“Murió la vaca lechera”: un intendente bonaerense quería subir 110% una tasa y, sin apoyo, ahora pretende un 40%
En Salto, provincia de Buenos Aires, las entidades ruralistas lograron que el jefe comunal, Ricardo Alessandro, baje a ese último porcentaje el aumento para la contribución por red vial; quejas por la presión impositiva en general
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LA NACIONMariana Reinke
Luego de que el viernes pasado no se llegara a buen puerto, las entidades ruralistas del partido bonaerense de Salto volvieron a reunirse con el intendente, Ricardo Alessandro, y otros funcionarios y ahora sí habrían llegado a un principio de acuerdo en cuanto al aumento del valor de la tasa de red vial del año que viene. De la propuesta inicial por parte del ejecutivo municipal, que pretendía un incremento del 110%, ahora les ofreció un 40% de aumento para las dos primeras cuotas y luego dejar abierta la posibilidad de sumar otro 30% para los tres pagos restantes. Los representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS), de Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Federación Agraria Argentina (FAA) quedaron en que contestarían mañana su aceptación.
Marcos Mathé, productor y director de SRA, rescató la buena predisposición del intendente a la hora de escuchar los reclamos y rever su primera postura con un incremento del 110%.
“Ahora suspendió esa suba y va a presentar en el presupuesto solo el 40%, sumado a una quita por buen pagador del 25%. Y, para mitad de año se convocaría a una nueva reunión para discutir un nuevo aumento del 30% más para las tres cuotas finales. Fue una buena reunión pese a que no entienden que el campo no puede pagar lo que pretenden cobrar”, dijo a LA NACION. Según sus cálculos, la tasa quedaría ahora en promedio entre $12.000 y $15.000 por hectárea y por año: “Valoramos lo del municipio, pero sigue siendo para el productor una suma importante”.
En la primera reunión, la cuenta era superior y daba que un productor de 200 hectáreas o más pagaría más de $20.000 por hectárea; mientras que los ruralistas argumentaban que el aumento no podía exceder el 20%, que es la inflación proyectada por el gobierno nacional. En una superficie de 161.000 hectáreas en el partido existen 1300 kilómetros de caminos rurales que, según los productores, en los dos últimos años han mejorado bastante.
El problema, para Mathé, es muy simple. Con el tema que se les han cortado todas las transferencias de provincia y Nación, todos los municipios la están pasando mal porque no achican sus estructuras de empleados, no se pueden mantener y se agarran de las tasas para cubrir esos costos.
En este sentido, recordó que la tasa vial, sumando el impuesto inmobiliario rural, hace que la producción agropecuaria se torne inviable: “Si uno tiene que pagar de 17.000 a 20.000 pesos por hectárea por año y a eso le tenés que agregar unos $60.000 por el inmobiliario rural, la cifra es $80.000, solo con esos dos tributos. Sin olvidar que el productor tiene retenciones, un aumento de Bienes Personales y de Ganancias. Lo que no se dan cuenta es que han destruido al productor, se acabó la rentabilidad, se murió la vaca lechera del campo”.
En esa línea, Rodrigo Nider, productor agropecuario y representante de FAA, señaló que se acercaron bastante las posiciones. Lo único que les no cierra es dejarle, a través de la ordenanza impositiva, la facultad al Ejecutivo de que en el segundo semestre pueda aumentar un 30% adicional.
“La idea del municipio es que, antes de que se concrete ese aumento del 30%, reunirse con las entidades ruralistas. Quedamos mañana en responderles para que ellos tengan la posibilidad de presentar en tiempo y forma sus papeles”, detalló. “La reunión a mitad de año la vamos a tener que hacer, sea por su idea o por la nuestra. La nuestra es plantarnos en el 40% y nada más”, agregó.
Según les dijeron en el municipio, en el presupuesto para el ejercicio actual 2024 la recaudación por tasa vial es de $1000 millones y llevan afectado al mantenimiento de los caminos el 60%. “Ellos [el municipio] pueden disponer libremente de la plata. En el mantenimiento de caminos, históricamente las partidas andan en el orden de entre el 30 y 40% y el resto va a rentas generales, porque la ley impositiva lo permite, no hay fondos afectados. Si ellos quisieran, pueden utilizar el 10% de todo porque se lo permite el Tribunal de Cuentas, pese a que la tasa debe ser una contraprestación. En los municipios donde hay consorcios de mantenimiento tampoco le dan el 100%. Los municipios disponen de la recaudación de una tasa como si fuera un impuesto”, finalizó Nider.
Por Mariana Reinke
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