Si bien no brindaron detalles, fuentes de la cooperativa láctea admitieron conversaciones con posibles interesados en su actividad; disputa con referentes del sindicato Atilra
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A cinco meses del inicio de las medidas de fuerza promovidas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) en la cooperativa SanCor, la empresa avanza con acciones legales contra delegados sindicales y, al mismo tiempo, mantiene conversaciones con posibles inversores, según admitieron en la compañía.
En diálogo con LA NACION, fuentes de la firma dijeron que se “está dialogando con un grupo de potenciales inversores nacionales y extranjeros”. Pese a las consultas, no brindaron más detalles sobre esas conversaciones.
Vale recordar que, durante dos años, estuvo en escena la posibilidad de un rescate de SanCor vía un grupo empresario de diversos sectores que acercaron la propuesta para hacer un fideicomiso. Debían juntar US$60 millones, pero esa opción nunca prosperó.
SanCor entró en crisis en 2017 y se vio obligada a una reestructuración por la cual pasó de procesar más de 3,5 millones de litros diarios a un nivel de menos de 1 millón de litros por día: según el momento, estuvo entre 500.000 y 700.000 litros diarios en el último tiempo.
A mediados de octubre pasado, el gremio lechero inició asambleas que afectaron la producción de SanCor. La firma cerró la planta de San Guillermo, en Santa Fe, y redujo su volumen general. En ese momento informó la pérdida de $4500 millones por caída de la producción en general. Atilra primero empezó su protesta por las demoras en conformar el fideicomiso y luego trasladó el reclamo a la deuda salarial.
A pesar de que actualmente fuentes cercanas a la firma aseguran que el trabajo en las plantas es “casi normal”, porque sigue habiendo inconvenientes en la sede de Sunchales, el conflicto está lejos de haberse solucionado. En dicha planta actualmente hay fuerzas policiales que fueron enviadas por el gobierno de Santa Fe que conduce Maximiliano Pullaro.
En este contexto, según pudo saber este medio, la cooperativa presentó al menos seis denuncias contra delegados del sindicato por una serie de abusos que habrían cometido contra la empresa y su personal en el Ministerio Público de Santa Fe. Estos hechos incluyen casos de supuesta coerción hacia empleados no sindicalizados, bloqueo de camiones de carga y la violación de una conciliación obligatoria por parte de trabajadores en asamblea.
Entre estos casos, según pudo averiguar este medio está uno que habría ocurrido el 24 de noviembre de 2023 en el que siete delegados habrían coaccionado a un empleado no sindicalizado de la administración central en Sunchales, mediante amenazas, para que asistiera a la asamblea que estaban llevando a cabo. El empleado afectado denunció internamente el incidente y las autoridades de la empresa procedieron a reportarlo ante la Fiscalía.
Por otro lado, también se hicieron actas por bloqueos como el 20 de diciembre pasado cuando se impidió que dos camiones cargaran productos terminados en Devoto, Córdoba. “Los cuatro activistas, todos miembros de la comisión directiva de la seccional local, afirmaron haber recibido ‘directivas del secretariado nacional del gremio para evitar el ingreso’”, según pudo saber este medio.
También el 29 de diciembre último inspectores habrían confirmado que trabajadores en la planta de Balnearia seguían realizando asambleas a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el exMinisterio de Trabajo.
La semana pasada, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al conflicto que enfrenta la empresa láctea con el gremio y anunció que se presentará un proyecto que busca penalizar los bloqueos. Esto ocurrió durante la presentación en la Casa Rosada de las principales medidas de seguridad que serán expuestas en el Congreso.
Bullrich afirmó: “Proponemos otro proyecto que ha sido uno de los problemas serios que ha tenido Argentina, que son los bloqueos. Hoy tenemos bloqueada la empresa SanCor en Sunchales, provincia de Santa Fe. Proponemos un tipo penal para el bloqueo a comercios, industrias o cualquier establecimiento, con una pena que irá de 4 a 6 años”.
En este marco, la semana pasada Atilra denunció supuestos desvíos de fondos en la empresa “para no pagar a los trabajadores ni a los acreedores”. El gremio involucró presuntas ventas a Cuba. Sin embargo, luego SanCor se refirió a lo planteado por el gremio. “Ante ciertos comentarios maliciosos que intentan establecer una información falsa sobre supuestas maniobras relacionadas con los negocios de exportación, SanCor Cooperativas Unidas Ltda. desea hacer conocer a la opinión pública que SanCor no realiza exportación directa de leche a Cuba desde el año 2016. Todas las operaciones productivas y comerciales de la Cooperativa cumplen con los requisitos legales establecidos por las leyes argentinas y se encuentran sometidas al control de las autoridades pertinentes en la materia”, dijo.
Agregó: “Agradeceremos no hacer caso de operaciones mediáticas que solo intentan, de manera reiterada y maliciosa, confundir a la opinión pública”.
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