En A Todo Trigo 2024, Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores de Granos, pidió no incrementar la presión impositiva al sector
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MAR DEL PLATA.- En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, Fernando Rivara, apuntó contra las decisiones que se han tomado en torno a la macroeconomía durante los últimos gobiernos y que afectaron al sector agropecuario. Pidió que se eliminen medidas que perjudican a los diferentes eslabones de las cadenas y la normativa del Banco Central de la República Argentina [BCRA], vigente desde el gobierno de Alberto Fernández, que encarece los créditos a quienes guardan más de 5% de soja. “Señor Presidente [Javier Milei], gobernadores, intendentes, en el campo no hay más plata. ¡Se acabó, miren para otro lado!”, dijo Rivara.
Ante un auditorio repleto en el Congreso A Todo Trigo 2024, que se realiza en esta ciudad bonaerense, Rivara sostuvo que en estos 20 años, con el pretexto de proteger la mesa de los argentinos, han “experimentado las más absurdas medidas relacionadas con el trigo”. Esto, según dijo, ha sucedido por el restablecimiento de las retenciones, restricciones cuantitativas, ROEs, cierre de exportaciones, volúmenes de equilibrio y fideicomisos como el FETA [Fodo Estabilizador del Trigo Argentino que fue eliminado definitivamente por el gobierno].
“Su resultado fue una mesa de los argentinos destrozada por la inflación, mientras nuestras producciones y exportaciones se desplomaron. Hace dos años, en A Todo Trigo 2022, dimos la voz de alerta diciendo textualmente: En doce años el gasto consolidado en los tres niveles públicos (nación, provincias y municipios) aumentó en 15 puntos respecto del producto bruto interno. En valores absolutos este aumento del gasto público representa alrededor de 60.000 millones de dólares anuales”, precisó.
Por eso, planteó: “¿Alguien duda dónde está la principal causa del aumento del déficit fiscal, de la deuda pública, de la emisión monetaria y de la inflación? Volver a los parámetros normales para estabilizar la economía es una tarea dolorosa, pero al mismo tiempo indispensable para pensar en el crecimiento. El desafío es tener un Estado eficiente, con funcionarios que se ocupen de mejorar la educación, la salud y la seguridad de los argentinos en un contexto de equilibrio fiscal. Para alcanzar esos objetivos necesitamos normas claras, justas y transparentes que permitan aumentar la productividad, producir, crear trabajo y generar riqueza”, explicó.
Dijo que la Argentina sale de la crisis de una sola manera: trabajando y produciendo con eficiencia. “Entendemos que las finanzas ocupen un lugar preponderante en la gestión gubernamental actual, pero hay que tener muy en claro que no hay salida si paralelamente no se atiende a la productividad. Los dólares no van a venir por ayudas externas, van a venir por exportaciones de trabajo argentino. Y es por eso que me permito destacar algunas restricciones actuales a la actividad productiva. En primer lugar, se debe ordenar todo lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas a través de una ley nacional, que brinde el marco general del uso de fitosanitarios. No puede ser que concejales de un municipio que nada entienden de esta materia o un juez, que no sabe diferenciar una vaca de un conejo, decidan la forma y distancia de las aplicaciónes de agroquímicos”, aseveró.
Hace años que existen proyectos legislativos sobre este tema. Resaltó especialmente el proyecto de la “red de Buenas Prácticas Agrícolas [BPAs]”, que resume la opinión de más de 90 cámaras del sector. Así, también dijo que la Argentina es un país agrícola y necesita una ley de medioambiente basada en datos científicos. “Necesitamos el compromiso del Poder Ejecutivo en este tema. En segundo término, insistimos, una vez más, que el Banco Central de la República Argentina [BCRA] discrimina a los productores agropecuarios al renovar una norma del gobierno kirchnerista que castiga a quienes necesitan financiar la producción y tienen más del 5% de su soja sin vender”, amplió.
El tercer punto, dijo, es resaltar lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, respecto de la relación insumo/producto del trigo, que afortunadamente, se está revirtiendo a partir del último mes. “Hoy tenemos recuperación del precio del trigo y caída en el costo de los insumos”, precisó.
Además, agregó que a esta situación se le suman aumentos desproporcionados de los peajes en rutas nacionales que están deterioradas, de los inmobiliarios rurales, o de municipios que violan la ley creando impuestos disfrazados de tasas. “Es inconstitucional utilizar sistemas de percepción bancaria para, en algunos casos, cobrar impuestos no legislados o por encima de lo establecido en las respectivas leyes. El Banco Central debería prohibir a los bancos realizar esas retenciones distorsivas que atentan contra la bancarización de nuestra economía. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre del campo argentino: señor Presidente [Milei], gobernadores, intendentes, en el campo no hay más plata. ¡Se acabó, miren para otro lado!”, lanzó.
