“Desesperado por plata”: revuelo en un municipio que aumentó más de 1000% un “pésimo” servicio
En Victoria, Entre Ríos, el Concejo Deliberante modificó una ordenanza que incrementó el pago por la utilización de los bretes y corrales ubicados en la costa del río Paraná para la carga y desembarque de la hacienda
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LA NACIONMariana Reinke
“Otro golpe de muerte a la ganadería”. Un fuerte malestar y preocupación se generó entre los productores isleños por una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Victoria, Entre Ríos, que incrementa una tasa por la utilización de los bretes y corrales ubicados en la costa del río Paraná para la carga y desembarque de la hacienda. Según denunciaron, subió hasta más del 1000%.
Inmediatamente conocida la modificación, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural de Victoria (SRV), y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) manifestaron que la ordenanza en cuestión “más que definir un aumento de tasa, termina siendo un impuesto encubierto porque para ajustarse al término tasa, el mismo debiera estar acompañado de una contraprestación, hecho que fácticamente no sucede”.
“No se condicen con la prestación brindada y somete a la actividad ganadera a una mayor carga fiscal que se suma a una pesada mochila de tasas e impuestos preexistentes y solo intenta oxigenar las flacas arcas municipales, producto de malas administraciones donde la política no ha realizado ningún gesto de austeridad”, enfatizaron.
En detalle, en los considerandos de la normativa modificada se señala que, tras “un exhaustivo análisis, surge la necesidad de actualizar los parámetros por los cuales el municipio obtiene recursos para afrontar el mejoramiento de los servicios y el mantenimiento de las instalaciones destinadas a bretes y corrales”.
Además, dice que la tasa antes cobrada “resulta exigua si se tiene en cuenta el valor agregado por el humedal a los animales y el valor final de mercado, considerando que la mayoría de las islas se encuentran inscriptas para exportar a la Unión Europea”.
Vale recordar que una tasa se cobra cuando el Estado que la recauda realiza una contraprestación y nada tiene que ver con lo que hacen los productores con su hacienda luego de ser engordada en las islas. Por otra parte, el tema del valor agregado de las tierras de las islas no es competencia ni atributo de las arcas del municipio, según remarcaron.
Fue así que, con mayoría en el recinto, días atrás los concejales oficialistas que tienen mayoría (se opusieron los concejales de LLA y de Juntos por el Cambio) determinaron que los productores deberán pagar ahora entre dos y cuatro kilos equivalente al precio de novillo de 431/460 kilos, dependiendo de las categorías de animales que entren o salgan de las islas.
Para esto se creó en el ámbito municipal el “registro de Productores Ganaderos, en el que deberán estar inscriptos con carácter obligatorio toda persona física o jurídica, mediante Declaración Jurada, que posea animales en la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas Victoria, debiendo ratificarse todos los años el número de animales, durante marzo y abril, con una clara ubicación y según las exigencias que para el caso de un área natural protegida, sea contemplada por la autoridad de aplicación”.
Según el municipio, “el 30% de los fondos recaudados será destinados al Programa de Becas Estudiantiles Primarias, otro 30% a gastos operativos y de infraestructura para el mantenimiento de bretes y corrales y el 40% restante a rentas generales”.
“Nos tomó por sorpresa. Van a pasar a cobrar una cantidad de dinero realmente ridícula para entrar y salir de la isla. Y, tratando de justificar ese aumento, dijeron que nuestra hacienda que se engorda en la isla va para la UE. Ellos deberían cobrar por el servicio que brindan que hoy es nulo: los corrales están inundados y los bretes en pésimo estado. Si uno estima el costo de un viaje en barco es de alrededor 1,2 millones por tramo y si se hace 3 kg por 120 novillos da $600.000 para un viaje, un 50% más y del 100% aproximadamente sumando la salida”, remarcó a LA NACION Leonardo Scarparo, presidente de la Comunidad Islera Asociación Civil.
“Uno viene llevando la actividad adelante, calculando costos y los precios están en equilibrio, pero ahora le meten un aumento de ese tipo y se derrumba todo. Aparte, hay un componente ideológico porque cuando hablan en la normativa de que ‘considerando que el valor agregado que los humedales le dan a la vaca’, están hablando de una propiedad privada que tiene costos, inversión y sobre todo riesgos porque, ¿qué pasa cuando me tengo que ir de la isla con los animales porque viene una inundación?, ¿quién se hace cargo”, reflexionó.
Según comentó, con anterioridad a la normativa ahora vigente por cada animal pagaban unos $330, sumado a que el estado de los corrales municipales es deplorable. “Fuimos nosotros los que hemos hecho los corrales y los bretes para nuestros animales porque los del municipio estaban siempre y continúan desastrosos. Aparte, con horarios municipales, es no conocer la dinámica del campo, por ejemplo si se retrasó un camión para cargar y se hizo de noche, lo tengo que hacer al horario que puedo. No podés dejar los animales toda la noche hasta el otro día por los horarios del municipio por el bienestar de los animales. Esto es una intención recaudatoria sin límites”, detalló.
Para Enzo Mariani, productor isleño, “el municipio de Victoria está desesperado por plata porque le cortaron el chorro [de fondos] de la provincia y busca sacarle al campo”.
“No tienen plata para financiar la gente que pusieron en el municipio. Encina nosotros al no tener corrales fuimos los que hicimos las obras ahí, pidiendo permiso a Vialidad. La contraprestación es mínima y las instalaciones son pésimas. Es un costo alto por la prestación que brindan”, añadió.
En este escenario, Scarparo dijo que están analizando con abogados ir a la Justicia, “Es una cachetada atrás de la otra en contra de la producción. Al plan de manejo ganadero de la isla, ahora ponen esta tasa exorbitante, buscando erradicar la ganadería de la isla también. Estamos analizando con abogados para ir a la Justicia. No podemos quedarnos quietos porque si no nos pasan por arriba los políticos”, finalizó.
Por Mariana Reinke
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