“Hay consultas”: entusiasmo por millonarias posibles inversiones en el sector forestoindustrial con el RIGI
Luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, en la actividad explicaron a este medio que hay interés en el exterior para instalar plantas de celulosa en la Argentina
PARA LA NACION
CÓRDOBA.- El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases -se mantendrían en Diputados los cambios introducidos por el Senado- alcanza a la forestoindustria además de la infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Mantiene los US$200 millones como base de la inversión. Desde la Asociación Forestal Argentina consideran “positiva” la norma y aseguran que hay interés en el exterior para instalar plantas de celulosa en la Argentina.
En los últimos 20 años, período en el que se industrializó el sector forestal, los vecinos de la Argentina -Chile, Brasil, Uruguay- recibieron inversiones por unos US$30.000 millones. “Acá nada”, sintetiza Arturo Sandoval, vicepresidente de la Asociación Forestal Argentina. En diálogo con LA NACION subraya “la importancia de generar condiciones pro inversión”.
En el país hay 1,2 millones de hectáreas plantadas para la industria forestal concentradas en la zona mesopotámica; por supuesto, no incluye el bosque autóctono. Las fábricas de celulosa, señala Sandoval, le dan “valor a la madera; se planta más, traccionan otros negocios que hoy no están porque compran lo que los aserraderos no demandan, le da más rentabilidad al sector, generan una cadena virtuosa”.
Desde la asociación indican que hay que sumar al RIGI la derogación de la ley de tierras que se aprobó en 2011 para frenar la extranjerización de tierras. El punto está incluido en el DNU que el 21 de diciembre el presidente Javier Milei anunció, el que fue rechazado por el Senado, pero no tratado por Diputados.
“Los inversores necesitan contar con plantaciones propias -dice Sandoval-, es una condición para hacer inversiones muy fuertes como las que requieren las plantas de celulosa”. Las dos grandes del sector en la Argentina, CMPC y Arauco, “se atrevieron a plantar pero no a levantar industrias porque cuentan con mejores opciones” en otros países.
Añade que el RIGI da “cierta estabilidad, gana tiempo. Hay interés concreto; hemos recibido consultas lo que no había pasado antes” para inversiones en plantas. Ratifica que la Argentina cuenta con iguales y hasta mejores condiciones naturales y de mano de obra que los países vecinos, pero “no genera la misma confianza en el resto del mundo; no tratamos bien al inversor extranjero”.
Una planta de celulosa como las instaladas en Brasil implican inversiones de entre US$3000 y US$3500 millones, aunque una “igual de moderna; eficiente en el consumo de agua, de energía” para la escala argentina podría estar en los US$1000 millones.
Entre las modificaciones que introdujo el Senado al RIGI fue declarar “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al esquema. También incluyó el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión; sumó que el 20% de los servicios y bienes comprados deben ser de proveedores locales si son competitivos.
También se modificaron los plazos para el cobro de exportaciones: se podrá recaudar el 20% luego de dos años de iniciada la inversión; el 40% después de tres años -el texto anterior estipulaba que era después de dos años-; y el 100% a partir de los cuatro años -el texto anterior indicaba que se podía hacer después de tres años-.
Conflicto
Hay que recordar que en 2003 la instalación de la papelera UTM (antes Botnia) en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a Entre Ríos, causó el mayor conflicto diplomático entre los dos países. La inversión fue de US$1800 millones. La Argentina consideró que la fábrica contaminaba en su territorio y el caso terminó en el Tribunal de La Haya que dictaminó que no había evidencia suficiente que comprobara que el establecimiento contamina el río Uruguay.
En 2010 la Argentina y Uruguay cerraron un acuerdo técnico para compartir los controles sobre la fábrica y supervisar en conjunto su impacto sobre las aguas del río Uruguay, en la zona de influencia de la papelera.
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