Limitan un subsidio a la harina que los molinos venden a las panaderías

Después de que el Gobierno recaudara más de $34.000 millones para nutrir el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), programa creado con la suba de las retenciones en marzo de 2022 a la harina y el aceite de soja para compensar las harinas que los molinos entregan a las panaderías, la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini decidió limitar el subsidio solo a las ventas de harina 000 y las de segunda industrialización. Lo hizo con la resolución 319 publicada en el Boletín Oficial.

Según aclararon desde la cartera de Comercio, la decisión es por “la inédita sequía que afecta la producción agropecuaria”, lo cual significa un reconocimiento de que habrá menores ingresos para un mecanismo hoy solventado con los fondos recaudados. Esto porque en diciembre último se retrocedió con el incremento que se había dado para los derechos de exportación.

El fondo subsidiaba la bolsa de 25 kg de harina 000 que llega a las panaderías a $1709 hasta febrero último. En tanto, la bolsa de harina 0000 lo hacía a $2051, la bolsa de harina tapera a $2222 y la semolín por $2222, más flete e IVA. Hoy, con el cambio dispuesto la bolsa de la harina 000 se fijó en $1764.

En Comercio remarcaron que la decisión apunta a “proteger el precio del pan y los productos farinaceos más consumidos por la población”. Además, aclararon que a partir de ahora todos los fondos del fideicomiso estarán dirigidos a subsidiar la harina 000, que ronda el 60% de la harina que se utiliza para la producción de farináceos de consumo masivo. “La bolsa de harina 000 común de 25 kilos es la que compran las panaderías para hacer pan y para la segunda industrialización, es decir, la que utilizan las empresas de consumo masivo para producir galletitas, pan de molde, etc.”, indicaron.

“Cabe destacar que estas empresas que compran la harina 000 para la segunda industrialización en su mayoría forman parte del programa Precios Justos. Al día de hoy, el precio de referencia de la bolsa de harina 000 común a la salida del molino es de $1764 (valor establecido en la Resolución 269/2023)”, indicaron. La decisión, dijeron, “está enmarcada ante la inédita sequía que afecta la producción agropecuaria e incide sobre los precios de los alimentos”.

Fuentes de la industria molinera indicaron a LA NACION que estaban tratando de interpretar la nueva resolución del Gobierno, ya que en principio está bien para la harina 000. No obstante, las de segunda transformación todavía estaban tratando de interpretarla, sobre si se trataba de la harina tapera que va a las pastas frescas está contemplada. Además, aclararon que quedan algunos productos exceptuados.

Tras un pedido de acceso a la información pública que hizo LA NACION, en enero pasado se conoció que el Gobierno, a través de este mecanismo, hasta noviembre del 2022 había repartido en total $14.796.860.199,97 en compensaciones a los 23 molinos que por entonces lo integraban. En ese mes, también tenía un saldo a favor de $19.557.536.510,03. Así se conoció también que Molino Cañuelas se estaba llevando la mayor parte de los fondos: primero cobró un anticipo de $1.107.136.503,69 y a noviembre se había quedado con $8.352.122.165,69. Molinos Florencia en total acumuló a noviembre $2.211.718.877,38.

Después de la implementación del dólar soja II, que estuvo en vigor en diciembre pasado, el Gobierno decidió reducir los derechos de exportación del aceite y la harina de soja del 33% al 31%, que era lo que permitía el ingreso con fondos al FETA. Según aclararon desde Comercio a LA NACION, el fideicomiso todavía cuenta con fondos recaudados en 2022, por lo que estos aún “se están usando”. Si bien dijeron que aún no hay datos precisos del remanente, indicaron también que “se está trabajando para sostener el financiamiento”.

A principios de este año, fuentes calificadas indicaron a este medio que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio “instrucciones internas para que se le asignen más fondos que saldrían del tesoro” en caso de que falten recursos.

A principios de este año se conoció que una ONG presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra las entidades y empresas que crearon este fideicomiso. En ella argumentaban que la herramienta “excluye del mercado” a las pymes del sector, ya que hubo “conductas anticompetitivas”, que van en perjuicio de una larga lista de molinos -de los 151 que hay- de menor amplitud y “utilizar el FETA con fines de dominación de mercado y para revertir la situación ruinosa de la empresa”.

Esta denuncia se sumó a la realizada por legisladores de la Coalición Cívica quienes apuntaron contra Roberto Feletti, el autor de este fideicomiso, e incluso pidieron una investigación sobre el pago de las compensaciones.

Luciano Bugallo, diputado de ese espacio en la provincia de Buenos Aires, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, fueron a la Justicia en junio pasado para que esta investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria y lavado de activos.

Además de actuar en contra del exfuncionario, los legisladores incluyeron que se investigue a las autoridades de las firmas Molino Cañuelas, Molinos Florencia y del grupo que señalan como controlante, Compañía Argentina de Granos. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, según informaron los diputados. En ese momento, desde Molino Cañuelas se despegaron de la inclusión en la denuncia que hicieron los legisladores y remarcaron que el sistema es “equitativo”.

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