Inesperado giro en el caso Vicentin: el juez rechazó homologar una propuesta de pago y abrió un inédito cramdown en el país

Luego de más de tres años de tener su concurso de acreedores, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del caso Vicentin, rechazó hoy una propuesta de homologación de pago para el cierre del proceso que había solicitado la cerealera. En cambio, ordenó “la apertura del período de concurrencia”, según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. Este artículo es para que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora y se quede con la compañía mediante lo que se llama cramdown. La medida, que representa algo inédito en el país por la magnitud del caso, será apelada por compañía.

En diciembre de 2019, la cerealera cayó en default y luego, en febrero de 2020, se presentó en concurso de acreedores. Lorenzini tomó el caso y se abrió un período que no estuvo exento de fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer en junio de ese año el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esa iniciativa se cayó en medio de banderazos que se realizaron en distintas partes del país.

En su default, de más de US$1500 millones, se vieron afectados bancos internacionales por más de US$500 millones e inclusive, entre otros de los más de 1000 acreedores, el Banco Nación, en su caso por US$300 millones.

Para intentar salir del concurso, la empresa elaboró una propuesta de pago a 12 años para devolver a los acreedores poco más del 30% de la acreencia. En rigor, abonaría al cabo de ese tiempo unos US$520 millones, con unos 300 millones de dólares en los dos primeros años. En tanto, para fortalecer la operación sumó en su estrategia como interesados estratégicos a Viterra Argentina y Bunge, además de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estas tres empresas se quedarían con el 95% de la compañía al final del proceso, mientras que los accionistas controlarían el restante 5%.

La decisión del juez es sorpresiva porque la compañía había logrado la cantidad de cápitas (66%) y el capital necesario (71%) justamente para avanzar en la posibilidad del cierre de su concurso. La cerealera adelantó que apelará la medida del juez: “Habiendo tomado conocimiento de la reciente decisión judicial y ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.

Giro

La decisión de Lorenzini implica que los dueños de la empresa perdieron el período de exclusividad, si bien la decisión quedará sujeta a revisión de una cámara. El escrito de Lorenzini indicó que podrían existir puntos de evaluación diferente, ya que al avalar la propuesta de Vicentin los acreedores deberían esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos.

Pero, además, del análisis realizado sobre los contratos vinculados acompañados, no surge cuál será el resultado patrimonial de su tenencia. No organiza sistemas que respeten la libertad de los acreedores como un retiro programado de acciones privilegiadas, o la percepción de dividendos, o el pago de intereses, entre otras alternativas. Dichas herramientas podrían haber servido como argumento razonable para imponer legalmente un acuerdo a las minorías disconformes.

Otro aspecto de la evaluación, explicó, es que “no permite la libre disponibilidad de dichas acciones o títulos de deuda para que sus tenedores obtengan liquidez inmediata en el mercado cambiario o en mercados secundarios, si así lo desean”.

Además, “no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo. Esto ya fue materia de requerimientos en fechas 23/11/2021 y 7/12/2021, constituyendo una discriminación negativa en el marco de un plan de empresa que fue solicitado por el juzgado y consentido por la concursada”.

“No organiza un mecanismo legal trazable para la emisión de acciones que serán luego entregadas al fideicomiso e indirectamente titularizadas por los acreedores concurrentes. De tal suerte, este aspecto esencial de la propuesta no está esclarecido, quedando en un terreno de incertidumbre que el proceso concursal no puede soslayar”, añadió el veredicto firmado por el magistrado.

La resolución del juez no sólo es apelable, sino que hay un período de 10 días para que se presenten los eventuales interesados en el nuevo proceso. Estos deberán adquirir los pliegos que elaborará la sindicatura en cinco días pagando US$100.000. Luego se establecerá un período para el que los interesados hagan una propuesta. Como dato para tener en cuenta, uno de los interesados puede ser el propio actual accionista.

En este marco, fuentes del mercado estimaron que es “improbable que los interesados estratégicos (ACA, Bunge y Viterra) se retiren” de la propuesta de quedarse con Vicentin. “Se va a conocer si los acreedores que fueron hostiles hacen alguna propuesta y en su caso la valía de la misma”, indicó una fuente. Agregó: “En la Argentina no hay antecedente alguno de un cramdown de semejante complejidad ni magnitud”.

En noviembre de 2021, un grupo de 70 empresas que entregaron granos a la cerealera impulsaron la idea de un cramdown de la empresa. “La quiebra y/o el desguace o un plan de pagos como el planteado, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas”, indicaron los acreedores en ese momento. Según pudo saber este medio, un grupo de esos acreedores y otros actores relevantes, cuyo uno de los protagonistas es la firma Grassi SA, va a mantener la presentación por el cramdown.

El abogado Gustavo Feldman, patrocinante de Commodities SA, en conflicto con Vicentin, consideró que la determinación del juez de rechazar la propuesta de la empresa agroindustrial marca un hito. “Afortunadamente, para los trabajadores de Vicentin, los acreedores estafados y, en general, para la entretela socioeconómica santafecina y argentina, el juez Lorenzini no tuvo otra alternativa que rechazar la propuesta fraudulenta de Vicentin y abrir la etapa de cramdown”, sostuvo Feldman.

“La decisión del juez Lorenzini no solo representa un giro en el caso Vicentin, sino que también marca el inicio de una etapa crucial en la búsqueda de una solución equitativa para todas las partes involucradas. Pero aclaro que esto no borra nada de lo que dijimos e hicimos anteriormente sobre el juez de la causa, ya que todas las acciones emprendidas sobre la labor del magistrado siguen adelante. Pero no desconocemos que Lorenzini hizo lo único que debía y podía hacer”, remarcó Feldman en diálogo con LA NACION.

Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) también manifestó su apoyo a la decisión del juez Lorenzini. También destacó “la importancia de preservar las fuentes de trabajo, recuperar la presencia nacional en el comercio exterior de granos y obligar a la empresa a repatriar los 791 millones de dólares que se alega que Vicentin fugó del país”.

Vicentin, que venía operando con contratos a fasón para que otras firmas trabajen sus plantas, anunció una dura decisión a fin de agosto. Por seis meses, y debido a la falta de soja por la sequía, dos de sus plantas estarán paralizadas. Se trata de los establecimientos ubicados en Ricardone y Puerto Vicentin, cercanas al Gran Rosario.

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