La Rural teme que una medida del Gobierno para el trigo provoque una cartelización

Después de que el Gobierno prorrogara de manera excepcional, por 360 días, embarques de trigo, las entidades ruralistas afirmaron que “el Estado debería garantizar a los productores la misma posibilidad”. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial este miércoles, con la firma del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se tomó la medida con el fin de evitar una escalada en los precios internos.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo: “Más allá de la medida del Gobierno de permitir que los exportadores de trigo retrasen los embarques autorizados, creemos que esta decisión pone en riesgo el precio que recibe el productor, y por eso vamos a estar alertas ante las conductas abusivas de la industria molinera y exportadora. El Estado debería garantizar a los productores la misma posibilidad que le está dando a los exportadores”, afirmó.

“Los productores venimos sufriendo las consecuencias de las sequías y heladas que causaron graves daños en la producción. Sumado a eso, el Gobierno nos acorrala con una nueva medida que puede derivar en una demanda cartelizada en el mercado, dando lugar a abusos comerciales”, insistió.

En esa línea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina agregó que hace tiempo vienen “criticando la intervención en todas las actividades de la economía”. Agregó: “Por eso, creemos que las cuotas de exportación y fideicomisos junto a este tipo de regulaciones, distorsionan el mercado del trigo en perjuicio de los productores”.

Por otro lado, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, indicó sobre esta resolución: “Es oportuna y va en sintonía con lo que venimos gestionando con los distintos actores en base con los reclamos e inquietudes que nos trasladan los productores, dada la situación planteada por la seca y las heladas en los rindes del trigo, de manera tal de ir adelantándose a las complicaciones por una menor producción”.

El dirigente insistió en que otorgar esta prórroga automática excepcional de 360 días corridos a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) permitirá que estos embarques puedan hacerse con lo producido en la próxima campaña y, de esta manera, no generar complicaciones en los mercados. “Esto supone un alivio para los productores y para el sector exportador, y el impacto a futuro que puede percibirse a favor de los consumidores”, indicó.

Además, agregó en que el otro aspecto importante es que incluye la situación que atraviesan aquellos productores que, por efecto de las inclemencias climáticas, vean afectados su producción y la posibilidad de no poder cumplir con los compromisos asumidos. “Es oportuno remarcar que el Art 4° dice que los mismos motivos de fuerza mayor podrán ser alegados por los productores en caso de incurrir en incumplimiento respecto de los exportadores, quienes deberán admitir dicha circunstancia”, afirmó.

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresó: “Lo importante es que hay algo resuelto que sí es relevante. El artículo 4 indica que el productor que ha tenido una venta anticipada tenga ese mismo tratamiento, que le da oportunidad de diferir porque ahí comienza el inconveniente hacia los productores que, en realidad, el exportador exija entrega, y si no hay entrega que se le cobre una multa o una sanción por esa situación”.

Para el dirigente tiene que haber una situación especial y temperamento, tal y como lo dice la resolución, pero para el productor.

Más repercusiones

Tras conocerse la decisión del Gobierno, desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) indicaron: “Exportar menos siempre es una mala noticia, y esta resolución publicada hoy confirma esa mala noticia. Entendemos que la sequía es una calamidad climática que nos ha hecho perder más de 9 millones de toneladas de trigo de las estimaciones iniciales y eso impacta en la capacidad de exportación nacional”.

Además, remarcaron que ahora tienen que “trabajar para lograr que la Argentina no pierda mercados compradores” y “adaptar los volúmenes de venta al exterior a la baja oferta de la producción de trigo de la campaña 2022/23″.

“Creemos que el Gobierno debe avanzar en el dictado de la emergencia para los productores de trigo ante esta crisis tan profunda provocada por la sequía”, resumieron.

Jesús Silveyra, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, indicó: “La medida tomada por el Gobierno respecto a la prórroga por un año del cumplimiento de las DJVE es el resultado de una pésima política de intervencionismo en el mercado, que venimos hace tres años anticipando, a través de los llamados volúmenes de equilibrio y cálculo de saldos exportables que motivaron declaraciones desmesuradas por parte de la exportación, por temor a quedarse sin cupos y que permitieron al Gobierno recaudar anticipadamente derechos de exportación”.

Y siguió: “El ideal ante la sequía hubiese sido que el Gobierno permitiera la importación de trigo en caso de faltante para el consumo interno y que se cumplieran todos los contratos tanto con el exterior como los forwards locales. Ahora están tratando de arreglar el problema generado con más intervencionismo y pateando los problemas para adelante, distorsionando precios y contratos. ¡Una vergüenza! ¡Destruyen todo lo que tocan!”.

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