Se trata de Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, quien rechazó una intromisión en la comercialización de granos en el elevador de Quequén
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La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de declaración en rechazo a lo que consideró una “intromisión del gobierno provincial en la comercialización de granos en el Puerto Quequén”.
En un comunicado, la legisladora se hizo eco al trascendido de que el gobierno de Axel Kicillof buscaría crear una suerte de “empresa provincial” dedicada a la comercialización de granos. Reflejó su preocupación por el vencimiento de la prórroga de la concesión de Terminal Quequén y la incierta situación para el sector. Asimismo, manifestó su rechazo ante la intención del gobierno provincial de interferir en la comercialización de granos.
La diputada fundamentó el proyecto en que es de carácter urgente para la provincia, “dado que se pretende incursionar en prácticas distorsivas y de deficiente fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país”. Se refirió a esto considerando que el 30 de noviembre de 2024 termina la prórroga de la concesión a Terminal Quequén SA.
“En este contexto, reina una incertidumbre total respecto del futuro de la cuestión, dado que no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales. Oportunamente, “Terminal Quequén advirtió sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, lo que incluso hace peligrar las fuentes de trabajo”, precisó.
Según manifestó, en declaraciones periodísticas, la presidente en ejercicio del Consorcio Puerto Quequén, Jimena López, aludió al gobernador Kicillof al decir: “Axel pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (...) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, a lo que agregó la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización.
Tras conocerse estos dichos, productores bonaerenses de 16 sociedades rurales, nucleadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtieron sobre la intención del gobernador de Kicillof de crear un ente similar a una junta provincial de granos.
Inseguridad jurídica
“Todo esto genera inseguridad jurídica para el sector, a la vez que se pretende realizar prácticas que distorsionan y alteran la cadena productiva. En este contexto económico nacional y provincial se pretende generar mayor gasto a las arcas de la provincia, volviendo a prácticas que solo interfieren en la cadena de valor. Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa”, puntualizó.
“Preocupa la falta de definiciones sobre un tema crucial para el sistema productivo de nuestra provincia y de esa zona en particular. Genera inseguridad jurídica, a la vez que se pretende realizar prácticas que distorsionan y alteran la cadena productiva”, afirmó Vaccarezza.
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