“Los contribuyentes son héroes”: el abecé de la evasión fiscal en la Argentina y su lugar en América Latina

Resulta contundente que el único ingreso genuino del Estado sean los impuestos, por lo tanto, hay que cuidar su recaudación y utilizarla eficientemente para la prestación de los servicios esenciales que el Estado debe cumplir. Se espera que la Argentina incremente su actividad empresarial, con más riqueza y nuevos puestos de trabajo, lo cual queda frustrado por el contexto que incentiva a la evasión. Sin embargo, por estas maniobras fraudulentas el Estado pierde por año un 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

A nivel mundial, la Argentina está en el 5to lugar dentro del ranking de evasión. Por maniobras fraudulentas se pierde una recaudación por año de 20.000 millones de dólares equivalente a un 4,4% del PBI. Mientras que dentro de los porcentuales dentro de América Latina está Colombia con el 45%, Costa Rica con 53%, Guatemala con 62%, Chile con 30% y la Argentina, con cerca del 50%.

La evasión es la acción para ocultar bienes e ingresos de manera consciente y voluntaria con manipulación de registros contables o transacciones ficticias u otros artilugios. Se presenta en especial cuando hay ardid o engaño, siendo un delito castigado por la ley penal tributaria en la Argentina. La elusión, a diferencia, permite lícitamente la posibilidad de planificar y así reducir la carga fiscal, siempre que no exista dolo y no haya simulación o abuso de derecho. Para ello debe respetarse la realidad económica en los actos que establezcan los contribuyentes. Para lograr una reducción profunda del flagelo de la evasión, es indispensable primero conocer cuáles son todas las causas, sus consecuencias y las acciones a seguir.

Las causas

• Ausencia de una verdadera conciencia tributaria individual y colectiva.
• Factores de política económica que intervienen en la distribución de la carga fiscal.
• Tendencias psicológicas de las personas que reaccionan ante la obligación de cumplir con gastos del gobierno que no resultan, ni eficientes, ni transparentes. No hay confianza en el manejo de los recursos por parte del Estado.
• Oportunidades de blanqueos y moratorias con suma frecuencia, que permite a los evasores resolver su situación fiscal con beneficios rotundos frente a sus pares.
• Es indispensable que el ciudadano perciba el compromiso gubernamental de hacer cumplir las leyes tributarias.
• Falta de educación y cultura tributaria.
• Estructura impositiva con distorsiones manifiestas que afectan los derechos constitucionales de propiedad, equidad, capacidad contributiva, y razonabilidad.
• El incumplimiento de las personas en general, incita a que otros individuos no paguen sus tributos.
• Una telaraña de impuestos ininteligibles y que llevan a crear serios riesgos de contingencias para los contribuyentes, aun cuando cumplan con todas sus obligaciones fiscales. La complejidad y diversidad de normas que rigen los gravámenes, alimentan la inseguridad jurídica.
• La existencia de regímenes frondosos de retenciones, percepciones, y pagos a cuenta de todo tipo y naturaleza, sufridas por quienes están registrados ante el fisco; generan saldos a favor constantes y tremendamente perjudiciales. Se caza dentro del zoológico.
• El capital de trabajo de las empresas se encuentra en manos del Estado, lo cual implica pagos sin causa, ilegales, que el fisco no devuelve al propietario de dichos fondos en tiempo, forma y retribución financiera adecuada.
• La elevadísima presión fiscal insostenible, que obliga a los contribuyentes a incrementar su porcentual de rentabilidad a los fines que le quede al menos alguna utilidad, luego de afrontar todos los impuestos. Su efecto inmediato es el incremento del precio y la alternativa, la evasión.
• El IVA con una tasa del 21% aplicada prácticamente a toda la compra de bienes y servicios, afecta mayormente a quienes no le alcanzan para vivir, con lo cual busca de cualquier forma evitar su pago. De esa forma el vendedor evita también ingresar al fisco todos los impuestos vinculados a la operatoria.

Los alimentos llegan al consumidor con toda la carga fiscal y quienes lo compran están abonando hasta un 50% del precio de góndola. Una exorbitancia inadmisible. Es indispensable la transparencia fiscal, para que la población tome conciencia de los impuestos que afronta cada vez que consume.

Los impuestos nacionales provinciales y tasas municipales, sin una efectiva y adecuada prestación de servicios por parte del Estado, que se superponen en cada actividad económica, y sin cumplir los principios constitucionales básicos, de legalidad, equidad, capacidad de contribuir, no confiscatoriedad y razonabilidad, invitan a la conflictividad judicial y la evasión. Eso significa que incluso para aquellas personas de escasos recursos pagan un producto el doble de lo que debería pagarse.

Entre las acciones a tomar, primero se requiere reducir sensiblemente la cantidad de impuestos existentes, en la actualidad suman 168, disminuir los porcentuales de aquellos que permanezcan, y modificar toda la desordenada estructura tributaria respetando los principios constitucionales esenciales. Se encuentran vigentes alrededor de 170 impuestos y más de 68.000 normas, entre resoluciones, dictámenes y opiniones de los fiscos.

Además, acotar los regímenes de adelantos de impuestos y a su vez fijar procedimientos sencillos y efectivos para una devolución inmediata de los saldos en favor de los contribuyentes. En mérito al principio de legalidad, deben evitarse de manera absoluta el dictado por decretos o resoluciones de impuestos evidentes o encubiertos, que impliquen incrementar la presión fiscal de una forma u otra.

¿Cuáles son los impuestos a modificar?

El IVA genera perjuicios financieros y económicos de relevancia en actividades como la agropecuaria y construcción, al permanecer con saldos a favor. Además, resulta un castigo mayor a quienes consumen todos sus ingresos en alimentarse, ello se denomina regresividad, castigando más quienes menos tienen. Debe fijarse alícuota única para todos los bienes y servicios, excepto para los alimentos básicos que como en otros países como Italia, España, Holanda, fijan porcentuales entre el 4 y 8%. A esto se le suma el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el Impuesto sobre los Bienes, el impuesto a las ganancias.

En Argentina solo se aplica el 10,5% a frutas, verduras y hortalizas en estado natural, así como algunos cortes de carne. Para todos los alimentos de consumo frecuente por la población en general, debería regir un porcentual final menor al 5%, y así reducir la regresividad de este impuesto.

No olvidemos que los contribuyentes son héroes a pesar de las circunstancias. Es un flagelo que solo puede combatirse con cambios profundos que hemos intentado esbozar en estas líneas.

El autor es socio fundador de SSV y Asociados

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