La provincia donde el Gobierno se llevará más del 100% del margen de los productores

“Si a la asfixiante presión impositiva se le suma una seca, el resultado es un productor descapitalizado y una economía en peligro, mientras el gobierno nacional y provincial continúan recaudando”. Con esas palabras, el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó un informe sobre la presión fiscal que sufren los productores en el marco de las fuertes sequías y los incendios.

De acuerdo a los datos aportados por la entidad, en una situación normal el Estado se lleva el 87% del margen neto operativo antes de impuestos de lo que genera una hectárea de soja, pero en caso de que el productor sufra una caída del 30% de su producción, como ha ocurrido a muchos en estos días, el Estado se quedaría con el 122% del margen neto antes de impuestos.

En el caso del maíz, el Estado se lleva el 76% del margen neto operativo antes de impuestos, mientras que ante una sequía que afecta al 40% del rendimiento, como también ha ocurrido en esta campaña, el fisco termina absorbiendo en impuestos el 710% del margen neto operativo, llevando al productor a la quiebra total por pagar los impuestos de una producción que no existió.

Según indicaron, esto es así porque el 60% del total de los impuestos que asume una hectárea de maíz son impuestos “distorsivos”, mientras que en el caso de la soja es del 80%.

En este contexto, Juan Diego Etchevehere, director del distrito por la Sociedad Rural Argentina, expresó: “Las retenciones y la batería de impuestos que paga la actividad demuestran que el Estado siempre recauda aunque no haya rentabilidad. Por esta razón es que reclamamos una genuina reforma tributaria ante la emergencia que se está viviendo solicitando la eliminación de los impuestos distorsivos en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional”.

En total son 19 los impuestos que se deben pagar por ambos cultivos en dicha provincia, de los cuales nueve son nacionales -como las retenciones, Ganancias, ganancias por arrendamiento o el impuesto al cheque, entre otros, y nueve impuestos provinciales -como el inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos al contrato de compra y venta entre otros-, además del costo financiero que incurre el productor por el sistema de reintegro y pago del IVA.

“El peso y la rigidez del sistema tributario llevan al productor a una situación de quebranto, en favor del Estado que sigue recaudando”, reclamaron. En la campaña 2020-2021, los productores de Entre Ríos transfirieron al Estado por derechos de exportación 441 millones de dólares.

Para elaborar el estudio la entidad tomó como referencia los cultivos de soja y de maíz realizados en establecimientos de hasta 500 hectáreas y se cuantificaron los impuestos que ingresan al fisco de lo producido por hectárea cultivada.

Con este escenario, desde la entidad remarcaron: “Necesitamos que se debata un sistema impositivo nuevo y más simple, que evite las duplicaciones de la materia imponible y elimine los impuestos distorsivos con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los productores”.

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