Los dilemas del ministro Domínguez: los 25 millones de toneladas de trigo, la crisis de los fertilizantes y una medida que ya tomó Macri

Con la apertura para registrar ocho millones de toneladas de trigo para la campaña 2022/23, que se iniciará en menos de dos meses, el Ministerio de Agricultura pretende darle una señal a los productores para que no reduzcan el área sembrada con el cereal en el próximo ciclo. Esto sucede cuando las entidades rurales de base están impulsando medidas de protesta que pueden ir desde marchas a ciudades hasta un cese de comercialización en rechazo a las medidas de intervención del Gobierno.

“Queremos darles a los productores previsibilidad para que la próxima siembra de trigo sea récord”, dijo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en la conferencia de prensa que organizó hoy su cartera para explicar la suba de retenciones a los subproductos del complejo sojero con el que se crea un fondo fiduciario para subsidiar la venta de pan en el mercado interno.

El mes pasado, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el ministro Domínguez había anunciado un programa para llegar a un volumen de producción de 25 millones de toneladas en la próxima campaña, con apoyo de créditos de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

En tanto, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, explicó luego que, con la apertura para registrar ocho millones de toneladas de trigo para la próxima campaña, el Gobierno busca que los productores “tengan la posibilidad de hacer buenos negocios”. Para Domínguez, “el productor argentino no captó el precio bélico”, en referencia a que más del 70% del cereal cosechado en la última campaña ya se había vendido.

A su vez, Preciado Patiño explicó que en Agricultura buscan “llevar a niveles altos de producción” al trigo.

Pero uno de los cuellos de botella que se presentan es el del consumo de fertilizantes, no solo por la suba de los precios internacionales, que ya venían en alza antes de la guerra, sino por las restricciones a las importaciones que estableció el Gobierno por la escasez de dólares del Banco Central. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que un freno a las importaciones de fertilizantes podía provocar una merma en las exportaciones de trigo y maíz por entre US$3500 y $4000 millones.

El año pasado hubo un récord en el consumo de fertilizantes con 5,6 millones de toneladas, de los cuales 1,1 fueron de producción local, básicamente de urea, por el incremento de las cosechas de trigo y maíz. “El año pasado se necesitaban US$4400 millones en fertilizantes, este año US$5600, estamos en un problema global”, dijo Domínguez en referencia al alza internacional de los precios de los productos derivados del gas y el petróleo.

El tema fue analizado por los ministros de Agricultura de todo el continente en una conferencia virtual convocada por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) a instancias de Brasil, ya que el país vecino importa el 80% de los fertilizantes que consume. “Lo estamos hablando también a nivel de FAO”, añadió Domínguez.

Ante una pregunta de LA NACION sobre si el Gobierno estudiaba una baja en los aranceles de importación de fertilizantes para favorecer la siembra de trigo, en Agricultura dijeron que eso “depende del Ministerio de Economía”.

Una fuente del sector explicó que los US$1130 que se cotiza la urea importada “antes de empezar a bajarla del barco hay que pagar US$423,5 a la AFIP y a la Aduana, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, anticipo de Ganancias e Ingresos Brutos e IVA, lo que suma un 38%”. Y añadió: “en Uruguay es cero por ciento”.

Respecto de las trabas para importar fertilizantes por las restricciones cambiarias, Domínguez informó que se reunió con funcionarios del Banco Central y con directivos de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) para que “la Argentina no tenga ningún problema de fitosanitarios” y fertilizantes. “Lo estamos siguiendo día a día”, dijo.

Diferencial

La otra señal que buscó darle Domínguez a los productores es que por la eliminación del diferencial arancelario entre el poroto de soja y los subproductos no debería haber descuento en el precio que la industria y los exportadores pagan por la oleaginosa.

“Ya hacían un descuento de 33% sin discriminar que fuera harina o aceite”, dijo el funcionario. “No hay ninguna razón para que el productor sea el perjudicado”, señaló Domínguez, aunque no especificó si se aplicará alguna herramienta de lealtad comercial para corregir eventuales distorsiones.

Los analistas del mercado de granos proyectan una baja de US$16 dólares la tonelada de la soja en la capacidad de pago del complejo oleaginoso luego de la unificación arancelaria. La industria, en cambio, alega que el diferencial le permite tener un precio más estable durante el año, especialmente en los meses de primavera-verano, cuando el nivel de molienda es menor respecto del pico de la cosecha.

La unificación arancelaria entre los productos derivados de la soja es una medida que ya se había adoptado durante el gobierno de Mauricio Macri, en agosto de 2018, cuando se desató la crisis financiera.

Domínguez, no obstante, remarcó que la decisión de unificar las alícuotas fijada en el decreto de hoy es temporaria, y vence a fin de diciembre próximo.

Conforme a los criterios de

Conocé más

El campo frente al gobernador Kicillof

“Le metemos". La promesa de un productor chaqueño a Milei si saca las retenciones

“Precios caros”. Los contratistas agrícolas se quejan de lo que vale la maquinaria y piden más importación