Un informe de la entidad alertó sobre una alta mortandad de hacienda, caída en el peso de venta de los animales y millonarias inversiones que se desaprovecharon
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La feroz sequía generó pérdidas en el sector ganadero por US$3000 millones y aún continúa. Una mortandad que se elevó a un 46%; unos 20 kilos menos de peso por animal en terneros vendidos; una caída del peso de faena de 10 kilos por animal; una liquidación forzada de 500.000 vacas por parte de los productores y una merma de entre 1,3 y 1,6 millones de terneros disponibles para 2024 por preñez, pérdidas de 38% del área implantada con forraje perenne y anuales (este último similar a pérdidas agrícolas), fueron las consecuencias de la despiadada seca en el país.
En un duro informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se determinó que “durante los últimos 10 meses el 55% del territorio argentino estuvo alcanzado por el déficit hídrico y febrero fue el mes más afectado; un fenómeno climático que continúa hasta estos días”.
En detalle, el documento mostró que la pérdida por mortandad fue por unos US$345 millones, por menos terneros se estimó en US$695 millones, por menos kilos producidos unos US$226 millones, en la venta forzada de vacas fue de US$61 millones, en la caída de preñez unos US$663 millones y por pérdidas de inversión por verdeos alrededor de US$930 millones.
Con este escenario, el coordinador de la Comisión de Carnes de la SRA, Carlos Odriozola, expresó: “Los productores atravesamos la peor sequía de los últimos 70 años en un contexto macroeconómico altamente inestable y como si estuviéramos en un año normal”. Y agregó: “Forzosamente vendimos mal y con precios retrasados, encarando esta nueva zafra sin capital de trabajo”.
El documento reflejó que “el 73% del stock bovino se ubica en las provincias productivas en donde más afectó la sequía: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes”. Según el estudio del IEE, “el promedio de afectación durante estos 10 meses fue del 32%, con picos del 45% y actualmente el 18% de los animales permanecen en este estado”.
Qué pasó con la faena
Otro de los eslabones de la cadena cárnica, la faena de la hacienda, señaló el informe, aumentó entre enero y julio de 2023 un 13,6%. “Con 8,5 millones de cabezas faenadas, es el registro más alto de los últimos 13 años, la segunda mayor faena del siglo XXI, por detrás de 2009 donde también hubo una fuerte sequía”.
“En cuanto a la faena cayó el peso medio y aumentaron las hembras. De cara al futuro, se dará una caída de los terneros disponibles para 2024 por preñez (entre 1,3 y 1,6 millones menos)”, aseguraron en la SRA.
Para la entidad, la situación que atraviesa la producción ganadera es muy complicada con un consumo caído y flat (ingreso real -20%), con un negocio de la exportación con entre un 25% y 30% menos de precio que hace un año, con el impacto de la gripe aviar que volcó más carne en el mercado local y donde actualmente persiste una gran incertidumbre que está replanteando las decisiones de los productores.
Como contrapartida, según la entidad las malas políticas públicas del Gobierno siguen: “Atraso cambiario, derechos de exportación, prohibición de vender al extrior siete cortes, cupificación de exportaciones, precios máximos de esos siete cortes (falda, asado, tapa asado, paleta, matambre, vacío y nalga) y participación obligatoria de volumen a precio máximos vs. quita de DJVE”.
Por último, la entidad reflexionó: “Las políticas públicas pueden transformar una sequía en un desastre. En muchos países, cuentan con instituciones que resguardan la propiedad privada y el funcionamiento de los mercados, esto les permite contar con los recursos y reservas propias, para afrontar una sequía, disponer de tecnología para mitigar la sequía, inversiones en infraestructura y desarrollo de mecanismos para transferir riesgos”.
“En cambio, en la Argentina, las políticas deterioran el ingreso de los productores, interviniendo los mercados, con bajas reservas propias, baja disponibilidad de nuevas tecnologías, se postergan las obras en infraestructura y no hay posibilidad de desarrollar mecanismos de transferencia de riesgos. Se debería llevar a repensar la percepción que se tiene respecto de la función del campo en la vida de los argentinos y las políticas públicas que se aplican”, remarcó.
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