“Moderna y equilibrada”. Beneplácito en el agro de Entre Ríos por la nueva ley de aplicaciones de fitosanitarios
La provincia aprobó una normativa que aborda el uso de productos estableciendo controles, zonas de exclusión y de amortiguamiento, además de medidas de monitoreo ambiental
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LA NACION Belkis Martínez
Después de varios años de trabajo en los que participaron organismos gubernamentales, las entidades del sector agropecuario y expertos de Entre Ríos, en esa provincia se aprobó la nueva Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios. Este jueves, la Cámara de Diputados sancionó con 26 a favor y 8 en contra el proyecto que había venido en revisión del Senado. El Poder Ejecutivo tiene 90 días para su reglamentación, que se hará dentro de ese periodo a través de un decreto.
La ley aborda estrictamente el uso de productos fitosanitarios, estableciendo controles, zonas de exclusión y amortiguamiento, además de medidas de monitoreo ambiental. La creación de registros obligatorios para los actores involucrados (usuarios, aplicadores, expendedores) y el cuerpo de inspectores que refuerzan el control del uso de productos. Destaca la aplicación de sanciones severas e intenta garantizar el cumplimiento de las mismas.
Respecto de las zonas de exclusión, en primer término se habla de áreas sensibles con asentamientos de personas. De acuerdo a lo dispuesto, en este caso la zona comprende, para aplicaciones con equipos de accionamiento manual o vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de diez metros inclusive; para aplicaciones terrestres, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 100 metros inclusive, y para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 200 metros inclusive.
En cuanto a las áreas sensibles sin asentamientos de personas, según la normativa los límites superiores bajan a la mitad. Así, para aplicaciones con equipos de accionamiento manual o vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde el límite del área sensible sin asentamiento de personas hasta un radio de cinco metros inclusive; para aplicaciones terrestres, desde el límite del área sensible sin asentamiento de personas hasta un radio de cincuenta metros inclusive y; para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde el límite del área sensible sin asentamiento de personas hasta un radio de 100 metros inclusive.
Sobre las zonas de amortiguamiento, se establecen áreas sensibles con asentamientos de personas y en este caso el sector que abarca, para aplicaciones con equipos de accionamiento manual o vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde los diez metros establecidos [fijado en el artículo 63] hasta un radio de 30 metros inclusive; para aplicaciones terrestres, desde los 100 metros establecidos hasta un radio de 300 metros inclusive, y para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde los 200 metros establecidos [del artículo 63] hasta un radio de seiscientos 600 metros inclusive.
En 2019, en esa provincia, se inició el proceso de trabajo intersectorial para la construcción de la nueva ley “superadora” que tuviera “cierta lógica”. Había productores que tenían que pedir autorización a un juez. Hoy, las entidades rurales celebraron finalmente haber dado el “salto cualitativo”, ya que trabajaban con una ley que había quedado “vieja”, y que tenía grises para los productores. Como resultado, prevén que esto se transforme en una mayor cantidad de hectáreas sembradas.
José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo a LA NACION que desde el gobierno de Sergio Urribarri (2007-2015) venían trabajando expertos del Senasa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las entidades del campo, aplicadores y productores para poder hacer una ley acorde. Desde entonces, la ley estuvo “cajoneada” o cuando llegaba a última instancia en el recinto no se aprobaba. “El productor no podía sembrar porque podía tener problemas legales; íbamos de amparo en amparo. Para no correr riesgos se dejaba de sembrar. Permanentemente, cuando venía un mosquito a hacer una aplicación, había denuncias de ambientalistas. Había jueces que no estaban en capacidad de entender lo que se hacía. Hoy, con esta ley se puede salir a hacer aplicaciones de fitosanitarios”, dijo Colombatto.
Los productores, agregó, se veían en la situación incluso de volver “al arado”, dada la cantidad de restricciones que tenían para poder producir con la vieja ley. “La nueva ley lo que más alcanza son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), cuida el medio ambiente, la población rural y las distancias”, enumeró. En rigor, la nueva ley también considera, entre otros puntos, los cuidados de los agrónomos a la hora de emitir una receta y los aplicadores, así como las penas severas en caso de que se hagan mal las aplicaciones. “La que había era una ley que quedó obsoleta, vieja, no se habla de buenas prácticas. Ahora hay una precisión a la hora de aplicar fitosanitarios, con la gente que maneja máquina más eficiente. Estamos contentos porque somos una provincia muy agrícola y necesitábamos tener una ley para que el productor trabaje tranquilo”, extendió el Vice de CRA.
Juan Diego Etchevehere, productor agropecuario y Director de la SRA por el Distrito Entre Ríos, añadió que la Ley de Aplicación de Fitosanitarios fue una construcción colectiva de las instituciones entrerrianas que trascendió diversos gobiernos y que el actual [de Rogelio Frigerio] supo concretar. “Después de 44 años, la nueva ley viene a actualizar el uso y aplicación de fitosanitarios en Entre Ríos, con el propósito de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad agropecuaria, de proteger y conservar la salud y gozar de un ambiente sano y equilibrado. Todo ello con el firme objetivo de potenciar la producción agropecuaria y contribuir así a la seguridad alimentaria y el desarrollo del campo entrerriano de manera sostenible”, resaltó.
El productor señaló que el Distrito Entre Ríos de la SRA fue miembro fundador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), donde participan activamente junto a 32 organizaciones representativas de la mayoría de los sectores económicos de la provincia. “Este espacio fue central para la materialización de la reciente norma. Los productores entrerrianos contamos, a partir de ahora, con una norma jurídica moderna y equilibrada que nos devuelve la seguridad jurídica necesaria para llevar adelante con tranquilidad nuestra actividad, que es el motor de la economía provincial”, precisó.
La ley, dijeron, contó con el impulso del exsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo. A lo largo de los años, agregó Colombatto, se ponían palos en la rueda para que la ley no se aprobara. En el medio, el resto de las entidades como Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro y CRA conformaron la Mesa de Buenas Prácticas que llevaron a un resultado positivo.
Por Belkis Martínez
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