Hay movilizaciones en todo el país en rechazo al plan del Gobierno para el INTA

La Asociación de Profesionales del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevan adelante una manifestación frente a la sede central del INTA en la calle Rivadavia 1439 en rechazo por el plan de “modernización” que busca el Gobierno. Mientras tanto, en el interior del organismo se realiza una reunión del Consejo Directivo, donde confluyen el sector público y el privado con las entidades del agro, para tratar la iniciativa que incluiría la venta de propiedades, el análisis sobre tierras subutilizadas y el personal. Las protestas se replicaron desde muy temprano en lugares del organismo en Salta, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Bariloche y Pergamino, provincia de Buenos Aires.

“Estamos esperando la decisión. El Consejo Directivo ya está sesionando y estamos esperando a ver cómo se vota”, dijo Julieta Boedo, delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA. Horas antes de llevarse adelante la reunión trascendió una advertencia de parte del Gobierno contra el Consejo Directivo de que “si no aprueban” el plan ese ámbito podría ser “intervenido”. A este medio dijeron que no estarían los votos suficientes para la aprobación.

Son varios los puntos que están en la mira del Gobierno, según pudo saber LA NACION, como el uso político del organismo, el potenciamiento del capital humano y los proyectos de inversión para aumentar la participación privada. También los temas de “sistemas y comunicación, planificación y gestión legal” del organismo. Además de las “comisiones de auditoría interna y sumarios”.

El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos está un veterinario [Carlos Alberto Vera], su presidente [Nicolás Bronzovich] y la vicepresidenta [María Beatriz “Pilu” Giraudo].

Respecto de la situación de las tierras, hay un conflicto por un terreno del INTA en la provincia de Salta que tiene que tener el aval del Consejo. Se trata de 41 hectáreas cedidas a esa provincia para la construcción de viviendas. La idea que tienen en el gobierno es encontrar un esquema ideal donde “prime la razón y desaparezca la militancia política”. En cuanto al edificio que se venderá del INTA en el barrio porteño de Palermo, que tendrá un precio base de US$6.378.968, los fondos se utilizarían en inversiones de proyectos de investigación. Dentro del edificio, que será subastado el 23 de diciembre, trabajan 140 personas, que serán reubicadas a otras oficinas. Los empleados se trasladarían a oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía.

El Gobierno, junto con el Consejo Directivo, analizarán el destino de 71.000 hectáreas de tierras. Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, se conoció que el INTA tiene 116.000 hectáreas de tierras y de estas solo se usan 45.000 para experimentaciones con fines comerciales y productivos. Por tanto, hay 71.000 hectáreas que quedarán bajo la lupa, aunque todavía no hay nada definido. Hasta ahora, las decisiones sobre la puesta en venta de tierras no están tomadas y en caso de hacerse lo harán con la aprobación del Consejo.

Un punto que hace ruido en el Gobierno es que el 90% de los US$250 millones que se asignan todos los años por ley a través del presupuesto nacional se usan para pagar sueldos. Menos del 10% del presupuesto es cubierto por las prestaciones que el organismo hace con los privados, como servicios o análisis de laboratorio. El organismo trabaja con convenios de regalías para desarrollar genética y con un privado se comercializa de manera conjunta, pero esto solo ocupa menos del 10% del presupuesto. La idea del gobierno es que la participación privada, que hoy es del 10%, pase a ser de un 30% para 2027, que se estimaría en US$75 millones más. Esto sería a través de investigaciones tecnológicas. En el Gobierno espera que todas las entidades agropecuarias den el consenso de que el camino es incrementar la participación público-privada.

Entre 2013 y 2015, con Cristina Kirchner el INTA pasó de 3400 a 7500 empleados; la planta aumentó más de un 100%. Hoy tiene 6852. Esto, en los interiores del Gobierno lo ven como un uso político que habría alejado a la entidad del sentido de existencia y su creación. Adorni en su conferencia de prensa señaló que el INTA “es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior” con temas como “las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.

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