La industria molinera, las empresas pesqueras, los exportadores de subproductos de soja y los productores de huevo rechazaron la mayor carga impositiva
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Luego de la decisión del Gobierno de poner un 15% de retenciones a diversos productos del agro, salvo un 8% para la vitivinicultura, el 0% con el cual quedarán 18 sectores y la suba del 31 al 33% para la harina y el aceite de soja, las diferentes cadenas de la agroindustria que tendrán una mayor presión impositiva expresaron su rechazo a la decisión. Según mencionaron, en el exterior van a preferir importar la mercadería sin valor agregado. Por estas horas habría presentaciones individuales de las diferentes cámaras y entidades para analizar con el equipo del Ministerio de Economía y la cartera de Agricultura los gravámenes de los rubros afectados. Habría luego contactos con gobernadores antes de que se presente en el Congreso el proyecto sobre los derechos de exportación.
“La definición de estas nuevas alícuotas nos van a sacar de mercado. Desconocemos cuál fue el criterio utilizado para la determinación de las nuevas alícuotas de exportación. Desde hace muchos años venimos haciendo un trabajo enorme por parte de la molinería en muchos mercados para sostener las exportaciones y año tras año venimos perdiendo. La molinería nacional exporta harina a dos países limítrofes: Brasil y Bolivia, por una cuestión de competitividad”, explicó Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).
Esta industria exporta, además de harina y otros productos, pellets de afrechillo a través de un modelo de cooperación entre 60 empresas. Se trata de un fideicomiso de la FAIM: “Habíamos logrado ganar el mercado mundial y estábamos siendo mayores exportadores de la cáscara del trigo y esto directamente nos saca del mercado. Estamos a favor de la exportación de toda la cadena de valor, pero la industrialización, por lo que aporta en retenciones y le agrega valor, tiene que tener un tipo de diferenciación”.
Justificó que “hacer un mercado de harinas lleva años”, por lo que este ya se había reducido a solo dos mercados. “Ahora esos dos mercados seguramente pasarán a comprar trigo. Todos tenemos que entender que las empresas que tienen capacidad ociosa cuando exportan bajan sus costos entonces se benefician los consumidores locales, y el Estado por el ingreso de divisas. Hay que quitar impuestos, no sumar. Sentíamos que era el modelo que necesitaba la agroindustria para duplicar las exportaciones. No salimos del asombro”, agregó.
Hoy la harina paga 5% de derechos de exportación y, al igualarse en el 15% con el grano del cereal, costará colocar el producto con valor agregado. “Una tonelada de harina en este momento va a pagar US$58 por tonelada exportada y una de trigo US$39. Esto no tiene sentido porque seguramente del exterior van a preferir importar trigo y nunca más harina”, explicó.
En este contexto, mañana el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, se reunirá con los distintos sectores de las economías regionales que representa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa [CAME]. Hay expectativas por lo que ocurra con el tabaco, algodón, maíz pisingallo, maní, productos avícolas, carne bovina, porcina, entre otros, que deberían pagar 15% aunque hay pedidos para que eso no ocurra.
“Nuestro problema es que tenemos los costos atados al dólar: salarios en los buques, combustibles o envases. Una devaluación no nos genera una renta extraordinaria en ningún caso. El producto langostino entero a bordo viene de un año de fuertes pérdidas por caídas de precios internacionales. Este proyecto de igualar afecta a los productos a los que se les agrega valor, costo, mano de obra. Esto quita la posibilidad de dar valor”, puntualizó Eduardo Boiero, coordinador en temas de pesca dentro del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), quien estuvo en reuniones que encabezó Juan Pazos, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, y Fernando Vilella.
Desde las intercámaras que representa a la industria pesquera argentina señalaron en un comunicado que si el 15% de derechos de exportación alcanza al sector, este se verá seriamente “perjudicado”.
