“Inaceptable”: renovada preocupación en el agro por un plan de Kicillof para controlar el 30% de la operatoria de un puerto
Pese a la prórroga por un año de la concesión a Terminal Quequén SA, hay dudas sobre cómo el gobierno bonaerense pondría en una próxima licitación el requisito de quedarse con ese porcentaje
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LA NACION Belkis Martínez
A finales de septiembre pasado, la presidenta del directorio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, que responde al gobernador Axel Kicillof, decidió prorrogar por un año la licitación para la concesión de la terminal cerealera. Pese a que la decisión brindó cierta tranquilidad en la exportación y los productores que utilizan su servicio, persiste la preocupación por la decisión de Kicillof de reservarse la posibilidad de tener el 30% de la operatoria de ese elevador. En el directorio esto lo consideran como “inaceptable”. Además, en los últimos días también se conoció una pretensión de la Municipalidad de Necochea de obtener parte de los fondos que se generen con la licitación.
Después de que López decidiera otorgar una nueva prórroga por un año a Terminal Quequén SA, para llevar adelante la licitación, se descomprimieron las tensiones tanto en los exportadores como las entidades rurales. Había temor a dejar de funcionar. En el medio surgieron reuniones “descontracturadas” para conocer el mecanismo a llevar adelante la licitación. Esto mientras la duda sobre lo que va a pasar con la idea del gobernador está rondando.
Los pasos a seguir son la definición de la prórroga por 12 meses, el armado de un pliego y la contratación de un estudio jurídico para que se lleve adelante de forma transparente en los términos adecuados. Si se entra en un periodo de negociaciones, según indicaron, estos tienen que ser entre el directorio y la presidencia [en este caso con López]. El problema es que la Junta Directiva tiene que decidir si va a “ceder ese 30%” que pide la provincia como “cupo”.
“Nadie está de acuerdo con el tema”, contó una fuente al tanto del conflicto. A esto se le suma la polémica por la “tasa solidaria” para recaudar US$4 millones extra del agro que busca sacar la Municipalidad de Necochea cobrando a cada camión que ingresa y sale de la terminal.
El directorio no está de acuerdo con estas exigencias. De hecho, cuando López tomó la decisión de prorrogar la licitación a la actual operadora, lo hizo haciendo uso de sus facultades como presidenta del directorio. La mesa está compuesta por dos representantes del sector gremial, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Coninagro, el Centro de Navegación, la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del puerto, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de la Municipalidad de Necochea.
El pliego tiene que quedar definido en abril próximo. Algunos dicen que debe estar “tan pronto como sea posible”, ya que se tiene que “vender” a los oferentes. Posteriormente se tiene que hacer una oferta formal para que analice el directorio. Esta instancia tiene que estar resuelta en septiembre de 2025.
El ruido sobre el 30% que quiere Kicillof no cesó, y se espera que la provincia tome una postura razonable sobre esta iniciativa para poder avanzar en la definición del pliego. Vale recordar que la polémica sobre el Puerto Quequén se generó luego de que López mencionara en una entrevista radial, hace un tiempo, que por pedido del gobernador Kicillof se expresaría en una nueva licitación que la provincia se reservaría la posibilidad de tener el 30% de la operatoria de esa terminal. “Axel pide tener una reserva del 30% de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, había dicho López.
Días después, en una entrevista con una radio local aclaró: “No es que ese 30% queda reservado para la gobernación y no se toca: tiene que ir subsumido un calendario anualizado de trabajo como el que tiene la terminal”. Esta pretensión del gobernador tendría que estar estipulada en el pliego y ser sujeto de aprobación.
Por otra parte, el intendente de Necochea, Arturo Rojas, dijo en un acto público que su representante dentro del directorio, Juan Carlos Peralta, va a pujar para que parte de los fondos que se generen producto de concesionar el elevador vayan a parar a la Municipalidad.
Todo este revuelo generó preocupación tanto en parte del directorio como en las entidades rurales. “Si ese punto queda fuera de discusión, probablemente se pueda avanzar rápidamente en el resto de los temas”, contaron las fuentes.
Desde la oficina de López aclararon a LA NACION que todavía no se llegó a “ese punto” de discusión sobre el 30% del cupo. No obstante, señalaron que en la próxima reunión de directorio, que se va a realizar la semana que viene, se va a tratar el cronograma de la licitación y luego empezaría el tratamiento del pliego donde se vería ese punto.
El argumento original de la provincia era tratar de quedarse con un cupo en la Terminal Quequén para ayudar a pequeños y medianos productores, pero no explicó de dónde partía la necesidad. Además, por más que tenga el cupo “necesita de un exportador” para ubicar esa mercadería en el exterior.
De acuerdo con las fuentes al tanto del tema, en el último tiempo se analizó el profesionalismo con que se trabaja en el Puerto de Bahía Blanca, donde cerca del 80% de sus cuadros son profesionales. En tanto, Quequén tiene alrededor del 20% del cuadro profesional, lo que apunta a repensar en una idea superadora para mejorar la próxima gestión. En otras palabras, se buscaría que el personal llegue por concurso y mérito, no por decisiones de “amiguismo”.
Por Belkis Martínez
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