“La Justicia acá no existe”: las fuertes denuncias de productores con campos usurpados en Santiago del Estero

Las historias de usurpaciones de campos en Santiago del Estero parecen multiplicarse. El crudo relato sobre la manera en que se avanza sobre la propiedad de productores y campesinos no da tregua. En esa línea, a través de un comunicado, un grupo de productores alertó sobre esta situación que los mantiene en vilo y por la cual han perdido tierras.

Uno de esos casos es el de Daniel Quindt, de 60 años, que en 2018, por defender su campo de 100 hectáreas ubicado a 24 kilómetros de la localidad de Pinto, donde vivía junto a su familia, comenzó una pesadilla sin fin.

“En 1989 salió un campo en venta de 100 hectáreas. Cada vez que venía de Buenos Aires de vacaciones me hacía algo en el campo: compraba ladrillos, postes y alambres. En 1999 me quedé sin trabajo y me vine, me instalé hasta que volví a trabajar en Malbrán, pero seguía yendo los fines de semana a mi campito. Tuve que vender todo porque me robaban los animales, los postes, los alambres. Me fueron rompiendo y destruyendo todo de a poco”, explicó.

Hace tres años, cuando su hija y el yerno fueron al establecimiento, les impidieron el paso: “los corrieron” del campo. “Esto es el Mocase Vía Campesina, que son los que organizan [por las tomas]”, denunció. En 2019, cuando la situación comenzó a “complicarse”, acudió a la comisaría. Pudo ingresar al campo acompañado de un patrullero, pero luego no podían salir porque los supuestos usurpadores acudieron a la misma maniobra.

“Mi casa está usurpada. No quiero ni pensar en el tema porque me da una impotencia. Yo compré ese campo, tengo todos los impuestos al día. Genera mucha impotencia porque no tenés manera de recuperarlo. La gente comienza a dejar los campos, se cansan, porque le golpean al personal”, dijo.

En ese lugar tenía vacas, cabras y hacía agricultura. Ahora trabaja en un campo como empleado rural. “Tengo que vivir de un sueldo pudiendo vivir de lo mío, donde estaba tranquilamente. En 2007, cuando trabaja en un campo, vinieron tres o cuatro personas y me dieron una paliza, me dejaron casi muerto en un canal. Después me fui del campo, porque tampoco es para que te maten a palos”, dijo.

En los alrededores hay cerca de 20 vecinos con campos desde 30, 600, 1400 y hasta 3000 hectáreas. “A mi suegra, que tenía un campo chico, y que un Gobierno radical le había ayudado a construir una casa de material, porque antes tenía un rancho, se lo usurparon. Ahora hay un grupo de usurpadores viviendo ahí con lonas y en la casa que le construyeron”, relató.

LA NACION intentó comunicarse con representantes de Mocase Vía Campesina, pero no obtuvo respuesta.

La casa, con el pasar de los años, iba quedando desolada hasta que integrantes del movimiento la usurparon. “Se hizo la denuncia, vino la policía y ellos mismos comenzaron a correr a garrotazos a los dueños. El Mocase se quedó con esa propiedad, se metieron y se quedaron con ella”, narró.

Las usurpaciones, insisten productores, tiene un tinte político. “Todos los campos que a ellos se les ocurra usurpar solo le pasan una línea. En el campo que está detrás del mío le usurparon 3000 hectáreas. El dueño puso la denuncia, pero no ha logrado nada”, explicó.

Ahora, hay un vecino que fue tomado en 600 de 1000 hectáreas, donde los presuntos usurpadores pasaron una línea para definir lo que le pertenece a los actuales propietarios y lo que no.

“Si vos te metés a tu propia casa, vienen estos en colectivos, te pegan una paliza, te tiran y sacan. El campo te lo quitan igual. Esta gente está desocupando la tierra para hacer algo más grande. Siempre buscan campos limpios, las tierras fiscales no las agarran o los campos sucios, se meten en campos limpios. La gente que ponen adentro no tiene capacidad para nada, no son gente que sabe sembrar y producir”, advirtió.

Ahora el productor trabaja como empleado rural en un campo en Malbrán: “Mi casa me la destruyeron toda. Ahora están ellos viviendo. No tenés manera de recuperarlo. Es una cosa bastante ingrata”.

Ermelindo Espíndola es un productor de Cañas Paso, en Santiago del Estero. Denuncia que le usurparon la propiedad de más de 900 hectáreas. “Vino un colectivo como con 50 personas, me abrieron los deslindes, cortaron las tranqueras, con hachas, machetes. Vengo sufriendo esa situación”, relató.

Hizo la denuncia, pero no tuvo respuestas. “Está todo en cero. Hay denuncias que directamente se archivaron, hay denuncias al Mocase que prácticamente las archivaron. La Justicia no existe acá. Yo fui agredido, me golpearon varias veces, pero sigo en pie tratando de sobrevivir. No sé hasta cuánto. Me matan animales, me roban y la Justicia acá no existe”, dijo.

“Tengo títulos, planos, impuestos al día del campo, permisos para trabajar el bosque. De las 937 hectáreas que tengo, ellos me quieren dejar 50 hectáreas, es nada para mí. Hace dos semanas me amenazaron de muerte, hice la denuncia, pero no avanzó nada”, ejemplificó.

En la localidad de Quimilí, Santiago del Estero, está Juan Lacorte. “Yo tengo 72 hectáreas, soy un pequeño productor. Mi campo está tomado desde hace seis años, cuando quise ir a trabajar mi tierra me agredieron física, psicológica y moralmente por esta movilización [por el movimiento de presuntos usurpadores]. Siempre estuve en una situación crítica”, relató.

Lacorte asegura que quienes hoy tienen usurpado el campo son vecinos, compañeros de escuela, del fútbol. Al igual que él, dijo, son cientos de familias las que pasan por esta situación. “Yo hice la denuncia ocho o diez veces, pero nunca llegó a ningún lado. Me cansaron. Me fui a derechos de tierra, la fiscalía, derechos humanos y nunca avanzó, pero estoy convencido de que detrás de esto hay algo político, porque no me ocurre solo a mí y esto ya lo debe saber el doctor [Gerardo] Zamora. Nos hemos cansado de denunciar y nunca llegó nuestra denuncia. Estamos pasando un momento difícil”, sostuvo.

A través de un comunicado, un grupo de productores autoconvocados llamado “Santiagueños en Defensa de la Vida Rural” advirtieron de la situación que atraviesan. “Las usurpaciones no tipifican únicamente como delito, además, constituyen una violación a los derechos humanos. Pretenden arrancarnos de raíz de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, y con ello, arrancarnos el patrimonio en saberes heredados de nuestros abuelos. Nos despojan de nuestra identidad”, mencionaron.

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