Imputan a siete personas por un supuesto caso de contrabando de granos en Salta
Acusan a un productor y a seis camioneros por no demostrar el origen legal de 198 toneladas de soja y maíz en Tartagal
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En la provincia de Salta, puntualmente en la ciudad fronteriza de Tartagal, seis camioneros y un productor fueron imputados este viernes por trasladar una carga ilegal de 198 toneladas de soja y maíz. Se los acusa “por el delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la mercadería transportada”, según informó el Ministerio Público de la Nación (MPF). En esa línea, una fuente judicial con acceso al expediente confirmó a LA NACIÓN que durante estas horas se trabaja en el análisis de los teléfonos incautados a los implicados, para reconstruir los distintos eslabones de la cadena de contrabando.
El convoy fue interceptado en plena noche del 4 de febrero pasado, en el cruce de las rutas nacionales 81 y 34, por agentes federales de Gendarmería Nacional apostados en medio del monte, en un control de ruta llamado “Senda Hachada”, donde -solo durante los casi 15 meses de pandemia- se secuestraron cerca de cuarenta camiones y otros cuarenta acoplados. Por otro lado, el último procedimiento allí realizado condujo, en marzo, a la incautación de otros ocho camiones con cerca de 200 toneladas.
El contrabando de granos no es una problemática reciente. Sin embargo, las investigaciones se han profundizado notoriamente durante el año pasado, ya que las restricciones de circulación dejaban en evidencia el accionar ilegal de los contrabandistas en cercanías de las fronteras con Bolivia, destino final de las cargas. Así, los montos de dinero secuestrados, o la magnitud de las incautaciones, cristalizan la existencia de un complejo sistema de evasión impositiva, que incluye -entre otros delitos- la falsificación de documentos oficiales vinculados a la recaudación fiscal y la explotación agrícola.
Frente a la detección de diversas caravanas de contrabandistas en la frontera, sorprendentemente, fueron las investigaciones sobre los primeros casos -realizadas casi en soledad por dos oficiales de Gendarmería Nacional- la base desde la cual se disparó en los últimos meses una serie de operativos, capacitaciones y confección de manuales de procedimientos para evitar el contrabando de granos en las rutas nacionales. Todo este esquema, que no existía, se puso en funcionamiento recientemente, con la intervención no sólo de agentes en las rutas sino también de detectives especializados en delitos complejos, con el objetivo de interceptar los camiones con granos, según datos a los que accedió LA NACIÓN.
Sobre el operativo realizado el pasado 4 de febrero, por el que fueron imputados un productor agropecuario y los seis camioneros, el MPF informó que -tras el secuestro de la carga- ocurrió algo extraño. “Los camiones siempre quedan abandonados en la ruta”, dijo una fuente judicial para explicar lo sorprendente del caso. Sin embargo, aquel día, un hombre llamado Carlos Llanos se presentó en el control y dijo que él era el dueño de las 198 toneladas contrabandeadas.
Y, siempre según información del MPF, Llanos confirmó no sólo que esa carga era transportada ilegalmente, sino que él mismo tenía previsto un plan de sobornos para los distintos controles que debía atravesar. Esta declaración, y sus posibles implicancias, se encuentra actualmente -también- bajo investigación federal.
Al respecto, el informe del MPF detalló: “Los conductores reconocieron que transportaban la carga secuestrada, la cual había salido de la localidad de Las Lajitas, en el sur de Salta, y tenía como destino final la localidad boliviana de San José de Pocitos. Los choferes acusados, quienes eran oriundos de distintas provincias, entre ellas Santiago del Estero, Córdoba y Salta”. El valor estimado de los granos ronda los 10.268.350 millones de pesos.
En esa línea, otro informe del MPF, del pasado 23 de febrero, detalló: “La cantidad de granos secuestrados en lo que va del 2021 ascendió a 357 toneladas, de los cuales 150 son de maíz; al respecto, el fiscal general Eduardo José Villalba -titular de la Unidad Fiscal Salta- señaló que este tipo de hechos ya comenzaron a ser abordados de manera integral por todas las fiscalías del distrito, en razón de la frecuencia y modalidad de las maniobras”.
Los camiones del contrabando de granos van siempre hacia la frontera seca, entre las localidades de Hito Uno y Salvador Mazza. Allí los caminos son estrechos en los que apenas cabe un vehículo de gran porte; se trata de senderos que desprenden de las rutas principales, y escapan hacia los pasos no habilitados de los límites internacionales. Cuando los camiones ingresan en ellos, franqueados siempre por motociclistas o vehículos de seguridad que advierten sobre la presencia de patrullas, finalmente quedan resguardados por altísimas nubes de polvo que se levanta desde el suelo, tal como confirmó este diario durante una recorrida por la zona.
Al respecto, desde la Unidad Fiscal Salta del MPF, explicaron en un comunicado oficial: “Advertimos un incremento inusual en esta clase de hechos, lo que sucedía en particular en las jurisdicciones de las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, por lo que se comenzó a trabajar de manera integral en todo el Distrito y también con AFIP y la Dirección de Aduanas, organismos claves para nosotros, pues poseen datos que son necesarios para completar la investigación penal de los casos”.
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