plus de precio y es voluntaria.
Cuesta entender con qué velocidad se facilita a una organización para que monopolice las certificaciones millonarias como es el caso de Visec, tanto desde AFIP facilitándole la posibilidad de acceder a información del SISA, en la cual hay muy sensible información fiscal de contribuyentes amparada por el secreto fiscal que una organización privada elegida va a poder acceder.
En general el rechazo a la teoría de Jean de Lafontaine plasmada sobre la resolución de la Comisión Europea, se viene manifestando en distintos ámbitos. Caso el CAS (Consejo Agropecuario del Sur), como también el rechazo de países como Indonesia, Malasia, China y también países miembros de la Unión Europea como Austria, Polonia, Republica Checa, Lituania, Eslovaquia, Finlandia y Grecia, que piden que se “reconsidere la aplicación de la regulación de desforestación”.
Pero, analizando bien este asunto, ¿quién es el más débil? ¿El que tiene que abastecerse sí o sí de alimentos importados o quien los provee? No está tan claro quién es el lobo y quién el cordero en este caso.
El autor es productor agropecuario
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