“No terminan de entender”: la crítica de un ejecutivo pyme a una inminente nueva ley de biocombustibles

Luego de que el Gobierno dispusiera, hasta el 27 de agosto próximo, una nueva prórroga para la ley de biocombustibles vigente desde 2006, y mientras se espera que el Senado convierta en ley un nuevo marco para la actividad que baja de 10 a 5% el uso de biodiésel de soja en el gasoil, las empresas pymes del sector alertan que, de aprobarse la norma, con ese volumen de corte se avanzará hacia un modelo concentrado donde las pequeñas firmas no podrán afrontar los costos operativos.

“La industria está transitando una de las mayores crisis e incertidumbre de la historia”, dijo a LA NACION Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb). Explicó que en el sector se vive con “gran preocupación” la posibilidad de que se apruebe el proyecto que baja el uso avalado por Máximo Kirchner y con media sanción en Diputados.

Desde las pymes aseguran que podrían apoyan el proyecto de ley en caso de que no se modifique el valor vigente del uso de biodiésel de soja en el gasoil. “Nosotros no estamos en contra del texto de la ley, pero para lograr el consenso y proteger a la industria pyme necesitamos que se respete el corte del 10%”, afirmó.

Para esta actividad esa reducción significará bajar un 50% el volumen de mezcla del biodiésel de soja en el gasoil. Además, se faculta a la Secretaría de Energía de la Nación para disminuir el corte hasta un piso del 3%.

“Sería un importante vuelco para la industria pyme que fue concebida en el marco de un tejido político de promoción de las economías regionales. Sería una violenta transición de un modelo a otro que va a llevar a que muchas pymes cierren sus puertas a medida que esa ley se vaya implementando”, apuntó.

Precisó que en muchos casos los costos operativos no serían cubiertos. “En definitiva, quienes terminan siendo los ganadores de esa cuestión son los grandes productores que tienen grandes volúmenes de producción y de esta manera caeremos en un volumen concentrado de combustible, que es justamente lo que la ley 26.093 quería evitar”, reclamó.

Esa ley de 2006 estableció beneficios destinados a promover la inversión en plantas pymes y el desarrollo de las economías regionales con foco en evitar una concentración de la oferta de biocombustibles.

Sin embargo, según Jáuregui la iniciativa que espera la aprobación del Senado “va en contra de ese proyecto político que buscó promover la desconcentración. Estos giros de un lado para el otro son un poco la historia del desarrollo argentino, que estamos girando de un lado para el otro”.

El año pasado el Senado había votado por unanimidad prorrogar hasta 2024 el marco normativo de 2006. No obstante, el proyecto se frenó en Diputados y allí se impulsó, con el aval del diputado nacional Máximo Kirchner, la iniciativa que ahora es restrictiva con el biodiésel.

“Nosotros estamos en constante diálogo con las autoridades, pero ahora la pelota está más del lado legislativo que del Ejecutivo y en el legislativo es una situación bastante compleja porque hay mucho interés político, y como industria nos exceden”, señaló y agregó: “Parece que los legisladores no terminan de entender que al final la que queda perjudicada es la industria argentina, la economía regional, las pequeñas empresas y los trabajadores”.

A través del decreto 456, ayer el gobierno extendió el régimen hasta el 27 de agosto próximo. “Con esa prórroga estamos en el marco de mucha incertidumbre. Recién ahora tenemos publicado el precio de julio en $112.000 pesos la tonelada, pero todavía no tenemos el de junio. Sumado a que hubo una reducción en los volúmenes de comercialización”, apuntó el ejecutivo.

“El productor pyme y la industria de biocombustible necesita de reglas claras y de previsibilidad”, explicó el director de Cepreb, y agregó: “Si alguna de esas dos cuestiones no funciona, se refleja en una crisis para la industria. Por esa razón es que estamos transitando una crisis desde el año pasado y muchas empresas cerraron”.

Jáuregui sostuvo que durante el año pasado prácticamente el 100% de las empresas no pudieron trabajar y muchas de ellas cerraron. “Por falta de claridad de las políticas de la Secretaría de Energía, no teníamos precios”, precisó. En septiembre pasado, a través de una solicitada la cámara le pidió ayuda al presidente Alberto Fernández por la falta de actualización de precios en ese momento porque la última había sido en diciembre de 2019. Esto en un contexto de cuarentena en el que también sufrían la merma en la demanda. “Toda esta situación fue claramente muy perjudicial para la industria”, agregó.

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