Cuando el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo hace diez días que el maíz, el trigo y la carne eran considerados “bienes culturales”, en el campo entendieron rápidamente que la fijación de nuevas medidas de intervención, con el argumento de proteger al mercado interno, era cuestión de días.
Pese a que tras la derrota de las PASO la coalición oficialista buscó en Domínguez a una figura dialoguista con el campo para intentar capturar los votos que le fueron esquivos en las zonas rurales de la región pampeana, la decisión conocida hoy (los exportadores deberán respaldar, entre otros requisitos, con mercadería física los embarques que anotan para colocar en el exterior) no parece restablecer la confianza con la producción, según se desprende de las primeras reacciones de los dirigentes rurales.
Este nuevo requisito para los exportadores se suma a la demora en flexibilizar el cepo a la carne, tal como el propio Domínguez prometió hace diez días. En Agricultura explican que la resolución que autorizará las exportaciones de cortes que provengan de la llamada “vaca conserva”, la que llega al final del ciclo productivo, se conocerá en estos días. Sin embargo, los productores advierten que cuando se trata de liberar algo el Gobierno es lento, pero cuando hay que limitar, actúa rápido.
En el ruralismo también ven con desconfianza la llegada a la Secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti. Este economista, como integrante del equipo de Amado Boudou, promovió en 2011 la creación de una agencia estatal para el comercio de granos con el objetivo de regular los precios de los alimentos y controlar las divisas del comercio exterior. El proyecto no se concretó, pero el año pasado el propio Feletti, en un artículo publicado en El Destape, defendió la expropiación de la cerealera Vicentin como el eje de una relación estratégica con China.
Más allá del cambio de figuras del Gobierno, lo evidente es que esta nueva limitación llega cuando los productores se encuentran sembrando el cereal de la campaña 2021/2022. Según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se calcula una siembra récord de 7,1 millones de hectáreas que arrojaría una producción de 55 millones de toneladas. “Hay que ver si los productores que pensaban hacer maíz tardío (que se siembra partir de noviembre) para escapar a la escasez de agua que se pronostica por La Niña no se van a inclinar por la soja, un cultivo que requiere menor inversión”, se preguntaba un experto del mercado de granos, que pidió reserva de su nombre. “Si saben que el Gobierno va a intervenir, quizás también fertilicen menos el maíz que ya sembraron”, añadió.
Ese círculo vicioso tiene un resultado conocido: cuando hay más intervención estatal, hay menos inversión y menos producción. El resultado es menor generación de riqueza. El maíz genera el 40% del Producto Bruto Agrícola (detrás de la soja) con exportaciones anuales por poco más de 8600 millones de dólares. Se juega con fuego.
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