Inminente venta: piden detalles sobre la millonaria subasta que hará el Gobierno de una propiedad del INTA

Cuando faltan solo dos días hábiles para que se lleve adelante la subasta del edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio porteño de Palermo, se conoció que la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), el gremio que nuclea a los trabajadores del organismo, realizó un pedido de acceso a la información para conocer los detalles de los oferentes y las condiciones en que se realizaron los pliegos de bases y condiciones de la subasta publicada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Hoy, además, se lleva adelante una reunión del Consejo Directivo del INTA.

El pedido de acceso a la información, firmado por el secretario General de Apinta Mario Romero, realizado originalmente el 11 del actual, cuestiona la transparencia y la legalidad de la subasta del edificio, cuya edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie, de acuerdo con las bases publicadas semanas atrás en el sistema Subast.ar. Sobre las restricciones al comprador, en el formulario de pedido de acceso se cuestiona por qué el futuro propietario está obligado a construir una torre de alta gama, y no pueda conservar el edificio por su patrimonio histórico-arquitectónico, lo que excluye otras posibles destinaciones como la preservación arquitectónica, espacios verdes o usos decididos libremente por el comprador.

Además buscan conocer “cuántos participantes han cumplido con el requisito de depositar la garantía de US$100.000 para participar en el remate, lo que podría reflejar la competitividad del proceso”. Por otra parte, también se critica la continuidad de un esquema de ventas de 2016-2019 que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), resultó en pérdidas significativas para el Estado debido a subastas con precios subvaluados y poca participación.

Respecto de la finalidad del remate y la ley, según se desprende del documento se interpela si la venta cumple con el requisito legal de destinarse a proyectos de desarrollo social inclusivo, algo que aparentemente no se relaciona con la construcción de una torre de alta gama.

En rigor, el planteo que hacen desde Apinta gira en torno a la transparencia, la legalidad, y el uso adecuado de los bienes del Estado. Los cuestionamientos destacan potenciales irregularidades y riesgos de perjuicio económico y social; hacen énfasis en la necesidad de información clara antes de concretar la operación. La subasta del inmueble se realizará el 23 del actual a las 10, por el término de una hora. Según fuentes de la AABE se registraron 18 oferentes.

El precio base del inmueble fue determinado en US$6.378.968 tras un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en el que se fijó un valor piso de US$5.741.071, tomando en cuenta la ubicación y características del inmueble. En ese sentido, la AABE tomó el valor más alto como precio base. El inmueble con más de 900 m2 de superficie deberá ser destinado al desarrollo inmobiliario, y su comprador, según el pliego de base, deberá construir al menos un 75% de la superficie utilizable bajo las normativas vigentes, excluyendo otros posibles usos como conservación histórica o espacios verdes.

Por otra parte, el secretario de Apinta también objeta dentro del pedido de acceso a la información que la AABE está vendiendo un inmueble registrado a nombre del INTA, lo que podría generar conflictos legales, especialmente si el INTA, como titular, reclama derechos sobre el edificio tras la venta. Este fue uno de los puntos que estuvieron en discusión dentro del gremio y también en parte del Consejo Directivo del INTA. Según consta en la escritura y el sistema catastral, a la que tuvo acceso LA NACION semanas atrás, el inmueble fue adquirido en su momento por Pedro Gastón Bordelois, en representación del INTA, de su Consejo Directivo, con fondos de la institución. Los datos constan en la escritura N° 408 del 2 agosto de 1967, que señala que la propiedad se iba a destinar para “el funcionamiento del Instituto de Suelos y Agrotécnia”.

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