La Rural presentó un amparo contra las retenciones y se abre una batalla millonaria

La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a otras entidades del campo en el interior, como la Rural de Jesús María, presentó en la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.

La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

En una conferencia de prensa donde la entidad anunció la presentación de la estrategia judicial, Nicolás Pino, presidente, dijo: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”.

“Nos pareció prudente presentar una acción de amparo que fue presentada en los tribunales federales de Córdoba porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la SRA de poner en valor el federalismo”, agregó.

Según precisó, la presentación se hizo este mediodía. “Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, agregó. En los últimos días trascendió que la entidad estaba dialogando con diversas entidades del interior para impulsar la iniciativa.

Además de Pino, por la SRA en la conferencia estuvieron Marcos Pereda, vicepresidente; Carlos Odriozola, secretario, y Carlos Laplacette, asesor legal. En tanto, por la Rural de Jesús María asistieron Álvaro Gómez Pizarro, vocal, y Eduardo Riera, vicepresidente.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.

Vale recordar que, a fin de 2019, por la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de poner un tope de 33% de retenciones en la soja. Apenas asumió, Alberto Fernández incrementó las retenciones en ese grano de 24,7 a 30%. Después las subió al 33% actual.

Por esa ley, además se estableció que en productos como el trigo y el maíz no se podía superar el 15%. En rigor, ambos cereales tienen una tasa del 12%. Cuando llegó al poder, el jefe de Estado hizo un incremento del 6,7 al 12% en esos cereales.

En 2021 las cadenas agroindustriales aportaron en impuestos $2,8 billones de pesos, un 23,5% de los 11,9 billones que recaudó el Estado. Uno de cada cuatro pesos salieron del agro, según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En el caso puntual de las retenciones, por este concepto el Estado en 2021 recibió 861.093 millones de pesos. Representaron el 9% del gasto público.

Estrategia

“Se decidió el inicio de una acción de amparo conjuntamente con la Sociedad Rural de Jesús María luego de un par de semanas de conversaciones junto con los abogados de la Rural de Jesús María y otras sociedades rurales del interior que posiblemente se sumen en este litigio”, expresó Laplacette.

“Lo básico que se plantea es que, ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esa facultad extraordinaria, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia cayeron. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de este año no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se de en el Congreso de la Nación. Hasta que esa discusión no se de, no es legítimo cobrar ni a los productores y a ningún ciudadano argentino un tributo que no tiene sustento en una norma aprobada por el Congreso”, agregó.

Con respecto a la razón por la que la estrategia judicial es ir por un amparo, explicó: “Es una decisión técnica. Uno podría haber presentado una medida cautelar para que cese ya el cobro de retenciones, pero no es lo que procuran las entidades, sino que buscan obtener una sentencia lo más rápido posible para que se declare que no se puede percibir retenciones sin una ley del Congreso y el amparo es esa alternativa”.

El asesor legal señaló que no se solicita un retroactivo. “Eso será algo que eventualmente cada productor podrá reclamar después. El amparo está pidiendo que cese el cobro de retenciones hasta tanto el Congreso determine cuál es el sistema tributario, la alícuota”, dijo.

“El amparo pretende obtener una solución integral porque, por las características de los productos que se exportan en su inmensa mayoría, una sentencia favorable al productor lo único que supondría es una posibilidad de reclamarle al Estado por daños y perjuicios a largo plazo. Lo que se plantea es que cese el cobro de retenciones que afecta día a día a los productores y la única manera que cese no es que le den una sentencia favorable a determinado productor, sino que se deje de cobrar y para eso la solución tiene que ser integral”, añadió.

Por su parte, Riera afirmó: “Nosotros lo que queremos es intentar dejar la emergencia y que tengamos previsibilidad sobre todo en estas actividades que necesitamos del largo plazo porque vemos que el largo plazo es esta noche y no hay mucha posibilidad de producir en esta línea. Entonces hay que salir de la emergencia para que el Congreso trate lo que tenga que tratar y discutir en el ámbito que tenga que discutir.

En tanto, Gómez Pizarro apuntó sobre los dirigentes de otras organizaciones: “Hemos hablado con todos ellos y están de acuerdo, pero técnicamente ni CRA, ni Coninagro podrían presentarse cuando no son entidades de primer grado, por eso en este caso acompaña la Sociedad Rural de Jesús María, que es representante directa de productores”.

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