Se trata de normativas que regulaban, por ejemplo, el precio de la carne vacuna
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Con eje en desburocratizar, allanar el camino al sector privado y economizar recursos, el Gobierno derogó una serie de resoluciones ligadas al sector agropecuario que le permitían al Estado, entre otras cuestiones, fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria. Así fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial las resoluciones 1212, 433 y 434/24. Fueron rubricadas, según las resoluciones, por distintas autoridades de Economía. Hace unas semanas el Gobierno había eliminado otra veintena de resoluciones sobre el sector.
En este sentido, en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la baja de más de 40 resoluciones, de las cuales al menos 10 tienen origen agroindustrial. En detalle, ya no estarán las resoluciones 1/2006 y 38/2008, que regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica como los de consumo comercial minorista o mayorista. También se derogó un programa de estímulo al pequeño productor de granos que tenía el objetivo de otorgar compensaciones económicas.
Con la resolución 1/2006, el gobierno de Néstor Kirchner, con Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior, estableció un sistema de precios máximos y de control de la comercialización de la carne vacuna de los frigoríficos, con el fin de evitar aumentos en los precios y, por ende, el desabastecimiento en el mercado interno.
Por otro lado, el Gobierno anuló un registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Estado y otro registro de Productores Lácteos Beneficiarios que regulaba “un programa que ya caducó”. En 2014 el gobierno kirchnerista aprobó en la resolución 208 un registro obligatorio de productores lácteos para identificarlos si eran beneficiarios de programas, de asistencia financiera o de subsidios.
Además, la administración de Javier Milei suprimió un aporte de $0,15 del Estado en concepto de compensación a las industrias lácteas por cada litro de leche para mantener el precio de la leche. En la misma línea, con la resolución 170 de 2008, el gobierno de ese entonces, en vez de tomar medidas para frenar la inflación, buscó parches para frenar la suba de precios de la leche en la Argentina, otorgando ese aporte de $0,15 por litro de leche en compensación de los aumentos en los costos en la producción.
Asimismo se derogó un programa de estímulo al pequeño productor de granos que tenía el objetivo de otorgar compensaciones económicas y una resolución que otorgaba aportes no reintegrables a pequeños productores tamberos.
También se dio de baja las resoluciones 1/2021, 743/2022, 118/2023 y 1626/2023 que firmaron de manera conjunta el exMinisterio de Desarrollo Productivo y el exMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca que implementaba un mecanismo de compensación para el sector aceitero que hoy “se encuentra en desuso”.
Se dio de baja también la resolución 155/2007 que otorgaba una compensación de $30 por kilo a aquellos agentes minoristas que comercialicen papa “calidad comercial, de características normales y habituales”. En 2007, nuevamente el kirchnerismo, con el mismo afán intervencionista de controlar los precios, otorgó esa compensación a favor de los minoristas que comercializaban el producto a precios establecidos por el Gobierno.
También se dio de baja el Mercado Federal Ambulante, “un programa inactivo”; el Plan Productivo Verde, “un programa en desuso”, y el programa de fomento al sector aceitero que luego estableció, con otra resolución (804/2023), “los requisitos a cumplir por las empresas alcanzadas para disponer del pago de las compensaciones correspondientes”.
También fue dada de baja la resolución 1280/2023 que creó el programa de aporte de nutrientes 2023 para brindar apoyo a pequeños y medianos productores de trigo y maíz para el incremento de la dosis media de fertilización nitrogenada. Y, en consonancia “para economizar recursos del Estado”, el Gobierno resolvió retirar el Programa Agropymes Sustentables que estaba en desuso.
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