“Ideólogo”: por qué Máximo Kirchner no firmó un proyecto de biocombustibles

CÓRDOBA.- Aunque hace casi un mes –cuando fracasó la sesión convocada por la oposición en Diputados para aprobar la prórroga del actual régimen de biocombustibles- circuló un proyecto de nueva ley que adjudicaban a Máximo Kirchner, en el que ingresó ayer a la Cámara no está su firma. “Es que no lo apoya”, ironizó ante LA NACION uno de los 14 legisladores kirchneristas que impulsan la nueva iniciativa; el otro diputado que respalda es del PRO de Tucumán. Que Máximo Kirchner no haya puesto su firma es parte del intento de generar menos “ruidos” y resistencia.

Es un proyecto “tapón”, según definió a este diario un integrante de la Liga de Provincias Productoras de Biocombustibles. La iniciativa presentada por el oficialismo reduce a 5% la mezcla obligatoria del biodiésel en el gasoil, desde el 10% actual, y mantiene en 12% la de bioetanol en la nafta.

Que el documento no lleve la firma de Máximo Kirchner no convence a ninguno de los actores del sector que descuentan que es el ideólogo y que siguen convencidos de que detrás hay “lobby petrolero” que es lo que explica que se abandone el fomento a los biocombustibles impulsado por el propio kirchnerismo en 2006 (cuando se aprobó el actual régimen que vence el 12 de mayo) y que fue prorrogado por el Senado a fines del 2020.

La propuesta, que podría ser analizada en comisión el próximo lunes incluye puntos en los que el kirchnerismo viene insistiendo en materia económica, como que el aumento de las cotizaciones internacionales afecta los precios internos. En este caso, el argumento es que los biocombustibles hechos en base a maíz y soja impactan en los surtidores. Ese es el segmento al que el proyecto desfavorece. La mayor parte de las plantas productoras a base de maíz están en Córdoba y Santa Fe.

El artículo 12 establece que las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar, una condición no prevista para el de maíz, “superar el porcentaje de corte en función de las particularidades técnicas” de sus plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, “hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímico del producto final”.

Entre los firmantes están los diputados cordobeses del Frente de Todos Eduardo Fernández, Gabriela Esteche y Pablo Carro. Por Santa Fe aparece Marcos Cleri (integrante de La Cámpora), quien aparece con un perfil alto. Incluso horas antes del ingreso del texto a la Cámara se lo mencionaba como el autor.

Tanto Cleri como el cordobés Fernández insisten en que la iniciativa es “integral”, que fue concretada después de “mucho diálogo para buscar consenso” y que garantiza “más seguridad jurídica” que la ley en vigencia. De aprobarse, regiría hasta el 2030 con la posibilidad de una prórroga, por única vez, del Ejecutivo, por cinco años.

Máximo Kirchner -dicen desde su bancada- podría sumar su firma en las próximas horas. “No cambia nada, porque lo avala totalmente”, desliza uno quien prefiere no abundar en la estrategia de que no fuera el protagonista.

Trato diferenciado

Los primeros cálculos indican que el Frente de Todos tendría los votos necesarios para sacar la ley. Con el trato diferencial para el etanol de caña de azúcar se garantizan el acompañamiento de los legisladores del norte. Los cuatro diputado del peronismo cordobés, encabezados por Carlos Gutiérrez, que vienen peleando por la prórroga aseguran que harán “lo que mejor resulte para la defensa del sector productivo”. Por las asimetrías negativas para el maíz no apoyarían.

Al ser cámara de origen Diputados, se convierte en la que –en caso de necesidad- tiene la última palabra. En el Senado el proyecto pondrá en aprietos a dos senadores oficialistas muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner que provienen de Córdoba y Santa Fe: Carlos Caserio y María de los Ángeles Sacnun. Ella fue la autora de la prórroga del actual régimen aprobada por unanimidad en noviembre por el Senado.

Caserio, por su lado, hizo gestiones el mes pasado ante el presidente Alberto Fernández para plantearle la “preocupación” por la demora de Diputados en tratar esa ley. “El Presidente manifestó su voluntad de avanzar en diálogo abierto, con los diferentes actores, para acercar posiciones y generar soluciones”, dijo después desde su cuenta de Twitter.

El cordobés Fernández indicó a LA NACION que, en comisión, podría haber algunos ajustes a la iniciativa pero que él está “contento” en lo personal de “haber mantenido la palabra” que le dio a los productores de que se trabajaría en beneficio del sector.

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