“La corrección del tipo de cambio, como parte del sinceramiento de varias variables de la economía, es una medida que era necesaria. Si bien el 90% de la producción del sector pesquero se exporta, los costos están altamente dolarizados. La imposición de un 15%, sumado a un incremento del costo de los insumos, no solo licuarán los beneficios de un mejor tipo de cambio, sino que impactarán negativamente en la competitividad internacional de la pesca. Eso redundará en menos exportaciones, menos divisas para la Argentina y en la consecuente caída en la rentabilidad de las empresas”, expresaron.
Reflexionaron en que, “si bien ninguna medida será perfecta”, preocupa sobremanera que se puedan tomar otras que lleven a profundizar la crisis en un sector que genera más de 46.000 puestos de trabajo directos.
“Discriminación impositiva”
Ayer, mientras se conoció que 18 sectores seguirán con 0% de retenciones, el Gobierno decidió que pasen del 31 al 33% los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja. Al respecto, los exportadores de Ciara-CEC le hicieron llegar observaciones a las autoridades donde plantean que esta situación representa una “discriminación impositiva”.
“Las alícuotas menores [por el 31% actual] de los productos industriales de la soja son igualdad tributaria y no un beneficio. Igualar nominalmente las alícuotas es sobrecargar de impuestos a todo el proceso de transformación, transporte, logística y demás servicios que además son empleo industrial (22.000 directos y 53.500 indirectos). La eliminación del diferencial ataca el corazón de la bajísima rentabilidad que tiene la industria, que viene siendo golpeada desde hace varias campañas con el estancamiento de la producción de soja, situación que se agravó con la sequía del año pasado, generándose pérdidas millonarias para la industria”, señalaron.
Además, mencionaron que la eliminación del diferencial implica que la industria pierde poder de compra frente a la exportación del grano. “Lo que quiere la industria es poder pagar con el mismo derecho de exportación que lo hace el exportador de grano, es decir, pagar únicamente por la compra del grano, no por el procesamiento industrial. La eliminación del diferencial implica que sobre un valor FOB de US$100 la exportación pague de impuesto 33% y los productos transformados un porcentaje superior a 33% (paga 3% más). Hay una capacidad ociosa que está en 70% en estos momentos, con una próxima cosecha que podría mejorar su uso, y generar más divisas, pero ahora el Gobierno promueve la exportación sin procesar. La exportación de soja sin procesar es estacional, se ve casi exclusivamente a China, y por razones de calidad, el valor de la soja argentina está por debajo de los países vecinos y de USA. Eso va a repercutir en los ingresos de divisas y en el ingreso fiscal esperado”, advirtieron.
La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) solicitó también en un documento a la cartera agrícola que se excluya al huevo y a los ovoproductos en el listado de posiciones arancelarias que llevarán el 15% de derechos de exportación. “Entendemos el contexto de país, pero no es lo mismo cobrar el 15% a sectores primarizados, que cobrarle 15% a quienes transformamos y agregamos valor (mano de obra, energía, flete, servicios, etc.), a esos productos primarizados”, justificó Javier Prida, presidente de la entidad en un documento a Vilella.
Explicaron que la matriz de la industria esta dolarizada en un 85%, por lo que no cierra económicamente exportar a pérdida a $707 e importar (material genético, fármacos, envases, vacunas, insumos para la nutrición, equipamientos y repuestos) a 963,5 (ambos tipos de cambio al día de hoy). Hoy más de 1000 empresas familiares, afincadas en 16 provincias, con más de 18.000 empleados en forma directa, unos 12.000 en forma indirecta, ven esfumarse la posibilidad de salir a recuperar terreno en mercados externos, donde actualmente exportamos un tercio de lo que hemos exportado años atrás.
“Hoy en día nuestras empresas tienen costos de producción que superan holgadamente los precios de venta. Actualmente, una empresa que produce con 50.000 aves (similar al promedio país) tiene una pérdida del orden del $1.505,47 por cajón producido, con un agravante. Si la empresa es más chica, tiene más costos fijos y por ende su pérdida es mayor”, sostuvo Prida.
Capia ratificó que las actuales medidas, tal cual como están enunciadas, generan un desinterés en los mercados externos debido a que continúa la falta de rentabilidad. Con las actuales medidas se prevé una caída en los niveles de exportaciones en el rango de US$20.000.000, una baja del 33%.
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