La cámara que agrupa a las empresas de Estados Unidos se mete de lleno en temas claves del campo
Amcham formalizó la Mesa de Agronegocios, con la cual las compañías buscarán agilizar importaciones, eliminar limitaciones de financiamiento, afianzar la sostenibilidad, entre otros puntos
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LA NACION Belkis Martínez
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) lanzó este jueves el Programa Agroindustria, una Mesa de Agronegocios integrada por 15 empresas de toda la cadena global de valor del agro que tienen un vínculo comercial en ese país norteamericano. Con esto buscan reforzar los canales de encuentro público-privado e impulsar el diálogo con todos los niveles e instituciones del gobierno nacional. En la agenda está promover inversiones, eliminar limitaciones al financiamiento local, trabajar en la desburocratización administrativa, agilizar la importación de insumos agrícolas, y hacer foco en la apertura de mercados estratégicos que permitan desarrollar planes a largo plazo con previsibilidad macroeconómica.
Las compañías integrantes del programa que van desde el primero y hasta el último eslabón productivo intentarán impulsar el diálogo intrasectorial, en vistas de encabezar no solo una agenda sustentable, capaz de generar empleo, inversión e impacto positivo para la Argentina, sino también espacios de diálogo en el Gobierno.
El proyecto, llamado internamente “La Mesa de Agronegocios”, fue lanzado entre las empresas en febrero pasado, explicó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, impulsado por los socios, considerando la importancia del sector.
En ese entonces participó el embajador Marc Stanley junto a importantes empresas del agro, que abrieron el espacio de diálogo con las diferentes cadenas ligadas a los alimentos. Según dijeron hoy, el espacio procura acercar a los principales referentes políticos una serie de sugerencias para mejorar de forma sustancial el clima de negocios para atraer inversiones, puestos de trabajo y mayor productividad y exportaciones para la agroindustria. A raíz de esto buscan crear un “marco normativo estable que tienda decididamente a flexibilizar, normalizar y liberar la regulación de la actividad”. Se prevé que el próximo año haya una agenda definida con planes y eventos internacionales dentro del “foro de agronegocios”, similares a lo que se realizan en otros rubros donde se vinculan los negocios con la política.
Díaz explicó que “la intención de este programa es atender a las necesidades del sector, donde será clave la sustentabilidad macroeconómica y las reglas de juegos claras con simplificación de esquema de funcionamiento”, que hace que las empresas puedan focalizar su tiempo en operar, en función de lo que el mercado pretende y el consumidor requiere. “Ningún sector puede operar fuera de un entorno macroeconómico sustentable”, puntualizó.
A su vez, reconoció que la Argentina atraviesa un momento sensible y de incertidumbre electoral. Según explicó, el lanzamiento del programa tuvo “un proceso de maduración” dentro de AmCham, pero también desde los socios y la capacidad de articularlo. Esto se da en un contexto global de alta demanda de alimentos, donde el potencial agroexportador de la Argentina constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo del sector, teniendo efecto multiplicador en toda la economía.
Por eso, insistió en que es indispensable la creación de “reglas de juego claras” y estables por parte del Congreso, que otorgue previsibilidad e incentiven la inversión de las compañías, incluyendo un compromiso claro respecto a la no creación de nuevos impuestos y a la disminución sostenida de los tributos existentes a la exportación. En simultáneo, buscarán bregar por el establecimiento de un tipo de cambio competitivo, que refleje los valores de mercado y beneficios impositivos y otras medidas que apunten a atraer nuevas inversiones.
Desde este espacio, dijo insistirán en reducir los obstáculos para la importación de insumos de los socios. “La agroindustria, como sector netamente exportador, recurre a la importación de bienes intermedios para elaborar productos finales, comercializados luego hacia el resto del mundo, generando valor agregado y divisas para el país. La falta de disponibilidad de insumos degenera en reducción de la producción y, por tanto, en una disminución del stock y de las ventas. En tanto se decida como necesaria la continuidad en vigor del sistema actual de limitación de importaciones, proponemos dotar al mismo de mayor agilidad, determinando criterios claros para la concesión de licencias y para la aprobación efectiva de las importaciones, con celeridad para los pagos. Este punto es crucial para alcanzar mayores volúmenes de producción y aumentar el porcentaje de utilización de la capacidad industrial instalada del sector”, indicaron.
El trabajo no se encerrará a nivel local, sino que habrá una defensa del portfolio argentino en el ámbito internacional. De esta manera buscarán contener el surgimiento de barreras y restricciones perjudiciales para las exportaciones argentinas a niveles bilateral, regional y global, así como trabajar de manera mancomunada con Gobierno para limitar la inclusión de nuevos compuestos químicos en el anexo III del Convenio de Rotterdam, que afectaría negativamente a la actividad, sea a través de eventuales certificaciones de normas secundarias o a partir de modificaciones en las tolerancias a la importación impuestas por países importadores.
Dentro de la agenda también estará la promoción de la sostenibilidad agrícola bajo un concepto integral de cuidado del entorno, que identifique los intereses de todas las partes involucradas, el ambiente, los productores y las comunidades locales. Además de eliminar los límites al financiamiento local, ya que la normativa actual del Banco Central (BCRA) limita la posibilidad de las grandes empresas exportadoras para acceder a financiamiento en pesos con las entidades bancarias locales, por lo que esto tiene un efecto perjudicial en la proyección de las empresas. En este punto intentarán “implementar un esquema que garantice la actualización periódica de estos topes por inflación”.
En esa línea, también intentarán establecer regulaciones para la protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual, pero también la conectividad rural. “Una mayor conectividad en zonas rurales aportaría significativos beneficios para productores y compañías que forman parte de toda la cadena de valor, desde mejoras en los rendimientos y optimización en el uso de insumos productivos hasta la posibilidad para las empresas del sector de ofrecer soluciones integradas. Esto se reflejará en una maximización de la productividad de manera sustentable. Por fuera de la agroindustria, mayor conectividad rural traerá consigo para las comunidades locales nuevas oportunidades en términos de acceso a empleo y servicios públicos esenciales como educación, salud y prestaciones estatales”, resumieron.
Por Belkis Martínez
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