Horacio Rodríguez Larreta se refirió al caso de una pyme bloqueada y dijo qué hará si es presidente
“Voy a terminar con la industria del juicio laboral”, expresó luego que un juez obligara a Lácteos Vidal a pagar 290.000 pesos por día por 29 trabajadores despedidos en medio de un conflicto
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En el contexto del caso de Lácteos Vidal, la pyme láctea a la que un juez obligó a su dueña a reincorporar a 29 trabajadores despedidos tras un bloqueo en la planta de Moctezuma, en Carlos Casares, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció sobre el tema y aseguró que va a “terminar con la industria del juicio laboral”.
En Twitter, Larreta dijo que desde el 10 de diciembre va a trabajar, si es presidente, para modificar una ley. “Voy a terminar con la industria del juicio laboral”, tituló el tuit el jefe de Gobierno porteño. “Desde el 10 de diciembre voy a trabajar para modificar esta Ley de Multas absurda que solo frena a los que producen y dan trabajo. Tenemos que construir un sistema laboral más justo, previsible y equilibrado para todos. Basta de mafias y de aprietes sindicales. Esa Argentina ya no va más”, apuntó.
El juez José Ignacio Ramonet, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, le impuso una sanción a Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, que va en torno a los 10.000 pesos por día por cada trabajador despedido, por los días en que se demore la empresa en reincorporar a los trabajadores.
En rigor, la empresaria tendría que pagar desde el 18 de mayo pasado, cuando la Justicia resolvió aplicar las sanciones, $290.000 por día. “Si dejan firme el pago de las astreintes sería una injusticia muy grave para Lácteos Vidal, porque es abstracta, atemporal y dejarla firme sería un error grave, grosero y evidente. La Cámara N°9 y el Juzgado N°69 estarían cometiendo un error grosero y evidente”, puntualizó la empresaria.
Originalmente, el Juzgado, a cargo de Ramonet, había dictado la medida cautelar de eximir de prestar servicios a los 29 empleados. Posteriormente, ese mismo juez la dejó sin efecto. Tras la apelación de Atilra, la Cámara N°9 ordenó la ejecución original de la medida cautelar “sin argumentos”, según advirtió la empresaria semanas atrás.
Juan Beluardo, uno de los abogados que patrocina a la pyme láctea en este caso, indicó que la Justicia “no puede obligar a hacer algo que forma parte de la libertad jurídica”.
“En el régimen jurídico argentino, la estabilidad de los empleados se llama impropia, a diferencia de lo que sucede en la administración pública, que tiene una estabilidad propia: para despedir a un empleado en la administración pública tenés que hacer un sumario. Lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es que tenés el derecho a ser protegido contra un despido arbitrario, pero eso está compensado con la indemnización”, explicó el abogado.
Recordó, además, que se apeló la resolución de las astreintes ante la Cámara N°9, donde posteriormente se dispuso que estas sanciones “estaban bien fijadas”, por lo que contó que ahora van a ir con un recurso en queja hasta la Corte. “Lo vamos a seguir hasta las últimas instancias, esto todavía no ha quedado firme. Hasta que no quede firme, la aplicación de las astreintes como medida cautelar son un disparate”, adviritó.
Las astreintes, dijo, “son una orden judicial que ordena contratar a una persona que no querés tener contratada”. Y siguió: “La Constitución jamás permitiría que eso pase y cuando hacés valer tus derechos constitucionales para pagar la indemnización o lo que fuera resolverlo, pero no podés traer a todos masivamente y que un tiempo después a que vengan se reinstalen a trabajar, porque no tienen ni trabajo ni van a trabajar. ¿Qué hago? En realidad es una intromisión completamente indebida en el propio sistema jurídico argentino”, puntualizó.
Vale recordar que en el medio hay una causa penal en curso por lo sucedido en Moctezuma. “Suponiendo que sea un despido discriminatorio, podrás pedir hasta algún daño adicional para la indemnización de daños y perjuicios si es que querés, pero la reinstalación y menos como medida cautelar, etcétera, es algo que no debería existir para este tipo de casos. Esto modifica todo el tratamiento jurídico, de un esquema constitucional en cuanto a que el empleador es quien tiene el poder de organización y de dirección de la empresa. Por otro lado, existe la propiedad privada, de otra forma, con la reinstalación no podrías jamás y menos por una cautelar que apliquen astreintes, ordenarte contratar a personas que no querés tener, porque jamás la Constitución lo permitiría”, agregó.
LA NACION
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