Harina de trigo: una propuesta del sector molinero apunta a recuperar US$200 millones de la evasión

Uno de los principales objetivos del Gobierno es terminar con la evasión fiscal y la marginalidad en las diferentes cadenas de la economía. Solo en los eslabones de la producción de harina de trigo se estima que se muelen un millón de toneladas de trigo en negro y, por ese valor, el Estado deja de recaudar alrededor de US$200 millones por año. Por esta situación, representantes de las principales industriales del sector vienen reuniéndose con autoridades del Gobierno para buscar una solución con mejores controles. Las pymes, que también han mantenido contactos con el Gobierno, están de acuerdo en que esto se realice, pero creen que solo se eleva las exigencias y está pensado para “beneficiar” a las grandes empresas de la actividad.

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, contó que hay una línea de trabajo para el fortalecimiento de los controles, la eliminación de trámites burocráticos para evitar la evasión y la marginalidad a lo largo de los eslabones del negocio. Esto se ha planteado, por ejemplo, a autoridades de la Secretaría de Agricultura. “Hemos presentado al Gobierno modelos de trabajo para recuperar lo que se pierde, que son casi 200 millones de dólares que se van a lo largo de la cadena”, explicó. “Llevamos un trabajo pormenorizado a las autoridades para ir en la búsqueda de este monto en un Gobierno que necesita mayores ingresos”, agregó.

Luego remarcó: “Sugerimos lo que había que mejorar y ellos están actuando en consecuencia. Lo mismo que AFIP, que, si bien tiene remito electrónico, se pueden mejorar y optimizar los controles que muchas veces no tienen demasiada importancia. La idea es que absolutamente todos cumplan con las normas de optimización y control”.

Según dijo, el objetivo es que las normas de comercialización a implementar sean ágiles, flexibles, no burocráticas, y se cumplan. “Si la regla es evadir para competir, no corresponde. Dentro de las normas de comercialización cada uno será competitivo en función de lo que cree que son sus fortalezas empresarias. La comisión directiva de FAIM han enarbolado hace más de 15 años que el flagelo de la informalidad era el enemigo número uno del sector y que no dejaba crecer a las pymes. Obviamente, después, hay pymes que son evasoras y es contra eso que nosotros combatimos. Las pymes formales son las que están detrás de nuestro proyecto y piden a gritos quitar esto”, contó.

FAIM representa el 84% de la harina del mercado y allí dicen que buscan robustecer “los controles” para todos por igual. “Hay un montón de dinero que tiene que volver a las arcas del Estado. Estamos planteando una mejora en la competitividad y sabiendo la complejidad del momento, que se aplique el sistema de incrementalidad de la molinería. Este sector puede exportar tres veces lo que exporta sin retenciones, nos tienen que sacar a partir de la primera tonelada que supere el promedio de los últimos años. Es altamente medible. La molinería no tiene que hacer nada, es el Estado el que tiene que aplicar lo que está vigente. No hay pedidos nuevos a las empresas para hacer determinadas cosas”, aclaró. La capacidad ociosa de la industria, que busca también exportar más, es cerca del 50%.

Desde el comienzo de la gestión actual, representantes de la FAIM se han venido reuniendo con funcionarios de Agricultura, el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), la Subsecretaría de Mercados y AFIP para comenzar a desregular y desburocratizar a la cadena con controles y fiscalizaciones.

A la par lo han hecho los representantes de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina, (Apymimra) para exponer sus problemas y el “abuso de posición dominante”. Según dijeron, desde febrero último las pymes vienen trabajando en la mejora de los controles que atañen a la Dirección General de Control Comercial Agropecuario (DGCCA). La última reunión fue el 19 del actual, cuya idea es entender el funcionamiento, control y el grado de complejidad que atraviesa la molinería. “Lo que buscan es transparentar todo el sistema, agregar valor y que esto funcione”, precisó Oscar Marino, presidente de Apymimra.

Más allá de que molinos grandes y más chicos buscan querer transparentar la actividad, hay un enfrentamiento que viene desde el origen del exFondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que había desarrollado el gobierno anterior para subsidiar la harina que llega a las panaderías. Para las pymes, el mecanismo las dejaba fuera de competencia por la rigurosidad de las condiciones de aplicabilidad. Según los pequeños empresarios, se gestó una suerte de rotura del mercado y comenzaron a aparecer multas contra los molinos que presentaban inconsistencias en el cierre de los números. Los molinos harineros tienen un controlador electrónico que se formalizó en 2016, una suerte de caja negra, que mide la molienda.

“Nosotros estamos dialogando y pidiendo que las reglas sean claras, precisas y haya simplificación”, acotó Marino. La industria ha mantenido reuniones técnicas para que el controlador electrónico que está bajo la órbita de la DGCCA funcione de forma adecuada y transparente.

Agregó: “Ha sido siempre un caballito de batalla acusar a las pymes de ser los que venden [de manera] informal. Deberían investigar el trabajo de empresas grandes afiliadas a FAIM. De ninguna manera nosotros estamos a favor de la informalidad en ningún momento. Cuando se cambió a este nuevo sistema de controlador trabajamos con la gente que estaba de la gestión anterior, en la exONCA, trabajamos mucho para lograr esto. Hay que desmitificar esa calumnia que los molinos chicos son los que hacen el trabajo en negro. La economía argentina tiene un alto grado de informalidad debido a las mismas posibilidades o imposibilidades de algunos que, por ahí, entendería que tienen que acudir a ese sistema para sobrevivir, y otros que lo hacen porque es su forma de trabajar, pero acusar así es grave y no es real”, descargó.

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