“Si la Argentina no tiende una mirada a la productividad pagará un precio muy caro. Nos dicen que las cuentas del Estado no cierran, también le aportamos la solución al señor Presidente: elimine el privilegio que tiene un grupo de empresas instaladas en Tierra del Fuego. Son más de 1000 millones de dólares cada año. Desde 1972 todos los argentinos estamos regalando a esos empresarios montañas de dólares. Es hora de decir basta ¡son 52 años y más de 40.000 millones de dólares!”, estimó.
Descargo
“Basta de meterle la mano en el bolsillo a gente que está cosechando mucho menos de lo que pensaba, para regalarla a un grupo de privilegiados. También nos preocupan dos temas de índole comercial: el primero se refiere a los problemas que podría ocasionar el trigo transgénico HB4, situación que ya hemos expuesto al Gobierno. Como los trigos transgénicos no son aceptados por los compradores externos, cualquier contaminación, hasta la no voluntaria, podría originar el rechazo del trigo de origen argentino, lo que implicaría una inevitable caída de su precio y el desprestigio para el país. En dicho caso ¿quiénes se harán cargo de los costos ocasionados?”, planteó.
Por otra lado, dijo que el otro tema comercial se refiere a la necesidad de preservar las condiciones de transparencia, competencia, eficiencia y equidad que debe tener el mercado de granos. “Lamentablemente en los últimos años se advierte una tendencia a consagrar situaciones distorsivas impuestas por los compradores finales. La exportación ha roto una norma histórica cual era que el exportador siempre pagaba con el tipo de cambio que cobraba. Es inadmisible lo que ha pasado desde diciembre hasta acá donde este sector se ha apropiado de una renta que no le corresponde. Se lo hemos reclamado al presidente de Ciara-CEC, [Gustavo Idígoras], pero nos gustaría escuchar las palabras de los presidentes de las empresas exportadoras justificando su actitud”, lanzó.
Planteó también que los mecanismos de liquidación y pago de las operaciones de venta de granos a los productores generan un problema que ocasionan los exportadores. “¿Alguien puede explicar por qué, en las operaciones con mercadería conforme o la enviada a fijar meses atrás, los exportadores pagan el 97,5% de contado y el 2,5% restante a 30 días sin ajustes ni intereses? Este año un exportador pagó, a 30 días, el 5% del trigo. Esos mismos compradores, cuando compran en el Matba/Rofex, pagan el 100% al contado. Años y años hablando con la FAIM [Federación Argentina de la Industria Molinera] para que desaparezca la condición “análisis molino”. ¿Se puede ignorar el derecho elemental de recurrir a la cámara arbitral para analizar calidad cuando hubiera discrepancia entre las partes? ¿Donde están los dueños de los molinos explicando esta situación?”, apuntó contra los presentes.
Según narró, estos temas fueron expuestos por la Federación a la Secretaría de Bioeconomía para su análisis y consideración en una “mesa de comercialización, transparencia y desregulación del mercado granario”.
“Aguardamos definiciones concretas de los funcionarios. Y así como el estado tiene materias pendientes, en el sector privado no estamos exentos de la necesidad de urgentes cambios”, dijo. En consonancia apuntó: “¿Cómo vamos a ser competitivos si meter una mercadería adentro de un contenedor nos cuesta 50 dólares más por tonelada que nuestros competidores brasileños? Urge escuchar las propuestas de desarrollo que tiene el gobierno para salir de esta decadencia vergonzante. Y, si no, que nos convoquen para colaborar. Estamos viviendo momentos de cambios trascendentales, hemos asumido un enorme sacrificio personal porque aprendimos que hay cosas, como el superávit fiscal, que son elementales, que no tenemos destino si no limpiamos de toda corrupción los estamentos de los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales”.
“No es la primera vez que la sociedad debe sufrir importantes ajustes. No podemos, una vez más, tirar a la basura todo este esfuerzo descomunal. Esto es responsabilidad de los funcionarios, pero también de nosotros, que debemos acompañar con nuestra labor cotidiana con honestidad y rectitud. Esta nueva oportunidad solo verá el éxito si somos una sociedad de conductas transparentes y debatimos los temas con respeto. Hay mucho por hacer en la Argentina, hay enormes oportunidades, tenemos ventajas difíciles de conseguir en otros países; podemos construir una Argentina nueva, con desarrollo, sin pobreza y exitosa. De nosotros depende”, cerró.
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