Uno de los representantes de la cadena agroindustrial que por estos días se reúne con los funcionarios del Gobierno para encontrar algún mecanismo que evite caer en las viejas recetas para fijar los precios de los alimentos lo resume en dos palabras: "Está difícil".
El tono algo cansado del negociador deja traslucir un escenario en el que, por un lado, debe enfrentar a los funcionarios del Gobierno que siguen la línea marcada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto realizado en el Estadio Único Ciudad de La Plata en diciembre pasado respecto de la necesidad de alinear precios y tarifas para los próximos meses. Y, por el otro, recibe las quejas de la industria avícola y de la industria molinera respecto del impacto de la suba del precio de los granos en sus costos de producción. Estos sectores, además, están atenazados por las módicas autorizaciones de recomposición de precios que les otorgan en el Gobierno.
Unos y otros enfrentan el fantasma de las recetas ya probadas: suba de retenciones y cupos a las exportaciones. Para ahuyentar esos riesgos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer en los últimos días un trabajo en el que aporta, entre otros datos, que "el maíz representa el 21% del precio del pollo entero de Precios Cuidados, el 13% de los huevos, 12% del pollo trozado, 10% del pechito de cerdo, 8% de la leche y 7% del asado. En tanto, el trigo representa el 13% del precio del pan". La industria procesadora, en cambio, dice que el impacto del precio de los granos es mayor a esos números.
En todo caso, como bien apuntó el analista y corredor del mercado de granos Ricardo Baccarin, en un artículo publicado en el diario El Cronista, que "de lo que se habla poco últimamente es del mecanismo de arbitraje que utilizan otros usuarios en el mundo, que valdría la pena experimentar. Por lo general, quienes demandan de modo continuo determinados insumos agropecuarios programan sus compras con antelación al momento en que serán utilizados, siempre que la ecuación económica les resulte redituable". La referencia del especialista es sobre los mercados de futuros.
Esta es una de las alternativas que se está explorando en las mesas intersectoriales, al igual que créditos garantizados para las industrias molineras y avícolas. La propuesta del Gobierno de crear un fideicomiso integrado con una parte de los Derechos de Exportación (DEX) es la que menos seduce al sector privado por los riesgos que conlleva crear una nueva caja de recaudación para el Estado.
En ese contexto de tensiones, la medida de fuerza lanzada por los transportistas autoconvocados hace una semana volvió a cortar el flujo de ingreso de mercadería a las fábricas y los puertos del complejo oleaginoso. "De un promedio de 3000 camiones diarios que ingresan en esta época, apenas llegaron 300", dijo una fuente de la industria.
Se entiende que en un contexto de suba de inflación y atraso de costos crezcan los reclamos y acciones de quienes consideran que sus ingresos están rezagados. Aquí, lo llamativo, es la demora en responder por parte de las autoridades del Estado a las detenciones irregulares de personas, vehículos y cargas por quienes llevaron adelante las medidas de fuerza. Solo el clamor unánime de exportadores, acopiadores, bolsas de cereales y comercio y entidades de la industria hizo mover a los funcionarios del Estado.
Esa morosidad en actuar para evitar que los conflictos escalen y tengan una vía de resolución razonable ya se vio en paro portuario de más de 20 días de diciembre pasado. Las consecuencias fueron graves. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en diciembre el ingreso de camiones a las terminales portuarias de la región fue el más bajo desde que se llevan los registros de entrega de cargas, hace 20 años.
En plena cosecha de trigo, que aporta unos US$2900 millones de ingresos por exportaciones, el país se da el lujo de detener su movimiento portuario. Y también se frenaron embarques de harina y aceite de soja, luego de haber incentivado a la industria con una baja de dos puntos porcentuales en los DEX. En diciembre pasado la molienda de soja cayó 70% respecto de igual período de 2019, según datos de la industria.
Pese a las complicaciones, el horizonte de corto plazo debería ser visto con una perspectiva más favorable. Si el clima no juega una mala pasada, la economía argentina puede recibir un buen ingreso de divisas por exportaciones a partir de mayo próximo. La Fundación Libertad y Progreso calculó esta semana que serían unos 5500 millones de dólares más que la campaña pasada, con un total de US$29.355 millones.La solución es con el campo, no sin el campo.
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