El Gobierno reabrió parcialmente las exportaciones de maíz que había decidido cerrar el 30 de diciembre pasado en el mismo momento en el que comienza el cese de comercialización de granos dispuesto por la Mesa de Enlace por 72 horas en protesta por esa medida.
En un comunicado, el Ministerio de Agricultura informó que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias.
"Considerando desde el gobierno nacional que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de DJVE de Maíz", afirmó la cartera que conduce Luis Basterra.
Agricultura informó que habrá un monitoreo de la comercialización del cereal en el mercado "a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20". Con ese propósito, las "DJVE Maíz (de la campaña 19/20) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias".
Hasta ayer ni los exportadores ni los dirigentes de la Mesa de Enlace conocían esta decisión que el Ministerio de Agricultura dio a conocer a las 0 horas, en el mismo momento que comenzaba la protesta ruralista.
Los dirigentes rurales habían afirmado que estaban dispuestos a levantar la medida si el Gobierno daba marcha atrás con el cepo al maíz. Ahora deberán decidir si la suspensión parcial es suficiente.
El paro, el segundo desde que asumió el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019, no incluirá medidas de ningún tipo para la hacienda ni tampoco para los alimentos. "Hay que llevar tranquilidad a la gente: no habrá desabastecimiento", dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a LA NACION.
Solo en algunos puntos del interior del país habrá presencia de productores al costado de las rutas para concientizar a la población sobre el reclamo del campo. "Queremos levantar en lo más alto nuestra posición", señaló Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El anterior paro contra el gobierno de Alberto Fernández había sido en marzo de 2020, apenas unos días antes de que el país entrara en cuarentena por la expansión coronavirus. Fue en respuesta al aumento de los derechos de exportación (DEX) a la soja, que entonces pasaron del 30 al 33 por ciento que tributa actualmente la oleaginosa.
"El campo no tiene paciencia para estas medidas kirchneristas", expresó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, en referencia a la suba de retenciones y cupos a la exportación vigentes en los dos mandatos de Cristina Kirchner. "Estamos decepcionados", añadió el ruralista.
El Gobierno suspendió las exportaciones de maíz hasta el 1°de marzo próximo con el argumento de que solo hay disponibles poco más de 4,2 millones de toneladas del cereal, necesarias para el consumo de pollos, cerdos y vacunos, hasta la entrada de la próxima cosecha, a fin de febrero. Según la explicación oficial, una puja por ese maíz entre la industria abastecedora del mercado interno y los exportadores podía empujar a nuevos aumentos de esos alimentos, en un proceso de aceleración del índice del costo de vida.
Tras la suspensión, los exportadores y parte de la cadena agroindustrial le presentaron sus cálculos al Ministerio de Agricultura e informaron que el stock disponible es superior al estimado. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hay unos diez millones de toneladas en stock por valor de poco más de US$1000 millones, con el 93% de la antigua cosecha ya exportada.
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