Caso inédito en San Juan: le expropiaron un campo y lleva adelante una batalla para recuperarlo

En medio de una fuerte disputa con el intendente de Angaco, José Castro, los hermanos Barber reclaman que la Justicia les devuelva las 35 hectáreas que les fueran expropiadas por el municipio en 2019. Ubicado en el centro de la provincia cuyana, en el valle de Tulum, el pueblo tiene alrededor de 15.000 habitantes. Allí, según contó a LA NACION Andrés Barber, uno de los damnificados, en 2018 el jefe comunal de origen peronista cuando cumplía otro mandato como intendente comenzó con esa expropiación para lotear y vender a personas que tengan fijado su domicilio en el departamento.

Si bien había rumores de expropiación, los Barber nunca fueron notificados de la misma. El productor se enteró de casualidad cuando fue a la oficina municipal de Planeamiento para vender una pequeña fracción del frente para, con ese dinero, palear la difícil situación productiva por malas cosechas.

“Me encontré con esa sorpresa. Me enteré de la expropiación cuando ya estaba en marcha en la Justicia. Después de eso sí se dio la notificación correspondiente. Pero, lamentablemente, enseguida en primera instancia fallaron en contra nuestra. A mediados del 19 la Justicia le otorgó la posesión al municipio y desde ese entonces nos sacaron la posibilidad de trabajar la tierra”, detalló.

La movida de Castro contra los productores se calmó cuando acabó su mandato que, al asumir otro intendente, Carlos Maza Pezé, paró la iniciativa expropiatoria e inclusive ofreció devolver los terrenos quitados. Sin embargo, hace casi un año Castro regresó al poder y este 2024 con otros varios proyectos de ordenanzas no solo retomó la expropiación de los Barber, sino que redobló la apuesta, buscando quitar casi 400 hectáreas más.

El viernes pasado, la Cámara de Apelaciones citó a las partes a una audiencia oral. Con afán de terminar el conflicto, los magistrados intentaron llegar a un acuerdo, pero al no conseguirlo se pasó a un cuarto intermedio para el lunes pasado, con la condición de que traigan un principio de acuerdo y que esté presente el intendente.

Como segunda generación de pequeños productores, Barber junto a sus hermanas Gabriela y Marcela solo querían que les devuelvan sus tierras fértiles y su pozo de agua que también expropiado y que comparten el 50% con sus vecinos primos. En la actualidad solo el pozo cuesta alrededor de US$70.000. De las 35 hectáreas que tiene el predio, 25 están niveladas con derecho de agua de regadío y son tierras aptas para cualquier cultivo, sumado al agua de la perforación para reforzar la actividad.

Barber señaló que la expropiación tenía vicios de nulidad absoluta y que solo se sostiene en la ley provincial 1000 A, que permite que los municipios avancen contra la propiedad privada de los vecinos. “La ley 1000 A autoriza a los municipios a hacerlo. Pero, sin habernos notificado, se inició la expropiación judicial y nos sacaron la posibilidad de trabajar nuestras tierras”, indicó.

El lunes pasado, con una gran movida en los pasillos de Tribunales, las gremiales del campo, la Mesa Vitícola de San Juan, la Federación de Viñateros y Agricultores Independientes de San Juan, productores autoconvocados y vecinos del departamento se reunieron con pancartas en apoyo a los Barber y en contra de la “decisión arbitraria” de expropiación por parte de Castro. En el recinto, frente a los jueces, Castro se comprometió a dar de baja las ordenanzas de este año del resto de las expropiaciones, pero dijo que lo que ya estaba en curso no iba a dar marcha atrás.

“Nosotros la única propuesta que necesitamos es que deroguen la expropiación. Se debe entender que es un tema político porque, si bien existen algunos problemas habitacionales, no son viviendas lo que se está entregando, sino que son lotes que se venden con la única condición que tengan domicilio en Angaco. El requisito indispensable para acceder a un lote es solo tener domicilio en Angaco, como para tener votos, lo que generaría un negocio inmobiliario, porque van a comprar esos terrenos y los van a revender”, describió.

Al no conseguir un entendimiento de partes y con toda la intención de destrabar el conflicto, los jueces propusieron que accedieran a elevar nuevamente al Tribunal de Tasación de la causa para que hagan una nueva tasación. Si bien fue aceptada por los Barber, dijeron que iban a continuar con todas las instancias necesarias hasta que devuelvan sus tierras.

“Ante la buena voluntad de los jueces, accedimos a esa medida. No obstante, manifestamos que el proceso en primera instancia estaba muy viciado y pedimos la anulación de la expropiación y la restitución de las tierras, que es lo que nosotros en realidad queremos. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, agotando todas las instancias: hasta la Corte provincial e incluso hasta la Corte Suprema si es necesario, porque nuestro derecho a la propiedad privada está siendo vulnerado”, enfatizó.

“Sabemos que ya estamos en segunda instancia, con una sentencia que pesa sobre nosotros por eso le pido al presidente Milei que siempre dice que la propiedad privada no se toca, haga lo posible para que se respete la Constitución Nacional porque esta ley atenta contra la propiedad privada”, finalizó.

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