Las protestas de productores en el Viejo Continente resaltan el contraste con la situación del agro en la Argentina, en un contexto en el que no se despejaron las dudas sobre una posible suba de los derechos de exportación
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El retiro del paquete fiscal de la suba de los Derechos de Exportación (DEX) trajo un alivio a las cadenas del agro. No solo a aquellas que iban a padecer el aumento del tributo, sino también a las que se vieron involucradas en la necesidad de reclamar que las saquen de la odiosa lista de las subas.
Contradiciéndose con lo que había dicho en la campaña electoral, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaban aumentar la carga impositiva para la actividad y obtener del agro unos US$2000 millones adicionales para contribuir a su objetivo del déficit cero. El argumento de que con la devaluación se había sincerado el tipo de cambio no es del todo sincero. De hecho, todavía se mantiene el cepo al dólar. Esto, también, influye para que los productores sean cautelosos a la hora de concretar operaciones con forwards y futuros. La cuestión ya comenzó a hacer ruido. El jueves pasado hubo una reunión entre directivos de las cuatro entidades por cadena y otros actores del mercado para encontrar alternativas. “La ausencia de reglas de juego claras mina la confianza y el clima de negocios entre los integrantes de la cadena, afectando el normal funcionamiento de los mercados”, expresaron en un comunicado Maizar, Asagir, Argentrigo y Acsoja.
Antes de que desde las “fuerzas del cielo” se empiecen a preguntar si el campo liquida o no y antes de imaginar conspiraciones o lanzar acusaciones al aire quizás sería conveniente que se corrijan las distorsiones que todavía permanecen vigentes.
El escenario es difícil. Y no solo para el Gobierno. En los últimos 15 días, la falta de lluvias en gran parte de la provincia de Buenos Aires provocó un deterioro de los cultivos que pone en duda las proyecciones de cosecha récord. Las próximas semanas serán cruciales para las definiciones de rinde. A eso se suma un mercado internacional con precios que mantienen la tendencia bajista, pese a algún pico por la situación que se vislumbra en la región pampeana. Si el panorama de la macroeconomía es complejo, el del campo lo es también.
En ese contexto, el Gobierno se pegaría un tiro en el pie si decide ir por otra vía si pretende insistir con un aumento de los DEX. No solo porque le daría un mal mensaje al campo, que su aporte no va a ser prioritario para la recuperación del país, sino porque probablemente no alcance a recaudar los ingresos que pretende. En no pocas actividades, la diferencia entre pagar 0 y 15% significa, directamente, entre estar o no en un mercado.
Esa marcha atrás también implicaría agotar el crédito que todavía dispone el Gobierno con el campo, con la idea común de que el mejor camino es el de la libertad de comercio, la libre competencia y el respeto a la propiedad privada.
En cuanto el Gobierno logre unificar el tipo de cambio y avanzar en la apertura de la economía, seguramente será la actividad agropecuaria la que con más rapidez responda a esas señales. En otras palabras, no pide subsidios ni protecciones a diferencia de otros sectores de la economía. Y a diferencia sideral de lo que está ocurriendo en estos días en Europa, donde miles de productores de Francia, Alemania, Bélgica y España, entre otros países, están llevando adelante protestas de una magnitud, y en algunos casos violencia, inusitada.
Acostumbrados a vivir del formidable presupuesto de la Unión Europea, los productores europeos entraron en crisis porque sus gobiernos y Bruselas, sede del gobierno comunitario, se dieron cuenta que obtienen más votos en los centros urbanos que en las zonas rurales. La presión de los partidos verdes es crucial. Pero además, la irrealidad del Pacto Verde europeo, que propone dar marcha atrás con los avances de la tecnología y de la ciencia en la producción de alimentos, se contradice con la vida cotidiana de los productores.
Es muy interesante avanzar hacia una economía carbono neutral, con menos emisiones y un uso más eficiente de los recursos como propone la Unión Europea, pero lo que no siempre está claro es quién paga la cuenta. En el Viejo Continente son expertos en que sea el vendedor y no el comprador el que lo haga. Las exportaciones agroindustriales argentinas a ese mercado, si no hay cambios, van a entrar en una fuerte regulación a partir de 2025 por las certificaciones de no deforestación para productos como la soja y las carnes, entre otros. Y aunque la Argentina está en condiciones de adaptarse a esos requerimientos, el interrogante que se abre es si redundarán en beneficios o serán una barrera más. Es un tema abierto.
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