Si la liquidez es una de las claves para decidir una inversión, la profundidad del mercado inmobiliario rural argentino es tan baja que, para poder concretar una venta, las transacciones por arriba de ciertos montos o en zonas marginales obligan a descuentos importantes mientras que otras mas pequeñas, si bien pueden defender mejor el precio, requieren de paciencia.
SALIC, la empresa estatal saudita fundada en 2011 y enfocada en el negocio agrícola-ganadero, anunció la compra de 76.000 hectáreas en Australia, operación que incluye 40.000 cabezas de ovejas merino y otras 124.000 hectáreas en alquiler en treinta propiedades en una cifra estimada de US$100 millones. Ya en 2015 SALIC había adquirido el 20% del frigorífico Minerva en Brasil y más recientemente otras 150.000 hectáreas en Ucrania.
Por otro lado, si bien en los Estados Unidos existen limitaciones en ciertos Estados a la venta de tierra a extranjeros, no solo existen inversores institucionales (compañías de seguros o fondos de pensión) locales, regionales o nacionales que adquieren tierras, sino que, además, el financiamiento de hasta 30 años y a tasas competitivas que acceden los productores permite que la venta de campos sea ágil y competitiva.
En la Argentina, a la falta de financiamiento de largo plazo se suma la minúscula presencia de inversores extranjeros por el combo de las restricciones de la ley de tierras, la inseguridad jurídica e imprevisibilidad económica, dejando un mercado que tracciona en cámara lenta. Fomentar que los mercados de capitales desarrollen estructuras para que inversores privados inviertan en tierras podría darle un poco más de oxígeno al mercado. Porque esperar que la Anses disminuya sus colocaciones en títulos de la deuda pública argentina (más del 60% de su portafolio) por inversiones que genuinamente protejan el capital de sus aportantes suena a fantasía.
El autor es socio de Grupo Agrarius (www.grupoagrarius.com)
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